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En una resolución histórica, la Sala de lo Constitucional resolvió admitir un recurso contra el decreto de la Asamblea Legislativa en el cual autorizaba al ministro de Hacienda y al presidente del BCR, para emitir  $900 millones en bonos, para ser utilizados en determinados gastos de la hacienda pública.

Como medida complementaria, la Sala dispuso que se suspendía la vigencia del decreto legislativo que daba vida a la efectividad del decreto. Todo este escándalo obedece a que existen disposiciones constitucionales que, quiérase o no, les guste o no, se deben respetar por los ciudadanos. El art. 143 de la CONSTITUCIÓN Literalmente reza: “Art. 143, Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses seis meses”.

La realidad de lo ocurrido la quiere verificar la Sala Constitucional, porque de las noticias en los medios, aparentemente ya se tiene el conocimiento de la forma como se dieron los hechos. Parece ser, que debido al monto y la naturaleza del decreto, éste necesitaba para su aprobación, los dos tercios de los votos del pleno, es decir, 56 votos. En el caso comentado, la Asamblea estaba instalada y creía tener los 56 votos necesarios para aprobar el decreto. Sin embargo, para sorpresa de muchos, al momento de someter el proyecto de decreto y contar los votos, resultaron que el número de los afirmativos, llegó solamente a 55 votos, es decir, que faltaba uno. Era el voto de la diputada Sandra Salgado del partido GANA, quien simplemente no votó a favor.  Así las cosas, debe entenderse que  en ese momento se cumplió con lo previsto por el art. 143 citado.

Sin embargo, la Asamblea, tratando de buscar una salida, recurrió a un ardid, que según los diputados salvaría la situación. Éste consistía en sacar a la diputada Salgado del pleno, y llamar a un diputado suplente, que concurrió con su voto a dar el voto 56 que faltaba. Después de eso, han venido discusiones y argumentos, como que el diputado suplente no era el suplente de la diputada Salgado, y por lo tanto la votación era nula. También hemos oído como argumento que en la doctrina existe un razonamiento de que cuando existe dualidad entre lo legal y lo justo, debe escogerse lo justo.

Lo cierto es que en el mundo real al que pertenecemos los humanos, siempre existirán diferentes criterios, los cuales se acoplan a los distintos intereses de los diferentes interesados. PERO OJO, con este tipo de situaciones se puede crear un precedente funesto de encontrar la formula para entrar en un proceso violatorio de la Constitución. En el caso presente no podemos exponernos a que la interpretación la haga cualquiera.

Debemos recordar que el Art 183 de la Constitución concede en forma exclusiva a la Sala de lo Constitucional la facultad de interpretar la legislación constitucional. Es importante considerar que en el momento de aprobar el decreto, hubo ciudadanos que hicieron ver lo incorrecto del procedimiento, y a la par, el riesgo de que se corría de que sucediera lo que precisamente está ocurriendo.

También aceptamos que muchas veces la capacidad y conocimiento de los diputados, no está garantizada por ley, ya que en la teoría del Estado, es preferible que el diputado pertenezca a la cultura del pueblo, que a una elite perteneciente a una clase cultural alejada de los problemas del diario vivir, y precisamente para eso se ha concebido la idea de que existan los cuestionados asesores, quienes serán especialistas en las materias  que en ese foro se tratan.

La conclusión de todo esto, es que la Sala de lo Constitucional, actuando con buen criterio, ha dado paso al recurso admitiéndolo, para estudiarlo  con diligencia y esmero, y después emitir el fallo, en donde se resolverá definitivamente. Nos imaginamos que la admisión del recurso provocará en los afectados la acostumbrada reacción contra la Sala. La ley es la ley, y mal haría la Sala en abrir la puerta al fraude de ley e institucionalizarlo.

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