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Editorial & Opinion

390 años de cárcel, una condena justa

Jaime Ulises Marinero / Periodista

martes 30, mayo 2017 - 12:00 am

Sentados en una sala del centro penal de San Francisco Gotera los pandilleros ni se inmutaron al escuchar la sentencia durante la audiencia virtual. En dos de ellos hasta se dibujó una sonrisa irónica de satisfacción.

El miércoles pasado el Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador, impuso 390 años de prisión a siete pandilleros por la muerte de once hombres, crimen ocurrido el  jueves 3 de marzo de 2016 en el caserío Las Flores del cantón Agua Escondida de San Juan Opico, departamento de La Libertad.

Aquel 3 de marzo el país entero se conmocionó cuando se supo que ocho empleados de una compañía eléctrica y tres obreros habían sido asesinados con armas de fuego y armas blancas, en la zona rural de San Juan Opico. Ninguna de las víctimas tenía algún tipo de relación con las pandillas. Los mataron por una estúpida venganza y el simple placer de matar. Tanto fue el placer de matar que hasta filmaron los crueles homicidios y pronto éstos fueron absorbidos por las redes sociales.

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Días después  la Policía Nacional Civil logró la captura de nueve sospechosos de la masacre, entre ellos dos adolescentes procesados en un juzgado de menores de La Libertad. Los adolescentes, uno de 15 años y otro de 16, fueron encontrados culpables y deberán pagar cinco y 15 años de internamiento, porque así lo contemplan las leyes salvadoreñas cuando se trata de “menores infractores”.

El día que presentaron a los siete pandilleros para el requerimiento, todos se decían inocentes y uno de ellos hasta aprovechó las cámaras de un canal de televisión para mandar un saludo a su compañera de vida quien en las próximas semanas iba a dar a luz. Este mismo pandillero, con un cinismo maléfico negó haber participado en los once homicidios, pues él solo había disparado contra cinco víctimas, incluso aceptó ser el protagonista del vídeo que decapitaba a una víctima.


Esta masacre generó tanta indignación que la sociedad reclamó medidas urgentes, lo que dio paso a que se decretaran medidas extraordinarias de seguridad en siete centros penitenciarios. Esas medidas tienen vigencia hasta 2018 y supuestamente se están cumpliendo al pie de la letra, aunque requisas posteriores han revelado que los reos todavía tienen acceso a teléfonos móviles y drogas, inclusive armas.

La condena era esperada, aunque en el juicio el trabajo de la parte acusadora no fue el ideal. Se presentó a un único testigo criteriado que ante el juez aseguró que estaba obligado a pertenecer a la pandilla, pero era el segundo “palabrero”, es decir, el segundo jefe. El testigo, en su declaración, en una aparente estrategia, ubicaba a los pandilleros con nombre y alias diferentes. En síntesis la declaración del testigo fue ineficaz y llena de incongruencias y contradicciones. Empero la condena fue posible por el hecho tangible de la masacre y por la prueba científica y pericial que determinó abuso de  superioridad  y el uso de al menos 12 armas de fuego, así como otras pruebas periciales que llevaron a tener la certeza de que los imputados fueron los homicidas.

El juez, tras llamar la atención a la Fiscalía para que realice un mejor trabajo con los testigos criteriados sabiéndolos seleccionar,  le impuso a cada homicida 35 años de cárcel por cada víctima, más cinco años por agrupaciones ilícitas, sumando 390 años de prisión, aunque la legislación salvadoreña solo contempla un máximo de 60 años, pues de lo contrario sería cadena perpetua y eso está prohibido constitucionalmente.

La condena fue ejemplar. En los últimos cinco años es la tercera más alta que se impone en El Salvador. En 2014 Matías Sorto Pastora fue condenado a 730 años de prisión por más de 50 delitos en la zona oriental y en 2016 Carlos Oswaldo Ángel Alvarado recibió una sentencia de 410 años de prisión por haber participado en el incendio de un microbús en Mejicanos, donde murieron 17 personas.

Más que ejemplar la condena fue justa. Es cierto que la vida de las víctimas no se recupera y que las viudas, huérfanos y parientes siguen sufriendo por la ausencia de sus seres queridos, pero al menos queda la sensación de justicia, aunque los asesinos ni se inmuten al ser condenados.




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