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Editorial & Opinion

730 oportunidades para alcanzar un acuerdo fiscal integral

Werner Peña / Economista investigador Icefi @whpena

jueves 1, junio 2017 - 12:00 am

En octubre de 2016, Icefi publicó el documento El Salvador: en la búsqueda de un acuerdo  nacional de sostenibilidad fiscal, el cual resaltaba la imperiosa necesidad de que las fuerzas vivas del país alcanzaran un acuerdo fiscal integral que garantizara la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo. Lastimosamente, este acuerdo aún brilla por su ausencia. Ahora que restan 730 días a la administración del presidente Sánchez Cerén, las fuerzas políticas de El Salvador tienen la responsabilidad y el deber de alcanzar un pacto fiscal que garantice no la viabilidad del gobierno, sino del país. En este contexto, las recomendaciones vertidas por Icefi en 2016 para asegurar la viabilidad del sistema fiscal salvadoreño continúan siendo válidas y se exponen a continuación:

1) Asegurar la suficiencia de los recursos tributarios

Los recursos tributarios del país son insuficientes para asegurar una vida digna a toda la población. Por ello, se propone la aprobación de impuestos progresivos al patrimonio no productivo (a partir de cierto monto) y al consumo de bienes suntuarios. Asimismo, se propone la aplicación de un régimen tributario simplificado que permita ampliar la base tributaria.

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2) Mayor eficiencia de la administración tributaria

Se estima que la evasión del IVA se ubicó en 33.5 % en el 2015. Al mismo tiempo, la inversión de empresas salvadoreñas en paraísos fiscales alcanzó 7 % del PIB en 2014. Estos datos muestran la importancia de fortalecer los mecanismos de inspección, investigación y control de la administración tributaria, lo que pasa necesariamente por reformar artículos del Código Tributario y del Código Procesal Penal.


3) Examinación y eliminación de privilegios fiscales

En 2013 el gasto tributario representó un  2.9 % del PIB. Es imperante realizar estudios que midan el costo-beneficio de los privilegios fiscales otorgados y eliminar aquellos beneficios tributarios que no cumplan con los objetivos para los cuales fueron creados. Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda debe transparentar el gasto tributario desagregándolo por distintas categorías de forma rutinaria. Finalmente, la evidencia señala que los inversores dan mayor peso a variables como la estabilidad política y las condiciones de infraestructura antes que a los beneficios tributarios a la hora de decidir invertir en un país.

4) Gasto público eficiente y eficaz

Se debe revisar la pertinencia del gasto de todas las instituciones públicas, con el fin de reducir el gasto superfluo e inequitativo -como los gastos excesivos en viajes y publicidad y los seguros privados de salud y de vida pagados con fondos públicos-. Asimismo, es importante que se priorice el gasto social y no se continúe reduciendo los recursos destinados a esta área. Finalmente, la gestión pública debe incorporar mecanismos de evaluación y monitoreo de los resultados alcanzados por las instituciones públicas, con el fin de mejorar la gestión de los recursos públicos.

5) Fortalecimiento de la transparencia presupuestaria

Se deben incluir en el presupuesto todos aquellos compromisos que corran a cargo del Estado. Esto implica la asignación de recursos suficientes para cumplir con los objetivos de cada partida presupuestaria. Asimismo, es importante institucionalizar la publicación de las cargas tributarias netas o efectivas, que permitan visualizar la verdadera disponibilidad de recursos del sector público. Por último, todas las instituciones del Estado deben pasar a elaborar sus presupuestos con base en resultados.

6) Sostenibilidad de la deuda pública

Es importante acordar el horizonte temporal en el que se asegurará la sostenibilidad de la deuda pública. Al mismo tiempo, es imperante reformar el sistema de pensiones para disminuir la presión fiscal del pago de pensiones del sistema antiguo, sin descuidar la ampliación de la cobertura previsional y la suficiencia de las pensiones. Además una nueva recomenación a valorar es que el Gobierno de El Salvador insista en el uso del Ingreso Nacional Bruto Disponible o un PIB más remesas en los análisis de sostenibilidad de la deuda realizados bajo el artículo IV del FMI.

Restan 730 oportunidades para alcanzar un acuerdo fiscal integral: ¡Mientras más rápido llegue, mejor para el país!




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