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Editorial & Opinion

A esforzarnos por un año positivo

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

martes 2, enero 2018 - 12:00 am

Estamos arribando a un año nuevo, que se anuncia muy especial para los salvadoreños, ya que a partir del día 4 de marzo, estará en el ámbito de nuestra soberana voluntad ciudadana, cambiar muchas situaciones que signaron el rumbo de la nación entera en forma poco plausible y hasta angustiante en determinados momentos. Hemos llegado al advenimiento de otro año que, por sus próximos eventos cívicos y legales, nos hace alentar esperanzadores anhelos, pero que también nos inspiran firmes propósitos en la obtención de soluciones claras y determinantes para el bienestar social de todo el pueblo salvadoreño que, en los últimos meses de 2017, estuvo sometido a decisiones y vaivenes claroscuros, tanto interna como externamente, que en determinados momentos nos hizo abrigar pesimismo y desconcierto. Eso es una parte crucial que hoy no solo la pensamos superar, sino que debemos estar decididos a caminar incansables en busca de su realización favorable, para que la nación recobre el rumbo exitoso que la distinguió por muchos años en el pasado, no solo a nivel regional del istmo centroamericano, sino ante la consideración internacional de países mucho más desarrollados que el nuestro y que, por ser aspectos de sobra conocidos, no nos vamos a detener en detallarlos.

En primer lugar, debemos referirnos a la manifiesta incapacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que ha laborado a paso lento en la preparación técnica y logística del escrutinio por celebrarse el 4 de marzo entrante, situación que ha generado una justificada incertidumbre de que no podrá satisfacer las expectativas de efectuar una elección que garantice prontitud y eficacia a la hora del escrutinio, lo cual nos motiva para pedir el concurso de todos los partidos políticos de oposición para que capaciten al máximo no solo a quienes integrarán Juntas Receptoras de Votos, sino también a sus vigilantes de urnas y a cuanto ciudadano desee participar voluntariamente en cualquier puesto de responsabilidad en ese evento de gran importancia nacional, para garantizar, en lo posible, que el proceso se desarrolle con el máximo posible de transparencia, honestidad y respeto a la voluntad de los electores, que somos todos los ciudadanos, de uno y otro género, hábiles para emitir el sufragio sin ninguna imposición, coacción o amenaza. Asimismo, desde ya depositamos y manifestamos nuestra confianza en la actividad de resguardo del orden que desempeñe la Policía Nacional Civil, ajena a toda actividad partidista, tal y como lo mandata el inciso segundo in fine del artículo159 de la Constitución. Si el evento se desarrolla tal y como esperamos se efectúe, entonces la medalla del honor será no solo para el pueblo salvadoreño, sino también para el tribunal electoral.

Con las elecciones de marzo, se podría asegurar  otro  suceso  de  incalculable valor para la institucionalidad democrática: elegir diputados que  cumplan lo que señala la Carta Magna en el artículo 125 que textualmente expresa: “Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo”. Desde el momento mismo que “A” o “B” candidatos a diputados, resultan elegidos como tales, desde ese instante ellos dejan de ser  “representantes de un partido” y se convierten en lo que dice la máxima ley del país: en representantes del pueblo y de nadie más. Obedecer ese mandato nos garantizará que ellos podrán elegir a los futuros magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin tomar en cuenta preferencias mezquinas, decisiones dañinas o por mandatos espurios de sus partidos postulantes, para dar su aprobación a tal o cual candidato a la magistratura en comento. Por el mantenimiento e imperio futuro de la legalidad constitucional en el país, los diputados deben actuar conforme a lo que ordena el mencionado artículo que dejamos anotado. Estas palabras son una luz de advertencia para que el pueblo elija, con cordura y sin pasiones absurdas, a la próxima Asamblea Legislativa, descartando gentes que, al paso de la actual legislatura, han demostrado carencia de notoria instrucción o de moralidad, como el caso de legisladores perseguidos por actos ilícitos o que son famosos por dar declaraciones que son propias de personas incultas o analfabetas.

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