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AVILA

El diputado Rodrigo Ávila, propone crear un registro de pandilleros y una ley de defensa social para extraer a los pandilleros de sus zonas y someterlos a readaptación. Se basa en el artículo 13 de la Constitución de la República que permite “por razones de defensa social” someter a personas peligrosas o de riesgos inminentes a la sociedad o individuos a medidas reeducativas o de readaptación. El exdirector policial y exviceministro de Seguridad señala que los pandilleros, aunque no son carteles, se convirtieron en estructuras criminales territoriales dedicadas al narcotráfico y al narcomenudeo por su territorialidad.

¿Le parece una propuesta política?

Es una propuesta coyuntural (estado de excepción). Yo sí estoy de acuerdo en que se tomen medidas excepcionales y se tendrían que enfocar contra las pandillas, pero no necesariamente (es) estado de excepción porque el estado de excepción se aplica a todos los ciudadanos y afecta los derechos individuales para todos los ciudadanos. Todo el mundo sabe quiénes son los que están causando estos problemas, la Policía tiene la suficiente información de inteligencia, bases de datos, saben quiénes son, dónde están. En las comunidades, todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, qué hacen, a quién han matado, a quién quieren matar.

¿Un estado de excepción perjudicaría a la ciudadanía común?

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Un estado de excepción puede afectar a toda la ciudadanía. A los que hay que afectarles el derecho de movilidad, de movilización, su capacidad de expresión, es a los pandilleros. Por eso, hemos propuesto una Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia, que le daría al Gobierno, a la Policía, la capacidad de retener a cualquier persona que esté calificada como pandillero. Este servidor ha propuesto crear un “registro nacional de pandillas y grupos criminales organizados, sus miembros y colaboradores”.

Para este registro, ¿cómo definirían quién es y quién no es pandillero?

Tenemos una ley antipandillas, una resolución de la Sala de lo Constitucional que establece que las pandillas y sus colaboradores son terroristas, pero el Gobierno no hace nada porque queda a discrecionalidad del juez si la información que da la Fiscalía es pertinente. ¿Por qué? No existe un instrumento legal para calificar de acuerdo a ciertas características. En El Salvador funciona un centro transnacional de pandillas, recibe información de inteligencia de la Policía, manda en Estados Unidos y los americanos tienen catalogados como miembros de pandillas a los miembros de pandillas de El Salvador, ¿qué le parece eso? Un registro nacional no solo serviría para perseguir sino para rehabilitar. Lo que tenemos que hacer es una respuesta excepcional pero para las pandillas, no para los ciudadanos comunes y corrientes. Hemos tenido una respuesta mediática, coyuntural y hasta cierto punto irresponsable porque ni siquiera se están evaluando opciones contra las pandillas y se quieren tomar opciones contra todo mundo.

¿Por qué no los arrestan por esos delitos?

(En) las audiencias ellos mismos son cuestionados por el juez para ver a qué penal quieren ir, eso en Estados Unidos es una aceptación tácita de pertenencia a un grupo delictivo, queremos que eso sea parte del registro. En el país tenemos 30 y pico mil con medidas sustitutivas y por ende se les podría adjudicar de manera inmediata la pertenencia a tal o cual pandilla.

¿Cómo definiría usted a un pandillero?

Uno, que haya estado en un penal de pandilleros por voluntad propia, el 95 % de los que están en los centros penales; por apologías; pruebas de asociación, se reúne con ese grupo y es la clica; según las investigaciones; por conocimiento público. Hay parámetros, no son arbitrarios porque tampoco es correcto que venga un jefe policial que venga y diga: ese me cae mal y lo voy a poner en la lista de pandilleros. Yo estaría dando brincos de contento si hubiera sido director de la Policía y la oposición huibera propuesto una ley para extraer quirúrgicamente a los pandilleros.

 

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