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Hoy escribo para desahogarme, porque me resulta indignante que aquellos que velan por la existencia de la institucionalidad y el funcionamiento de ésta, sean también los que se encarguen de denigrarla, afectando directamente a quien se supone representan.

Hace unas semanas este periódico publicó una nota sobre la poca prioridad que la elección del nuevo o nueva Procuradora General de la República tiene para los diputados.  Siendo una usuaria directa de la institución (y víctima de la burocracia y falta de recursos económicos con la que opera), la noticia me cayó como bomba, pero me permitió entender dos cosas del quehacer legislativo: 1) Si el tema no es polémico o implica una negociación donde las partes puedan sacar un provecho, carece de todo interés político y por tanto, puede esperar y 2) Al no tener interés (o morbo) político, no capta la atención de la prensa.

Lo anterior lo expongo con la propiedad que me da haber pasado más de cinco años cubriendo la Asamblea Legislativa, como periodista de El Diario de Hoy. Tengo presente que para mí y para muchos de mis colegas, las elecciones de segundo grado que valían la pena escudriñar, cuestionar y por supuesto, cubrir, eran las que llevaban implícitas un pacto político y una alta percepción de la existencia de un acuerdo oscuro.

Competíamos por ser los primeros en averiguar quién era el nuevo Fiscal de la República, quienes los padrinos políticos que lo respaldaban,  qué recibirían las fracciones que apoyaran su nombramiento y cuáles los posibles blindajes que ordenaría una vez asumido el puesto. Y la misma fórmula de investigación aplicábamos para los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y en alguna medida, hasta con la Procuraduría de los Derechos Humanos, toda vez que se tratara de la elección de alguien con una vinculación partidaria obvia o de la reelección de una funcionaria capaz de impedir el ingreso de los policías a controlar un motín carcelario.

Los periodistas nos encargábamos de contar los días, horas y minutos que los diputados se atrasaban en llenar esos cargos. “Acéfala” fue un adjetivo muchas veces usado en los titulares de los periódicos. En cambio cuando se trataba de la Procuraduría General de la República prevalecía el desdén, tanto de periodistas como de diputados. Si había una elección a tiempo, se publicaba; si había un atraso, no se reparaba en éste o al menos, no se le daba la misma relevancia que ocurría con otras entidades del Ministerio Público.

En aquella época (más o menos 15 años atrás) ni a periodistas y mucho menos a legisladores les interesó conocer el impacto que la no elección de un Procurador General generaba. Nunca se reparó sobre cuántos grupos familiares quedaban indefensos ante la falta de un titular, o cuántos procesos de adopción se interrumpían por la inexistencia de alguien que tomara medidas administrativas de alto nivel, o cuántos niños o adultos mayores seguían sin gozar de asistencia legal o atención sicológica simplemente porque no existía una funcionaria legalmente nombrada.

En la actualidad sucede lo mismo. La pasividad de los diputados refleja el poco valor que le dan a la PGR; mientras que la prensa, sigue sin identificar un valor noticioso por la falta de una titular. No hay que culparlos por esa desidia, es posible que a criterio de ambos bandos el país tenga más prioridades que la de tener una Procuradora y quizá es cierto, pero los primeros no deben olvidar que se deben a sus ciudadanos y a la Constitución, la cual les ordena cumplir la ley a tiempo y de manera transparente.

Y a los segundos les convendría recordar que uno de los “motores” que impulsa el ejercicio periodístico es divulgar la verdad para lograr cambios positivos y frenar las desigualdades e injusticias, y el retraso en una elección de ese tipo genera incertidumbre en la vida de muchas personas, principalmente en los menores, y no hay injusticia peor que la de exponer y dejar en una posición vulnerable a un niño.

 

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