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Por la alusión que usted hiciera a mi persona en su columna publicada en Diario El Mundo el pasado 27 de abril del corriente, vale hacer algunas valoraciones materiales y jurídicas de forma sucinta en el marco de los fondos de pensiones.

Los sistemas previsionales no deben ser vistos con un afán mercantilista; más bien, éstos deben buscar brindar condiciones materiales y espirituales para una vida digna y plena de la persona humana.

Bajo tal concepción, un sistema previsional que garantice los derechos humanos de las personas debe contener: a) una administración eminentemente pública; b) bajo una modalidad que dimensione el esquema solidario intergeneracional e intrageneracional; c) Debe procurar la universalidad como un mecanismo de protección social de las personas.

A la luz de tales características, el sistema privado de pensiones, no garantiza los derechos de las personas en situación de jubilación. De hecho, para el 2015 la cobertura apenas fue del 23.9% de la PEA; de igual forma, las pensiones otorgadas a los pensionados son insuficientes. Públicamente se ha pregonado que los cotizantes poseen el dominio de los fondos de pensiones; y en ese marco, al cambiar de un sistema previsional a otro, muchos se presentan como los paladines de los y las trabajadoras manifestando que se está intentando expropiar o confiscar los fondos, cuando en realidad nunca se ha tenido dicho derecho sobre los mismos; no obstante, resulta contradictorio que los supuestos defensores de los cotizantes muestran una total reacción en otros temas de coyuntura, como un aumento digno al salario mínimo.

La Constitución en el Art. 50 regula lo concerniente a la Seguridad Social; al respecto hay que considerar que los sistemas previsionales son un mecanismo que garantiza un aspecto de la seguridad social; además, la norma constitucional caracteriza a la seguridad social como un servicio público, por lo consiguiente  los servicios públicos pueden ser recuperados por el Estado; de acuerdo al artículo 110 de la Constitución, se faculta al Estado para tomar a su cargo los servicios públicos.

En ese sentido, hay que distinguir si los fondos de pensiones son parte del patrimonio de las personas que han cotizado o si son fondos cuyos titulares son los afiliados o cotizantes (de manera colectiva) quienes tienen expectativas de un derecho.

En ese sentido resulta importante hacer algunas acotaciones sobre el derecho de propiedad. Uno de los elementos principales es ser absoluto lo que indica que el titular puede disponer del mismo (Art. 568 Código Civil). Respecto a las cotizaciones y aportes que conforman el fondo de pensiones, los trabajadores y trabajadoras no tienen la libre disposición de los mismos, para lo cual vale hacerse las siguientes interrogantes: ¿los cotizantes disponen el monto que deben cotizar o las aportaciones que deben hacer los patronos? ¿Definen el monto de la comisión de las AFP’s? ¿Definen cuánto, cómo y dónde invertir los fondos de pensiones? ¿Definen cuánto es el monto de la rentabilidad? ¿Puede retirar los fondos cuando quiera? ¿Definen de cuánto será su pensión? ¿En el caso de los aportes que hace el Estado en esta materia pueden disponer del mismo? De ninguna manera; debido a lo anterior ¿se puede plantear que los cotizantes tienen la libre disposición de los bienes y la titularidad individual de los fondos? De ninguna manera. ¿Quién determina lo anteriormente señalado? En todo, la Constitución da amplias facultades a la Asamblea Legislativa para legislar en ese sentido.

Al respecto, la Sala de lo Constitucional –SC- ha señalado “El derecho pensional se perfecciona previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, mientras ello no suceda, los empleados privados o servidores públicos tendrán que adherirse y aceptar la metamorfosis jurídica impuesta, la que, para aquellos casos próximos a la adquisición del derecho (…) pero no por ello puede dicha supresión considerarse ilegítima o más aún, inconstitucional (…)

En materia de seguridad social se habla de derecho adquirido una vez cumplidos los requisitos comprendidos en la ley vigente; por el contrario, cuando durante la vigencia de una ley que prescribe tales condiciones la persona que aspira a la titularidad de ellas está en vías de cumplirlas, hablamos de una expectativa de derecho”. (Amparo 225-2005)

La SC  ha señalado que en materia de seguridad social no hay derechos adquiridos sino meras expectativas de derecho y que los cotizantes tendran que adherirse a la metamorfosis jurídica impuesta.

Por otro lado, vale señalar lo apuntado por la Asamblea Legislativa en el marco del diseño del sistema en la Ley SAP. Dicha ley plantea una propiedad directa sobre una cuenta individual, que es parte del mecanismo que por naturaleza se crea en el marco de referido sistema, pero el legislador no declaró la propiedad de los fondos (art. 2 letra “b”); en ese sentido, la misma ley es contundente al definir la titularidad de los fondos de pensiones al manifestar en el Art. 77 “El Fondo de Pensiones será propiedad exclusiva de los afiliados”. Vale aclarar que el concepto ocupado por el legislador se encuentra plasmado en plural “afiliados” lo que indica que existe una titularidad de naturaleza colectiva.

En ese contexto, no se puede hablar de expropiación a confiscación ya que el Estado nunca pasa a ser dueño de los fondos y no existe propiedad individual del mismo; no obstante, existen expectativas de derecho de los cotizantes a recibir una pensión consistente en el otorgamiento de una prestación económica para el futuro.

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