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OPINIONCuando se habla del aborto la sociedad conservadora suele temblar desde sus cimientos, pues no pueden debatir el tema pues no existe apertura, ya que es visto desde una visión religiosa y pretenden que el Estado regule esta circunstancia desde esa perspectiva, con el eufemismo del blanco y negro, obviando que esta situación es de múltiples circunstancias individuales y sociales, es una paleta de colores donde las circunstancias que orillan a las mujeres, niñas y adolescentes a interrumpir un embarazo son variadas y muy diferentes.

El problema de las organizaciones “pro defensa de la vida o la familia” es que defienden una visión pastoral de la vida y buscan que el Estado regule circunstancias como el Matrimonio, visto desde una perspectiva de fe, así mismo sucede con el tema del aborto, tratando que la sociedad sea regulada con base a sus creencias y haciendo que el Estado asuma el trabajo pastoral que deben hacer estas organizaciones desde las iglesias.

Cuando el Estado se presta a hacer legislaciones basadas en dogmas de fe y llevando a la vida jurídica el trabajo pastoral de las diferentes religiones, éste pierde su razón de ser, pues impone a todos los ciudadanos de una sociedad la visión religiosa de un grupo de personas, inmiscuyéndose en la manera y forma que los ciudadanos deben tratar sus cuerpos.

Regular la interrupción del embarazo con una visión fuera de la laicidad somete a ciudadanos que no creen en dogmas religiosos a vivir bajo estas normas. Les pregunto ¿tenemos derecho a someter por ley que nadie puede recibir transfusiones de sangre para salvar sus vidas, ni bajo ninguna otra circunstancia? Me dirían: comprendemos que esta es la visión de vida de una de las tantas religiones que conviven en esta sociedad, el Estado no puede regular esto, lo que sí debe hacer el Estado es garantizar que las personas que por fe -y porque están convencidos que así debe vivirse la vida para alcanzar la promesa de un paraíso después de la muerte- no quieran recibir transfusiones sanguíneas, deben ser respetados en su soberana voluntad.

Resulta difícil para muchos funcionarios públicos separar su fe con la función pública, porque existe la enorme tentación de imponer a otros sus creencias, olvidando la horrenda realidad de las estadísticas que se tienen de la enorme cantidad de niñas menores de 18 años que son abusadas y obligadas a dar a luz, asumiendo no solo el costo de la etiqueta que la sociedad les pone “salieron embarazadas por bobas” y además el costo económico de mantener a ese nuevo ser, poniendo a una niña a criar a otro niño, en situaciones paupérrimas, pues las menores interrumpen su educación, lo que las lleva a ser desempleadas y a vivir de los programas sociales o a subemplearse con bajos salarios y sin seguridad social ni pensiones para su vejez, resultando todo esto en una enorme carga económica para nuestro país y sobre todo para los contribuyentes que son los que pagan los impuestos para sostener el aparato estatal y los diferentes programas sociales, curiosamente muchos de los que están en las filas para obligar a estas niñas, adolescentes y mujeres a dar a luz, son los que se oponen a los programas sociales.

El funcionario público debe ejercer su trabajo para todo el ciudadano que lo demande, no puede ejercer su trabajo pastoral en las oficinas estatales, hacerlo es pervertir la función del Estado la cual viene a estar en función del bienestar de todos sus ciudadanos sin hacer distinciones de ninguna índole

El Estado debería establecer políticas encaminadas a reducir el número de mujeres niñas y adolescentes que son: 1) Agredidas sexualmente, es decir proteger a este sector de la población 2) Dar acceso a educación sexual desde los centros educativos y unidades de salud y 3) Brindar a la que se vean en la necesidad de interrumpir sus embarazos lo puedan hacer de manera gratuita y con seguridad.

Son las anteriores verdaderas políticas encaminadas a cambiar las horrendas estadísticas de la sociedad, atacando el problema y no las consecuencias, manteniéndose como el ente que garantiza que todas y todos podamos alcanzar nuestra realización personal, en igualdad de condiciones y sin  injerencias religiosas, pues quien desee vivir su vida bajo estos fundamentos –que no podemos juzgar si son buenos o malos- que lo haga, pero que no pretenda que todos aceptemos ese estilo de vida y menos que el Estado deba hacer ese trabajo.

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