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OPINION

Sobre las finanzas públicas, aunque con matices, hay una noción generalizada de que existe una crisis y que cada día que pasa sin hacer algún tipo de reforma la situación empeora. No obstante, para algunos el problema está en los ingresos: baja recaudación, estructura injusta, privilegios injustificados, débil administración tributaria, etcétera. Para otros el problema está en el gasto: corrupción, despilfarro, ineficiencia, entre otros. Ambas posturas tienen razón, hay problemas sobre cómo se utilizan los recursos públicos y también cómo se financia el Estado, la deuda es insostenible y hay falta de transparencia, existe injusticia fiscal e inequidad.

Entonces, ¿qué hacer? La solución no es fácil, ni existe una receta única. La economía, como ciencia social, es subjetiva. Y la perspectiva de realidad que se tenga dependerá de las prioridades que se ambicionan y de los objetivos que se desean. Actualmente, todos los sectores hablan de «pacto fiscal», pero cada quien lo entiende a partir de lo que le conviene.

Un pacto fiscal va más allá de los objetivos tradicionales de la política fiscal, por lo que su concreción debe ser el resultado de un consenso amplio, abierto y transparente entre la mayor cantidad posible de actores que representen sectores políticos, sociales y económicos. Un craso error ha sido creer que la política fiscal es algo que les compete únicamente a los economistas. Especialmente cuando los economistas caemos en la arrogancia de creer que la solución en el tema fiscal pasa por sentarnos a un escritorio y cuadrar las cifras.

Detrás de cada recomendación que se haga lo importante no solo es el componente técnico, sino el político ¿a quién beneficia? ¿a quién perjudica? Muchos de los ajustes fiscales que se han hecho a nivel mundial han provenido de acuerdos stand by, suscritos entre los países y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por eso toman relevancia las recomendaciones elaboradas por este ente para El Salvador. Entre éstas se pueden mencionar: subir el IVA al 15 %, reducir de los impuestos empresariales, aplicar un impuesto al patrimonio, focalizar subsidios, reducir significativamente la contratación de personal en todos las instituciones públicas, con la excepción del sector de seguridad; adicionalmente plantean limitar los incrementos del salario mínimo en el sector privado, para mejorar la inversión y el crecimiento inclusivo.

Y si lo que entienden algunos es que el pacto fiscal es sinónimo de alcanzar un acuerdo stand by con el FMI, como lo ha dejado entrever la oposición e incluso un sector del Gobierno, entonces es lo que nos espera. Por cierto, aumentar el IVA, reducir los impuestos empresariales, congelar los salarios; y llamar a ese paquete un ajuste fiscal con enfoque social, es el equivalente de golpear a alguien y decirle que es por su bien.

El Salvador, tiene la oportunidad histórica de hacer las cosas bien, la coyuntura nos demanda la madurez como sociedad de lograr acuerdos trascendentales, de construir el futuro juntos, donde no sobre nadie. Lo que se requiere, entonces, es una política fiscal que ponga por delante a las personas y no a los números; pues de nada sirve sanear las finanzas públicas si es a costa del bienestar de la población.

No se trata de tener déficits cero, se trata de mejorar las condiciones de vida de las personas. De hacer que los 800,000 niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso a la educación, regresen a la escuela; se trata de que los jóvenes tengan las oportunidades para construir su proyecto de vida en el país, y no se vean obligados a emigrar. Se trata de asegurarles a hombres y mujeres las mismas oportunidades para contar con un empleo digno y que cuenten con un sistema de protección social que los cubra. La política fiscal representa el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Ojalá nos decantemos por una humana, justa, incluyente, democrática y progresiva. Lo que no pasa por la negociación de un acuerdo stand by, sino por alcanzar un acuerdo fiscal integral, un verdadero pacto fiscal.

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