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Editorial & Opinion

Acuerdo fiscal y “democracia partidaria”

Lourdes Molina Escalante / Economista sénior Icefi @lb_esc

viernes 7, julio 2017 - 12:00 am

En las últimas semanas hemos visto cómo los partidos políticos salvadoreños se embarcan en procesos de inscripción de precandidaturas para las elecciones internas, como parte de su participación en las elecciones municipales y legislativas del próximo año. Aunque algunos ya están pensando más en las elecciones de 2019 y han iniciado una muy adelantada precampaña presidencial. En teoría, los procesos de elecciones  internas permiten democratizar y descentralizar la estructura de los partidos; abren la posibilidad de participación a más actores, generan debate y promueven la transparencia; y, reducen el poder discrecional de las cúpulas partidarias sobre la definición de las candidaturas. Todo ello abona a la consolidación democrática de los países.

En El Salvador, parece que los partidos políticos se especializan en desaprovechar todas estas oportunidades y juegan a ser democráticos internamente. El hecho de celebrar elecciones internas es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la democratización de los partidos. Tal y como ocurre con el FMLN y Arena, en los que predomina el poder de cúpulas partidarias con un control monopólico y poco transparente sobre las decisiones políticas, que castiga a la persona que cuestiona y disiente, y que se resiste a procesos verdaderamente democráticos que sean el inicio de una renovación al interior de estas instituciones políticas.

Y vaya que esa renovación es algo que ambos partidos necesitan con urgencia para recuperar su legitimidad, ya que la ciudadanía está cansada de ambos y, como consecuencia, muestra un alto grado de apatía a la participación política. Tal y como lo refleja una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), publicada en junio pasado, en la que el 63.4 % de los entrevistados manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el FMLN siga gobernando y un 68.1 % mostró oposición a que Arena vuelva a gobernar. Adicionalmente, 6 de cada 10 personas consideran que es necesario otro partido de izquierda diferente al FMLN y otro partido de derecha diferente a Arena.

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Esta falta de legitimidad y representatividad de los partidos ante la ciudadanía resulta particularmente preocupante en un contexto de crisis fiscal como el actual. Hasta la fecha, todas las posibles soluciones a la crisis fiscal salvadoreña han sido discutidas a puerta cerrada entre el FMLN y Arena, ¿es ese el concepto de democracia de los partidos? Que las cúpulas tomen decisiones que afectan a toda la ciudadanía, en espacios opacos y sin participación ciudadana.

Los procesos de elecciones internas son una clara evidencia de que la negociación de un acuerdo fiscal integral no debe ser exclusiva de los partidos políticos. Porque ¿cómo estos partidos, incapaces de implementar procesos democráticos y transparentes al interior de su organización, van a lograr acuerdos de país integrales que den solución a los complejos problemas fiscales de la Nación?, ¿cómo estos partidos, a quienes la ciudadanía no considera idóneos para gobernar, pueden tener legitimidad para decidir sobre la política fiscal que impacta directamente en el bienestar de los salvadoreños y salvadoreñas?


Como ciudadanía requerimos certeza sobre el tipo de negociaciones que se realizan y los intereses que cada partido está defendiendo, ¿será que los partidos defienden los derechos de las variables económicas o los de las personas?, ¿cómo esas negociaciones buscan garantizar los derechos de las mujeres y de la juventud?, ¿alguien hablará por los migrantes?, ¿y por la niñez?, ¿y por los adultos mayores?, ¿las decisiones que se toman se basan en estudios técnicos, son recetas de algún organismo internacional o solo importa cuál tendrá menos costo político para las próximas elecciones?

La única forma de obtener respuesta a todas esas interrogantes es que los partidos políticos hagan algo a lo que no están acostumbrados: ser democráticos y transparentes. Los desafíos fiscales de nuestro país son estructurales y su solución requiere alcanzar acuerdos integrales, donde los partidos políticos sean uno de los actores involucrados, pero no los únicos, y cuyo propósito sea reivindicar el rol de la política fiscal como herramienta para construir el bienestar colectivo y la democracia.




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