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Nacionales

Acusan a directores de Centros Penales desviar $5.6 millones

Juan Carlos Vásquez

Miércoles 31, Mayo 2017 - 12:03 am

Una investigación de la Fiscalía General de la República, determina que el actual titular de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), Rodil Hernández y el exdirector Nelson Rauda, desviaron $5 millones 606 mil 611.90 para financiar la tregua entre pandillas.

A raíz de esas irregularidades, fueron acusados ayer en el Juzgado 4o. de Paz de San Salvador, por los delitos de actos arbitrarios y administración fraudulenta. La audiencia inicial fue programada para mañana y la Fiscalía ha solicitado a la jueza Nelly Pozas, que sigan en detención provisional.

El fiscal Alan Hernández, director de Áreas Especializadas, dijo que han indagado los años 2012 y 2014, período en el cual los dos imputados estuvieron al frente de la DGCP.

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“Al momento de fungir como directores de la Dirección General de Centros Penales, hicieron un mal uso del dinero que provenía de las tiendas institucionales” sostuvo el jefe fiscal.

En esos años, las tiendas institucionales tuvieron tres coordinadores, quienes mostraron inconformidad por la forma en la que se estaba administrando el dinero y dejaron constancias de quejas por escrito y a veces de forma verbal, pero como ellos dependían directamente de los directores generales de Centros Penales, no podían hacer nada para detener ese mal uso del dinero.


En las pesquisas fiscales se encontró documentación sobre auditorías que el Ministerio de Justicia y Seguridad hizo, donde se concluye que hubo un mal manejo de las tiendas institucionales o del dinero, esto ha resultado clave en las indagaciones, según Alan Hernández.

Uno de los hallazgos considerados relevantes por el Ministerio Público es que los precios de los productos dentro de las tiendas institucionales incrementaron para garantizar una ganancia.

El artículo 152 del Reglamento de La Ley Penitenciaria establece que las ganancias de las tiendas institucionales deben ser utilizadas para beneficiar a los reclusos y los dos funcionarios tuvieron que haberlo garantizado, pero Rauda y Hernández, los orientaron para otros rubros.

Según la Fiscalía, se financiaron actividades de la tregua entre pandillas, por ejemplo: se pagó al personal que trabajaba directamente con Raúl Mijango, principal mediador de ese proceso; locales donde funcionaron oficinas donde se reunían pandilleros con los mediadores; gastos de combustible de los vehículos utilizados; alimentación y personal externo a la DGCP que trabajó durante la tregua.

Como prueba documental hay un oficio del 13 de junio del año 2016, en el cual Rodil Hernández le responde a la Fiscalía que los gastos de inteligencia los autorizan los ministros de Justicia y Seguridad Pública de forma verbal y a requerimiento, que además se paga a fuentes e informantes que proveen información que permite identificar amenazas a los centros penitenciarios, que no existe un manual o instructivo, los montos son variados y que el dinero proviene de las tiendas institucionales.

Pero cuando la FGR pidió explicaciones a los exministros de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, Ricardo Perdomo, Benito Lara y Mauricio Ramírez Landaverde, los cuatro expresaron que ellos nunca autorizaron erogaciones de fondos de las tiendas institucionales para ese fin.

 

El requerimiento

Parte de la acusación fiscal en la que se señalan los hechos.

 

 




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