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Política

Admiten caso por patrimonio de exmandatarios

Jueves 13, Agosto 2015 - 12:00 am

Alac

Funde-Alac apeló ante el Instituto de Acceso. /DEM

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) admitió ayer una apelación ante la negativa de entregar análisis patrimoniales de los expresidentes, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, por parte de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Según la resolución de admisión, la información fue negada a Roberto Burgos y  Xenia Hernández, de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde-Alac), alegando reserva según el artículo 240 de la Constitución y  la Ley de Acceso a la Información Pública.

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El oficial de acceso de información de la CSJ alegó “inobservancia del principio de máxima publicidad e interpretación restrictiva del derecho constitucional de expresión, petición y acceso a la información pública e imposición de una reserva genérica”.

El Instituto manda al oficial de acceso de la CSJ enviar en 24 horas una copia del expediente de la solicitud de información.

Los comisionados dieron siete días, después de notificada la resolución, para que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, rinda informe argumentando la negación de los análisis realizados por la Sección de Probidad sobre las declaraciones patrimoniales de los tres exmandatarios salvadoreños.

El 24 de julio, el Instituto ordenó a la Corte entregar la  declaración patrimonial del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González; Corte Plena acordó entregar la declaración.

En esa ocasión, el Instituto manifestó que la información de las declaraciones patrimoniales no aplica en la clasificación de información reservada, sino confidencial en aquellos datos personales.

“Es decir que, en principio, la disposición constitucional estaría protegiendo la confidencialidad y no la reserva, como lo señala el cuerpo normativo”, indica el texto de esa resolución.

En ese momento, el comisionado Jaime Campos expresó que esa resolución “sentaba un buen precedente” que regiría a los funcionarios a declarar su patrimonio al inicio y fin de su gestión pública. Actualmente, el expresidente Francisco Flores está siendo procesado por el delito de peculado por el desvío de $10 millones a una cuenta privada.

 




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