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Por desgracia nuestra, hay que aceptar la siguiente realidad: En este país amplias zonas de barrios, ciudades, colonias, cantones y hasta caseríos rurales de los departamentos y municipios con mayor densidad poblacional, los grupos pandilleriles o “maras”, ejercen un amplio y a veces hasta completo control territorial en forma más directa que el Estado mismo, esto es, NO HAY ESTADO.

En estas zonas las pandillas controlan el tráfico de droga, armas e incluso hasta productos comerciales que ellos mismos venden con “exclusividad” en tales territorios. En estos lugares la “mara” manda, en ellos ocurren muchísimos hechos de violencia, pero la gran mayoría -por no decir casi todos-, incluso los más graves como violaciones, extorsiones y narcotráfico, no suelen ser resueltos por las autoridades, esto es, que no se encuentran y capturan a los culpables de los mismos ni se les aplica la Ley. Las autoridades se han vuelto incapaces de resolver tales crímenes y, por tanto, tales zonas se han vuelto también bastiones de la impunidad. La única “Justicia” que existe es la retorcida “justicia” de la “mara”, pues ahí NO HAY ESTADO.

Si bien hay que decir que este gobierno heredó el problema ya casi plenamente desarrollado, hay que admitir con franqueza que se le salió de las manos y ya no lo puede resolver, ya ni siquiera puede recuperar territorios, pues está más procupada la policía y el Ejército (desarrollando tareas que no le competen por Constitución) en que no los maten que en recuperar territorios. El famoso plan de la policía comunitaria, que fue vendida en su momento como la “estrategia” de solución a dicho problema, ha probado ser inefectiva en el actual estado de cosas y por el nivel de evolución de las pandillas, quizá hubiera sido más efectiva su implementación años atrás -en vez de la “mano dura” y “súper dura” que lejos de resolver el problema lo agravaron-. Esto es pues, NO HAY ESTADO.

Como no hay estado en estos territorios –que cada vez son más amplios y dispersos- han podido crear “economías paralelas”, “sistemas tributarios paralelos”, “servicios de seguridad” a los habitantes de estas zonas, redes de distribución comercial, y hasta el apoyo a sus propios “negocios comerciales” por parte de dichos habitantes -por amor o por miedo-, pues ahí la “mara” manda. Por ello es que estos grupos se atreven a desafiar el poder del Estado, pues como controlan amplias zonas del país, están bien armados, hablan su propio lenguaje, y como ellos son el poder territorial, la “mara” manda.

El anterior gobierno no entendió tampoco mayormente la naturaleza del problema, y no tuvo una clara política criminal de Estado, y aunque no inició el problema durante su gestión, no hizo lo adecuado para resolverlo, y lejos de eso la “estrategia” de fomentar la “tregua” entre pandillas, lo que hizo fue fomentar más la “territorialización” de estos grupos y por ello aunó a un más amplio y fuerte control de “sus dominios”. Fue al final un elemento que coadyuvó a su fortalecimiento más que a su debilitamiento, tal como en su día lo hicieran las fracasadas políticas de “mano dura” y “mano súper dura”, que hicieron de las cárceles del país sus “estados mayores conjuntos”.

Como no hay Estado en estas amplias zonas del país, la criminalidad ha llenado tales vacíos, ahí adonde no se ejerce una fuerza legítima, se ejerce una ilegítima por parte de los criminales, y los habitantes de estas zonas lo aceptan, por miedo o por amor.

¿Quién tiene el poder efectivo en las zonas donde operan las pandillas? ¿Existe honestamente el poder y la autoridad del Estado para ejercerlos en forma legal y legítima? ¿Ha perdido el Estado realmente la capacidad de garantizar la seguridad pública a los ciudadanos? ¿Se han hecho las bandas criminales de pandilleros con el poder y la autoridad de facto? ¿Es aún este Estado “rescatable” para que ejerza efectivamente su función constitucional de brindar seguridad y Justicia? La respuesta de estos cuestionamientos es primordial, pues si el actual gobierno no pone en marcha una estrategia adecuada para resolver dicho problema a la inmediatez, si no tiene la estrategia ni la capacidad para “recuperar” nuevamente los “territorios ocupados”, los homicidios seguirán aumentando a niveles demenciales, los policías y militares seguirán muriendo en venganza, y la espiral de violencia puede llegar a niveles insospechados, pues cada vez se vuelve más perceptible entre la población que en estos territorios la “mara” manda, y que en materia de seguridad y Justicia NO HAY ESTADO.

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