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OPINION

Siendo positivos, nos satisface que el gobierno del país haya reconocido, por fin, el peligro de que entremos pronto a un “default” que dificultaría honrar deudas adquiridas como es el caso de los Certificados de Inversión Pública (CIP), que las diversas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) adquieren por mandato de ley con los dineros cotizados por la clase trabajadora del país y que el Estado debe cancelarlos, con sus respectivos intereses, cada cierto tiempo. A ello sumemos otros compromisos financieros como amortizar los llamados bonos estatales o Letras del Tesoro (Letes) que se cotizan en los mercados bursátiles, sin hablar de los empréstitos bancarios nacionales e internacionales, además de otros compromisos similares.

En una palabra, la crisis financiera ha hecho mella en la actual administración y aceptarla públicamente nos llena de optimismo en el sentido de que ahora le corresponde comenzar un diálogo amplio, sincero y propositivo, conducente al logro de un pacto fiscal con todas las fuerzas vivas de la nación, bajo una sola condición: de que se realice en beneficio de  todo El Salvador y nada más.

Crisis financieras siempre han surgido a lo largo de la historia patria, desde que nos independizamos de España hace 195 años. De hecho, durante los primeros años republicanos, los salvadoreños dependíamos de los vaivenes económicos que se daban en Guatemala. La otrora poderosa industria del añil estaba sujeta a los mandatos aduaneros de la vecina nación, que por más de medio siglo XIX mantuvo casi intacta su hegemonía por haber sido la sede de la Capitanía General y eso trajo roces bélicos y despertó emociones negativas que dieron, por resultado, el fracaso de la unidad centroamericana soñada por los próceres.

Durante la administración de los hermanos Carlos y Antonio Ezeta (1891-94), se logró que Guatemala ya no cobrara elevadas cuotas de indemnización que nos impusiera por una guerra del General Gerardo Barrios y que pesaban en el presupuesto nacional.

Cuando el general Tomás Regalado tomó el poder, encontró un enorme déficit en las arcas estatales. Rápidamente habló con los bancos privados (no existía el Banco Central de Reserva) y obtuvo que redujeran los intereses de los créditos concedidos a los agricultores; creó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con cuyas acciones alivió la carga económica que entonces se padecía.

Hacia 1932, correspondió al General Maximiliano Hernández Martínez afrontar otra grave crisis económica, derivada de los acontecimientos en la zona occidental del país, que debilitó al sector cafetalero. Los deudores  cayeron en mora, hubo amenazas de embargos sobre grandes fincas, en fin, una situación apremiante. Martínez decretó la Ley Moratoria, por medio de la cual, los agricultores no podían perder sus propiedades y segundo, se les concedió un tiempo mayor para cancelar sus préstamos. Creó entonces el Banco Central de Reserva y prohibió que las fincas “emitieran” sus propias monedas metálicas para pagar jornales, estableciendo el Colón como la moneda nacional.

Ninguna nación del mundo está exenta de padecer esas debacles económicas. La historia moderna de los mismos Estados Unidos y Europa registran esos tiempos difíciles, que realmente hicieron que sus sociedades se vieran conmovidas por situaciones financieras, que sirvieron para motivar a gobernantes, economistas, políticos y entidades financieras a unirse en frentes comunes, sin estar echándole culpas a nadie, ni lamentándose en forma inútil. Sino que pusieron sus mentes, corazones y experiencias para encontrar soluciones.

El caso más conmovedor fue el de Alemania, después de la II Guerra Mundial, a la que se le inyectaron ingentes recursos con el llamado “Plan Marshall” y ahora es una de las economías más poderosas del mundo.

En nuestro país contamos con excelentes profesionales en finanzas, asuntos económicos, crediticios, bancarios, etcétera. Esta base profesional puede ser utilizada, sin compromisos partidarios egoístas. En el sector del gabinete gubernamental, sabemos que tiene muy buenos economistas y administradores de empresas, que alentados por un compromiso con el país, ayudarían a conformar el panel de discusión de ese ansiado e ineludible pacto fiscal y como útil complemento, los de las decisiones políticas, entre ellos, diputados, analistas y funcionarios de gobierno, apoyados por técnicos internacionales del BID, FMI, etc. ¡Es hora de la acción!

 

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