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Economía

“Ajuste fiscal no tiene que sacrificar a la sociedad”

Maryelos Cea

lunes 26, diciembre 2016 - 12:01 am

Jonathan Menkos, director ejecutivo del ICEFI

Jonathan Menkos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) está convencido de que El Salvador necesita un ajuste en sus finanzas públicas, pero rechaza la idea de, que tenga que hacerse a costa del bienestar de la población. Los salvadoreños, afirma, ya han vivido sacrificados por muchos años, como para soportar una carga que bien podrían asumir el grupo poblacional con mayores ingresos.

El analista guatemalteco también señala que la ley de responsabilidad fiscal fue una batalla perdida para el partido oficial, el FMLN, que nunca llevó una propuesta concreta a la mesa fiscal con ARENA y se dedicó a responder solo a las alternativas de la oposición.

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¿Cómo ve el ICEFI la coyuntura fiscal que atraviesa El Salvador? ¿Cómo valoran esta situación a la que se llegó, de casi impago?


Valoramos que se hayan puesto de acuerdo entre las dos fracciones políticas más importantes que hay en el país, sin embargo, reconocemos que logran un acuerdo en el contexto ya de un default (impago de la deuda), y creemos que aunque este es un acuerdo importante, debe ser reconocido como, únicamente, un punto de partida, porque no hay una solución estructural a los problemas de política fiscal, solo se abre una puerta para que haya una liquidez que le permita sobrevivir a la administración pública, por un tiempo.

 

¿Qué panorama vislumbran a partir de este acuerdo parcial?

En ICEFI creemos que no es suficiente el acuerdo, toca seguir trabajando en la búsqueda de uno mucho más integral, en una agenda de política fiscal que permita corregir los enormes desequilibrios que se continúan teniendo en la actualidad. Observamos, a la luz de los discursos que ha dado tanto el Frente (FMLN) como el partido ARENA, que se sigue teniendo un grave problema en términos de cómo concretar el acuerdo, y me parece que hay una construcción mediática de que el acuerdo tiene que ser doloroso para la sociedad, y a mí me recuerda a todas las discusiones que en Europa se han dado para abrir las puertas a destruir estados de bienestar. Obviamente, en El Salvador no estamos hablando de estados de bienestar, con lo cual, cualquier idea de ajustar la política fiscal sacrificando a la sociedad va completamente en contra de la gobernabilidad y de la democracia.

 

¿Por qué no cabe el discurso de que la sociedad salvadoreña tendrá que sacrificarse para este ajuste?

Porque la sociedad salvadoreña lleva toda la vida de estarse sacrificando, y los políticos están obligados a dar unas respuestas más humanas a los enormes problemas que tiene la política fiscal, y esa respuesta pasa por comenzar a revisar de dónde pueden aumentarse los ingresos del Estado de una manera progresiva. Lo peor que podría pasar es que la solución sea incrementar el IVA (Impuesto al Valor Agregado), al mismo tiempo en que se disminuye las posibilidades de indexación de salarios, y pues al reducir el gasto en la administración pública también se disminuye las posibilidades de un mayor consumo. Hay alternativas ante esta crisis que tienen un rostro más humano. El primero es, por el lado del ingreso, considerar el incremento del Impuesto sobre la Renta a sectores de la población que todavía pueden aportar más a las arcas del Estado. También hay que tener una agenda para salir de una administración tributaria acomodada, que no está haciendo una batalla mucho más firme frente a la evasión y la elusión de impuestos. El otro elemento que es total, para que el acuerdo fiscal sea legítimo frente a los ciudadanos, es una agenda de transparencia. Hay muchos gastos que son opacos, pero también hay una discusión sobre los privilegios fiscales que debe ser más clara. Finalmente, creo que ningún acuerdo fiscal será suficiente si no se habla de la necesidad de reformar el sistema de pensiones y el modelo de crecimiento económico.

 

Usted ya propone revisar el Impuesto sobre la Renta, ¿qué otras medidas se pueden tomar por el lado de los ingresos?

El impuesto predial. Es una aberración para el país no contar con un impuesto predial, y se podrían discutir algunas sobretasas, en algún periodo de tiempo, nuevamente sobre el Impuesto sobre la Renta. Nosotros revisábamos las cifras del Ministerio de Hacienda sobre la regresividad del Impuesto sobre la Renta, en el que los empresarios con menores ingresos son los que tienen una carga mayor que el resto. Creemos que ahí hay mucho que se puede hacer todavía. Obviamente la lucha contra la evasión, contra el contrabando va a ayudar también para que aquellos que pagarán más impuestos, sientan que esos impuestos están sirviendo para fortalecer a un Estado que tiene muchos cabos sueltos.

 

¿Y el impuesto al patrimonio, cabe dentro de las posibilidades?

Me parece que es parte de una agenda de discusión en la que no debería quedar afuera la posibilidad de este impuesto. Siempre suena más fácil incrementar el IVA, pero la tributación en este país aumenta la pobreza, con lo cual, lo que se hace bien a través del gasto para reducir la desigualdad se ve limitado ante una tributación que aumenta la pobreza de sus ciudadanos.

 

¿Hay espacio para revisar el gasto? Se habla de que todavía hay “grasa” en el Gobierno…

Los detractores del gasto deberían de plantear dónde está esa grasa que hay que recortar en el Gobierno. Nosotros vemos que el gasto público en un país como El Salvador tiene un doble dividendo. En primer lugar, genera la producción de bienes y servicios públicos, que son los que sirven para tener cierto piso de protección social para los salvadoreños, en salud, educación, seguridad. El otro dividendo del gasto social tiene que ver con que éste genera un incremento de la demanda, y un país que crece al 2 % necesita un gasto público que dinamice la economía. Contraer el gasto es reducir las posibilidades de crecimiento económico, con lo cual se afecta a los ciudadanos y también a los empresarios.

 

Después de toda esta situación que ha pasado el país, que realmente no ha terminado, ¿cree que en esta ocasión los dos principales partidos estén dispuestos a sentarse y de manera abierta aceptar las opiniones de los otros, tomar acuerdos?

A mí me parece que ese es el reto. Yo creo que ellos ya comprobaron de que son capaces de llegar a acuerdos, a acuerdos mínimos en este momento, y creo que la sociedad está esperando que los partidos políticos den un salto más a favor de la democracia y la madurez, y empiecen a tratar no solo los temas estructurales, sino también a abrir la discusión al resto de la sociedad. Un pacto fiscal de la envergadura que requiere El Salvador nunca será legítimo si no está de mano de una discusión con la sociedad. Ahí sí no veo que ellos estén claros que tienen que abrir el debate. Me parece que este primer acuerdo, por su urgencia, se tenía que pactar de esa forma, pero este es un proceso que apenas está iniciando.

 

Ni el Gobierno ni la oposición han propuesto que el debate sea más participativo, en ninguno de los seis compromisos del acuerdo fiscal aparece esto, y ya dejaron claro que la segunda etapa de discusión seguirá siendo entre ellos…

Creo que tenemos tres retos políticos para lograr un acuerdo fiscal integral en El Salvador. El primero tiene que ver con la disposición de los partidos políticos a abrirse a un debate con la sociedad. El segundo tiene que ver con la obligación que tenemos todos los que estamos hablando del pacto, de alejarnos de posiciones muniquenses, de que es blanco o es negro, en términos de que o son ingresos o son gastos, y empezar a comprender que el debate va más allá de esas posturas, basadas más en convicciones ideológicas que en conocimiento técnico de la realidad fiscal. Y el tercer elemento, me parece que tenemos la obligación de hablar de la política fiscal y de este acuerdo en clave de ciudadanía, en clave de sociedad. Percibo que hay una mayor preocupación por salvar la estabilidad de las variables, que por hablar de las personas. Después hay retos técnicos y esos  los dividiría en cuatro. Primero, una agenda de transparencia y rendición de cuentas. El segundo tiene que ver con el gasto, es más importante para una sociedad saber en qué queremos invertir, antes de hablar de quién lo va a financiar, y El Salvador necesita comprender que hay una brecha de inversiones que está pendiente. El tercer elemento tiene que ver con los ingresos, qué vamos a hacer con la forma de financiar. El cuarto elemento es una agenda de búsqueda de sostenibilidad de la deuda pública para poder compensar los enormes desafíos que tiene ahora El Salvador, fruto de muchos años de estar con las cuentas descuadradas, y aquí entra la discusión de la reforma de pensiones.

 

Ya que la discusión de un pacto fiscal debe tener la participación de la sociedad, ¿qué papel deben jugar sectores que tienen una fuerte influencia en la opinión pública, como los empresarios y los sindicatos?

En todas partes los sectores económicos y los sectores sindicales son muy fuertes. Quizá hay que hacer un llamado para que su mirada trascienda de lo gremial y tengan la posibilidad de ver la realidad social, y en ese sentido creo que debemos comprender que nuevas garantías requieren nuevas responsabilidades. Si los trabajadores están impulsando una agenda de mejora de salarios, de mejora de la salud, de la educación, deben estar conscientes de que eso tiene un precio. Si los empresarios quieren vivir un país con más certidumbre, con menos inseguridad, con más posibilidades de hacer negocios, ese país tiene una responsabilidad que ellos tienen que asumir. Al final de cuentas, la política fiscal tiene esa virtud, de saber a qué le estamos apostando en realidad y a mí me parece que el discurso del sector empresarial y de los sindicatos incluso se parecen, porque todos quieren bienestar, pero tienen que dar un siguiente paso y es en lo concreto, a qué se van a comprometer, porque ese país que se quiere construir no cuesta lo que hoy están financiando a través de lo público.

 

 

En seis preguntas

 

¿Cómo evalúa la ley de responsabilidad fiscal?

Creo que han marcado un poco la cancha de lo que se da a entender por sostenibilidad. Vemos que en el caso de la consolidación en torno a los tres puntos del PIB, entenderíamos que esto debería de hacerse con un mayor peso en el incremento de los ingresos y no tanto del gasto público. Sin embargo, hay otras restricciones en la propia ley que nos apuntan a pensar que la batalla ha sido ganada por aquellos que creen que el Estado debe ser mínimo; por ejemplo, los topes en el tamaño del gasto público. Es muy poco tiempo, para hacer esos ajustes.

 

Para hacer un ajuste fiscal del 3 % del PIB con las condiciones actuales de El Salvador, ¿qué plazo era el más indicado?

En el escenario de El Salvador creo que lo racional sería un periodo de cinco a ocho años para poder hacer las revisiones al sistema de pensiones, que es uno de los elementos que crece sin control, desde la administración pública. Tampoco se ha contemplado los acuerdos en materia del plan de seguridad, no sabemos cuánto cuesta, con certeza, el plan quinquenal, para atrevernos a decir que se puede cumplir con un proceso de consolidación del 3 %. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de acuerdos, porque le agregan cadenas a una política fiscal que ya está muy limitada. Estamos, si no sabemos manejar esa ley, abriendo la posibilidad a un país que va a tener una política fiscal completamente inoperante frente a choques externos, a los desafíos del desarrollo, frente a las necesidades de desarrollo económico.

 

Usted dice que no se ha incluido cuánto costará el plan de seguridad, el plan quinquenal; deja la impresión de que El Salvador necesita un ajuste fiscal mayor al 3 %…

Probablemente. El Salvador necesita un ajuste en su política fiscal, pero hoy por hoy no sabemos cuánto es ese ajuste. No sabemos cuánto cuesta el plan de seguridad, mucha de la carencia de la ley (de responsabilidad fiscal) tiene que ver con que intenta poner restricciones a un número, que no conocemos. Se están poniendo restricciones sobre una política fiscal que es muy débil.

 

¿Se corre el peligro de que no se llegue a cumplir la ley de responsabilidad fiscal por estas mismas restricciones?

Sí, puede ser que este artículo que quedó en la ley, que dice que se puede plantear el no cumplimiento frente a diversos hechos, sea el que más se use. Al no haber una discusión a profundidad de los problemas fiscales, esta ley podría quedar en desuso en la medida en que no se atiendan los problemas graves del país.

 

¿Cree que ARENA fue demasiado inflexible al exigir estas condiciones? Porque prácticamente se aprobó lo que ARENA pidió, basándose en lo que recomendó el FMI en su última revisión del Artículo IV…

Este es un plan que es la recapitulación, podría parecer, del Frente (FMLN), pero en realidad el gran perdedor de esto es la sociedad. ARENA ha utilizado un discurso en el que ha obviado que muchos de los problemas que hoy enfrenta la política fiscal vienen de sus años de Gobierno. Las privatizaciones, el sistema de pensiones, la dolarización, todos esos son problemas estructurales hoy, pero que tienen su origen en un partido que miraba al mundo, y lamentablemente aún ahora, como un espacio donde todo es negocios, y en el que hablar de derechos y de bienestar de la ciudadanía es populista. Creo que esta ley es eso, una recapitulación en detrimento de la sociedad. Claro, el perdedor es el Frente, que no ha sabido tampoco legitimar una alternativa frente a los ciudadanos.

 

¿Y cómo ven la postura del Frente en esta discusión?

Seguimos esperando una propuesta más a profundidad del Frente. No sé, no existe, ¿verdad? Ellos han estado un poco más a la defensiva, en respuesta a las propuestas de ARENA, porque ARENA sí ha presentado un pliego de posibilidades, que ese es uno de los errores del Frente, no legitimar. Ellos están discutiendo al final si van a haber uniformes y zapatos en las escuelas, pero ese debate, si lo hacen a solas, a puerta cerrada, carece de legitimidad frente a la ciudadanía. La batalla perdida en lo político ha sido porque el Frente no ha salido a discutir y no tiene tampoco una alternativa fiscal frente a lo que está proponiendo un partido que sabe que tiene de rodillas a la administración pública.




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