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OPINION

Las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional -sin quererlo o queriendo- han puesto a El Salvador en una posición nada envidiable en relación al orden socio político que representa un gran peligro institucional, y de enormes proporciones.

Existe en la actualidad un enfrentamiento de poderes que amenaza la naturaleza de  la nación entera. La suspensión de las convocatorias a las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa son, nada más  y nada menos, que los primeros síntomas de algo mucho más grande que se avecina. Si para el caso, la Asamblea resuelve ignora las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, estaríamos dando los primeros pasos para  llegar a un Estado sin rumbo, y entrando en un peligroso caos, donde el más fuerte impondría sus criterios con riesgo de llegar a un desorden que afectaría nacional e internacionalmente la credibilidad del estado salvadoreño.

Ciertamente que formalmente las decisiones de la Sala, tienen prioridad para ser obedecidas, pero no es menos cierto que las últimas sentencias han sido seriamente cuestionadas por un sinnúmero de calificados personajes de la vida política y de connotados juristas que han puesto en duda la capacidad visionaria de la sala y consecuentemente, en entredicho la conveniencia de las resoluciones.

La declaratoria de la ilegalidad de los diputados suplentes -sin que nadie lo hubiese pedido- es una decisión que algunos cuestionan  por considerar que se ha cometido una “plus petitio” como se conoce en los términos del derecho.

El hecho de que la Sala haya resuelto contrariamente a lo que resolvió otra sala en 2000, sobre la nulidad de la amnistía, es otra cuestión que produce duda y la correspondiente zozobra en cuanto a la seguridad jurídica. La pretensión de la Sala de inhibir al órgano legislativo de dictar una nueva ley de amnistía para subsanar cualquier error cometido en el pasado, también es un concepto cuestionable, ya que los órganos son independientes entre sí, y ninguno puede intervenir en las decisiones de otro.

Es preocupante la realidad que se presenta –por lo menos teóricamente- en cuanto a la situación política ya que la lucha por el control político del país, en cualquier momento puede degenerar en destituciones de altos funcionarios de uno u otro poder del estado, con argumentos con mucha o poca sustentación jurídica, pero que indudablemente provocarían un peligroso desfase en el equilibrio de poderes que en todo estado moderno hace funcionar al estado con legitimidad. Si tomamos en cuenta que entre los partidos políticos existe una sorda lucha por imponerse ante los otros, y considerando que a ese nivel los políticos se valen de cualquier medio apartando cualquier tipo de escrúpulos, tenemos como resultado una grave situación que puede llegar a empantanar el normal desarrollo del estado.

A estas alturas del desarrollo político del país, quisiéramos pensar que lo que sucede en Venezuela con las destituciones y restituciones de funcionarios, no pasará aca. En El Salvador, por ahora solamente hemos llegado a anular elecciones de altos funcionarios por vicios que se descubrieron posteriormente a las elecciones, tal como sucedió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Cuentas, o de denegación de reelección por las mismas razones. Sin embargo, esos casos no se deberían dar en nuestro país, como no se dan en los países donde se tienen culturas y costumbres más purificadas que las nuestras.

Lo que está pasando en nuestro país no deja de ser un fenómeno histórico que se da en los llamados países subdesarrollados, porque los políticos no solo lo han permitido, sino que se lo han fomentado. Si esto no es asi, pregúntense porqué se juzga a tanto diputado o funcionario por casos de corrupción, o porqué estos tipos reaccionan en forma viceral cuando se les critica  por actitudes en defensa de conductas reprochables. El anuncio irónico de una telefónica, que hizo reaccionar a diputados hasta el extremo sugiriendo suspenderle la concesión, habla por si solo al retratarlos de cuerpo entero.

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