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La probidad es una norma ética que especifica el deber de actuar con honradez, integridad, rectitud y sobriedad de parte de los servidores públicos, la cual adquiere categoría jurídica en el sistema de lucha contra la corrupción. La Ley de Ética Gubernamental conceptúa la corrupción como el uso y abuso del cargo y de los bienes públicos, cometido por servidores públicos, por acción u omisión, para la obtención de un beneficio económico o de otra índole, para sí o a favor de un tercero.

El fenómeno de la corrupción ha adquirido magnitud y complejidad. Frente al mismo es fundamental la promoción de los valores éticos, la transparencia, la rendición de cuentas en la gestión pública y la adecuada aplicación de normativas jurídicas de carácter preventivo y sancionatorio. La erradicación de la corrupción es un objetivo social para garantizar el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

El marco jurídico salvadoreño se ubica en disposiciones de la Constitución de la República, que contempla en el art. 240 normas destinadas a prevenir el enriquecimiento ilícito aplicable a servidores del Estado. Se desarrolla en diversas leyes secundarias, tales como: la Ley de Ética Gubernamental, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley del Servicio Civil, la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, el Código de Trabajo, la Ley de la Carrera Judicial, la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la Ley Orgánica de la Fiscalía General, la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, y la Ley de Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos, conocida por Ley de Probidad.

Por tanto, este fenómeno no podemos atribuirlo a la falta o ausencia de normas, pues el problema estriba en la escasa voluntad política para enfrentar y erradicar las prácticas corruptas. Es conveniente difundir el conocimiento de los mecanismos de impugnación de hechos violatorios de la ética de los servidores públicos, como es el caso de los mecanismos contenidos en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado.

Por su parte, el inciso 4 del mencionado art. 240, dispone: “Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento”. Consideramos que este lapso es muy corto, debería ampliarse a unos 25 años, o bien, ponderar su imprescriptibilidad.

Además, el Código Penal tiene un conjunto de disposiciones que tipifican actos de corrupción, tales como: la concusión, cuando un funcionario abusa de su calidad y obliga a alguien a darle o prometerle dinero; las negociaciones ilícitas, por aceptar comisiones o porcentajes lucrativos, en razón de algún contrato; el cohecho, si recibiere dádivas por actividades contrarias a los deberes del funcionario; defraudación a la economía pública; responsabilidad por no informar o informar falsamente; prevaricato, cuando percibieren sobornos; el peculado, cuando se apropiare en beneficio propio de valores del Estado; la exacción, por imponer u obtener para la administración pública, ingresos no autorizados al aplicar incorrectamente tasas, impuestos o contribuciones; malversación, cuando se diere a los caudales administrados una aplicación diferente a su destino; enriquecimiento ilícito; tráfico de influencias, etc. Asimismo es importante la aplicación normativa contra el lavado de dineros y activos, contenido en la ley especial contra tales actividades.

Los tipos penales en nuestra legislación los encontramos detallados en el Capítulo II del Título XVI del Libro Segundo del Código Penal y en los otros cuerpos de leyes ya referidos.

También en el ámbito internacional existen varios instrumentos jurídicos que contemplan medidas encaminadas a combatir este flagelo; dentro de éstos tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.

La sociedad civil pugna actualmente por una nueva Ley de Probidad, que mejore los estándares éticos, la transparencia y la rendición de cuentas, pilares del Estado Constitucional y Democrático de Derecho. Asimismo, exige  el esclarecimiento de casos de corrupción atribuidos a altos funcionarios, con la diligencia y profundidad necesarias.

 

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