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OPINIONAntes de que los enemigos de la justicia acuerden revertir la inconstitucionalidad de la amnistía, hay que hacer algo con las víctimas de las atrocidades ocurridas hasta antes de enero de 1992 y de la impunidad posterior para sus autores. No solo por los casos individuales sino por el país que, de seguir así, va directo al fracaso. Mientras chillan hasta el ridículo quienes defienden la fenecida ley, mejor proponer lo debido para no desaprovechar este chance.

Primero, que funcione el sistema de justicia‒sobre todo la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial sentando precedentes con los casos publicados por la Comisión de la Verdad. Hace casi 25 años, la moribunda guerrilla y el Gobierno “arenero” acordaron que ese tipo de hechos, sin importar sus responsables, debían someterse a “la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia” para aplicarles “las sanciones contempladas por la ley”. Podría haber indulto, tras una sentencia condenatoria.

Pero si no se hace algo diferente, no cambiará de fondo este país. Encierro, entierro o destierro seguirán como opciones para gran parte de las juventudes nacionales, que sobreviven en intolerables condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, deberán promoverse espacios comunitarios de sanación (ECOS) donde se diga una verdad que quede resonando para que no vuelva a repetirse la barbarie, como ocurrió tras la matanza de 1932. También que resuenen los perdones solicitados por los victimarios y los otorgados por sus víctimas. Perdón al que pida perdón y sanción al que merezca sanción cumplida en beneficio de la comunidad.

El castigo “ejemplarizante” a los que dieron órdenes‒los “imprescindibles” estimulará a que pidan perdón y cumplan su sanción quienes las recibieron: los “prescindibles”. Quien participe en los ECOS de la verdad y la sanación social, abajo y adentro del doliente El Salvador, deberá hacerlo con la suficiente información sobre lo que puede esperar y el claro conocimiento de la oportunidad que este ejercicio representa para curar la profunda herida nacional.

Con el necesario apoyo psicosocial, victimarios y víctimas serán sus principales protagonistas conscientes de que ese será el punto de encuentro del arrepentimiento de aquellos con la generosidad de éstas, que crecerá al saber la verdad.

Bien hecho, sin trampas ni dobleces, así se reducirá la opción de usar la justicia “tradicional” que necesita tribunales y tribunos, normas y formalismos inentendibles para la gente pero que por ser un derecho fundamental no puede negarse, imponiendo por ley una falsa “reconciliación” que solo alcanza para los de siempre: las altas jerarquías de uno y otro bando.

Si marchan bien los dos primeros recursos de esta propuesta, el tercero será menos utilizado. Pero para las víctimas que opten por utilizarlo, las tres instituciones integrantes del Ministerio Público diseñarán en conjunto una estrategia que facilite responder a sus justas demandas.

Para ello, deberá conseguirse toda la contribución posible de la sociedad: de universidades, iglesias, empresa privada, asociaciones de servicio a la comunidad, organizaciones y más. También de la “comunidad internacional”, cuya cooperación únicamente será brindada si le brindan las certezas y garantías de que ahora la cosa va en serio.

Hoy éste es el gran desafío para sacar al país del peligroso sendero hasta ahora recorrido: el pavimentado por el hambre, fruto de un precario desarrollo humano por la desigualdad, la exclusión y la corrupción. Sendero, además, encharcado‒ayer y hoy y quizás mañana por la sangre que derraman los sectores siempre víctimas de violencias atroces, políticas y sociales o derivadas de estructuras criminales.

Manejado por la derecha o por la izquierda, El Salvador ha transitado ese camino tras el fin de la guerra hasta el pasado miércoles 13 de julio; camino encementado con material pernicioso que ya comenzó a romperse: la impunidad sobre la cual nacen, crecen y se reproducen el hambre y la sangre. En cuatro palabras, las que acordaron los firmantes una paz que solo sirvió para su beneficio, se resume el reto: “superación de la impunidad”.

Habrá que redactar y aprobar una buena legislación que contemple ésta y otras propuestas complementarias entre sí, si las hay. También juntar un equipo independiente y operativo para terminar de pulirla y después compartirla; inicialmente por separado con víctimas, organizaciones sociales, iglesias, partidos políticos, instituciones integrantes del sistema de justicia, militares, exguerrilla, organismos intergubernamentales y cuerpo diplomático.

¿Amenaza u oportunidad? Lo primero, solo para quienes se saben culpables; oportunidad, sí, para las mayorías populares que‒culpa de esos culpables‒ no disfrutan la paz prometida. Recordemos al gran Lennon: no le sigamos negando esta oportunidad a la paz…

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