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Política

ANEP: Gobierno usa agua de arma para opacar caso Funes

Yolanda Magaña

lunes 18, junio 2018 - 9:13 pm

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) aseguró hoy que el Gobierno “no quiere aprobar una Ley de Agua porque quiere utilizar el tema del agua como un arma político electoral para opacar la noticia de corrupción” sobre el expresidente Mauricio Funes.

El director de asuntos económicos de la ANEP, Waldo Jiménez, dijo que siempre que el Gobierno ha querido aprobar una normativa siempre lo ha logrado. Mencionó aprobaciones de presupuestos, reformas a más de 20 leyes y aprobaciones de impuestos. “Ha tenido nueve años para aprobarla”, observó.

Jiménez detalló que, como parte de su plan de ocupar el tema como un “instrumento político electoral”, conformó una mesa de diálogo entre abril y julio para la elaboración de un proyecto en la cual lograron acuerdo “en todo” excepto en las tasas. “Pero todo lo demás de la ley hubo acuerdo con el gobierno, pero como eso fue una sorpresa lo que hizo el gobierno fue retirarse”, relató.

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Ese acuerdo, en el cual se habría retirado el Gobierno, habían acordado una autoridad hídrica conformada por siete directores: dos propuestos por la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures), dos propuestos por el sector privado y tres propuestos por el Gobierno.

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Según ANEP, el Gobierno pretende tener una mayoría en la Autoridad Hídrica para “mejorar su posición electoral dando permisos de agua aunque sean insostenibles o atacar a los contrarios quitándoles permisos de agua”.

Javier Argueta, asesor legal de la ANEP, sostuvo que el Gobierno pretende usar la Ley General de Aguas como una estrategia para cohesionar a la población enfrentándola con el sector privado. “Aún estando en el Gobierno quieren mover las masas no a través de buenos servicios públicos, a través de un pleito con el sector privado, un pleito sin fundamento, quieren fortalecerse electoralmente, quieren alejar todo aquello que les afecte, la corrupción del presidente Funes, pero eso no es serio”, dijo.

Argueta indicó que “no se puede privatizar el agua” y citó una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la cual amparó a una comunidad y le prohibió a una alcaldía del FMLN cobrar el agua que la comunidad estaba extrayendo. Leyó parte de la sentencia: “Por tanto, se insiste, en función de su utilidad, los bienes de uso público no pueden ser objetivo de apropiación privada, ya sea por enajenación a los particulares o por adquisición en virtud del paso del tiempo”.

¿Privatización?

Los representantes de la ANEP no ven como privatización la participación de dos miembros, de un total de cinco, representantes elegidos por la ANEP en la junta directiva de la Autoridad Hídrica, aunque reconocieron que con dicha participación buscan incidir en las decisiones de la Autoridad Hídrica.

De acuerdo a Jiménez, instituciones autónomas estatales no están privatizadas solo por la participación de un miembro nombrado por la ANEP. Para él, la sospecha es ética, sobre si esos miembros son “privatizadores”.

Conformación actual del directorio de la ANDA:

 

 

Ambos rechazaron que se replique el modelo actual de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), cuyo directorio es conformado por cinco representantes del Gobierno, de un total de seis. “El modelo de Anda es un modelo que no queremos y no quieren los ciudadanos”, reiteró.

“Si verdaderamente hay discusión estamos dispuestos a ir a la Asamblea Legislativa pero nosotros invitamos al fiscal general de la República a que siga con las investigaciones para que el presidente Funes pueda ser extraditado”, afirmó.

 




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