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Editorial & Opinion

Apoye las cuatro causales pro vida

Werner Peña / Economista investigador Icefi @whpena

jueves 22, febrero 2018 - 12:00 am

Cuando platico con algún extranjero sobre el aborto en El Salvador y le comento que está absolutamente prohibido se asombra. Se asombra porque en pleno siglo XXI, el país sigue aplicando políticas públicas basadas, en última instancia, en preceptos religiosos. Se asombra porque, a pesar de que organismos como la ONU o Amnistía Internacional han catalogado la prohibición absoluta del aborto como una forma de tortura, en el país hay personas que siguen promoviendo su total prohibición. Se asombra porque hay al menos 30 mujeres encarceladas muy probablemente de forma injusta. Se asombra porque alguien que asesinó y descuartizó a una persona recibió una condena de 11 años de prisión; mientras que Teodora recibió inicialmente una condena de 30 años por un aborto espontáneo.

No crea que la prohibición absoluta del aborto hace que las mujeres no aborten. Según el estudio «Global, regional, and subregional classification of abortions by safety, 2010–14: estimates from a Bayesian hierarchical model» en Centroamérica la cantidad de abortos estimada para el período 2010-2014 fue de 1 millón 300 mil. De estos abortos, el 81.6% fueron catalogados como inseguros, es decir, se puso en riesgo la vida de las mujeres. El estudio muestra cómo, en los países con restricciones severas del aborto, la proporción de abortos inseguros es aproximadamente del 75%, mientras que, en países en los que el aborto es permitido por razones de salud física, salud mental y/o razones socioeconómicas, el porcentaje se reduce a 57.9%. Finalmente, en los países en los que no hay restricción, los abortos inseguros únicamente representan el 12.6% del total de abortos.

Por otra parte, existen estudios que muestran que la posibilidad de abortar de forma segura está correlacionada con el estatus socio-económico en países donde existe algún tipo de restricción. Por ejemplo, de acuerdo al estudio «Characteristics of women obtaining induced abortions in selected low- and middle-income countries» la prevalencia del aborto es mayor en mujeres con un nivel socioeconómico alto, lo cual podría deberse a que las mismas tienen un mayor acceso a información y recursos para llevar a cabo un aborto que no ponga en riesgo su vida. Una conclusión similar es alcanzada en un estudio publicado por la Brookings Institution, uno de los principales centros de pensamiento de Estados Unidos.

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La prohibición absoluta del aborto es una expresión más del universo de inequidades que el país sufre. Por ejemplo, cuando la vida de una mujer con recursos económicos abundantes se ve amenazada por un embarazo de alto riesgo, ella tiene la oportunidad de decidir si seguir con el embarazo o abortar de forma segura en El Salvador –clandestinamente– o en el extranjero. Cuando la mujer pertenece a los estratos de menores recursos, las limitadas opciones tienen en común, poner en riesgo su vida: o  se somete a un aborto inseguro o continúa con su embarazo de alto riesgo. La muerte de Claudia Veracruz –documentada por El Faro– muestra esta terrible dualidad que las salvadoreñas más pobres deben afrontar.

Nuestro país debe avanzar hacia la reducción de toda fuente de inequidad social, y los datos muestran que la prohibición absoluta del aborto es una de ellas. Por ello, es importante apoyar al movimiento que promueve la despenalización del aborto en 4 causales –por trata de personas, riesgo de muerte de la madre, vida extrauterina inviable, niñas víctimas de abuso sexual–. Esta despenalización le brindaría a las mujeres el poder de elegir continuar con su embarazo o interrumpirlo si así lo desean.


En plena campaña electoral, es importante exigir que nuestros representantes en la Asamblea Legislativa se comprometan a abordar los principales problemas del país, al tiempo que se comprometen a retirar de nuestro ordenamiento jurídico aquellas disposiciones que atentan contra el derecho de las mujeres a decidir. Una medida de este tipo debe complementarse con el acceso a la educación sexual y reproductiva, así como acceso a servicios de salud pública de calidad. Este es el tiempo para exigir políticas públicas que promuevan una sociedad más equitativa.




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