Cerrar [X]

Editorial & Opinion

Apuntes sobre nueva Ley Administrativa

Armando Rivera Bolaños / Abogado y notario

martes 26, diciembre 2017 - 12:00 am

Allá en mi pueblo natal solían decir que “Santo recién llegado, siempre es muy venerado. Pero después de tres días lo arrinconan en el último cuarto de la casa”. Si eso puede pasar con una imagen de la fe católica, algo similar sucede con las leyes. Cuando los diputados aprueban una nueva ley, crecen las expectativas, algunos magistrados alaban el nuevo instrumento legal y abundan los abogados que critican lo nuevo, con o sin razón fundamentada en la doctrina o la jurisprudencia. Pero después de ciertos meses, nadie comenta la nueva ley y por imperio de la misma nos vemos sujetos a cumplirla sin objeciones. Esta vez, trataremos de ser puntuales en comentar, brevemente, la recién aprobada “Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”, basándonos en la charla que nos impartiera recientemente en el Círculo de Abogados Salvadoreños (CAS), el licenciado Salvador Meléndez, uno de los miembros de la Comisión Relatora de la misma.

Sabemos que el derecho es una ciencia cultural que camina al paso del tiempo, previendo siempre el futuro, pues rige la conducta cambiante de las sociedades humanas y, por esa dinámica, debe innovarse, modificándose permanentemente, o derogando aquellas normas inaplicables para una determinada época histórica, o humana si queremos llamarla así. Por tanto, nuestro punto de partida es que la actual Ley Contencioso Administrativa data desde 1978, o sea, que en 2018 tendría una vigencia de cuarenta años, tiempo en el cual nuestro país, nuestra sociedad, ha variado en muchísimos aspectos que no viene al caso comentar. Al ser obsoleta la ley anterior eso motivó, en forma imperativa y urgente, derogarla y aprobar esta nueva que entrará en vigencia el último día de enero entrante. Sin embargo, aquí viene la primera innovación: a partir de esa fecha, todo trámite legal basado en esta ley contencioso administrativa requerirá de procuración obligatoria, es decir, de asistencia profesional ejercida por un abogado, conocida por “asistencia letrada o preceptiva”, sin cuyo concurso el tribunal correspondiente no le dará ningún trámite. Asimismo, antes todo el trámite y diligencias conexas en lo contencioso administrativo se efectuaba de forma escrita. La nueva ley introduce las audiencias orales, como en el Derecho Procesal Penal. Un colega que se dedique a esta clase de litis, deberá conocer las técnicas de oralidad, sin perjuicio de presentar las pruebas documentales pertinentes. La audiencia oral presupone otras características conexas como preparación del interrogatorio y contrainterrogatorio, la inmediación del juzgador y las partes, así como otros actos conexos que resultaría tedioso comentar en este breve espacio.

La ley derogada establecía que todo juicio contencioso administrativo debía elevarse o interponerse ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la Corte Suprema de Justicia. La nueva normativa deja establecido que inicialmente funcionarán cuatro juzgados con la siguiente distribución: dos en Santa Tecla, uno en San Miguel y otro en Santa Ana, con su delimitación de territorio y jurisdicción, además de una sola Cámara para todo el país

publicidad

Alzadas superiores (casación) serán siempre propias de la Sala (que confiamos se libere pronto de una mora que se calcula en más de dos mil juicios aún pendientes). Con esta nueva disposición o creación de tribunales se trata de descentralizar, dinamizar y economizar el procedimiento contencioso administrativo, mismo que siempre ha sido tradicional que camine “a paso de tortuga “.

Habrá tres clases de procedimientos: uno abreviado, hasta por la cantidad tope de 250 mil dólares; el común, desde 250 mil un centavo hasta 500 mil dólares y el de Primera Instancia, que conocerá la Cámara única por montos de 500 mil un centavo y más dólares, además de los recursos de apelación.

La nueva ley rige para toda la administración pública salvadoreña, incluyendo cuestiones municipales no tributarias, con plazos que deben cumplirse de forma obligatoria por los juzgadores. Posiblemente no estemos ante una ley perfecta, como toda obra humana se le podría encontrar errores, omisiones o situaciones que riñan con la Constitución de la República, pero es susceptible de correcciones y “tachaduras”, que nos ayuden a encontrar mejores y prontas soluciones a los conflictos que se suscitan frecuentemente entre la sociedad y la administración pública, como sucede en cualquier parte del mundo.



RECOMENDACIÓN DE LA REDACCIÓN



Opine y Comente

Diario El Mundo abre este espacio de opiniones para que se pueda debatir, construir ideas y fomentar la reflexión. Por eso, pedimos que se evite hacer uso de ataques ofensivos, que incluyan malas palabras, de lo contrario nos reservamos el derecho de publicación.

Recuerde que este es un medio que está para generar opinión constructiva.