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Política

Asamblea aprueba unánimemente Ley de Procedimientos Administrativos

Yolanda Magaña

viernes 15, diciembre 2017 - 4:40 pm

La presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Dafne Sánchez, y el director del OMR, Jaime Campos, en la Asamblea. Foto: Óscar Machón.

La Asamblea Legislativa aprobó hoy la Ley de Procedimientos Administrativos que permite agilizar trámites en las instituciones del Estado y uniformar procedimientos para resolver conflictos entre el Estado y ciudadanos.

La ley se aplicará en todas las oficinas del Estado e incluso en las alcaldías.

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René Portillo Cuadra, diputado por ARENA, explicó que más que abrir ventanillas para facilitar trámites, la normativa limita el poder del Estado, regula el debido proceso legal del ciudadano frente a la administración pública y limita “esa forma desmesurada” en que muchas instituciones “pisotean” los derechos de los ciudadanos.

Portillo Cuadra cree que, por ello, esta ley no es solo para las empresas, sino para todos los ciudadanos.

Algunas disposiciones de la nueva normativa son:

  • Eliminación de requisitos innecesarios: la Administración Pública no podrá exigir documentos emitidos por la institución que los solicita ni requisitos relativos a información que dicha institución posea o deba poseer.
  • Tampoco podrán exigir documentos proporcionados con anterioridad o de uso común que obren en registros públicos o dependencias encargadas. Por ejemplo, para la construcción de un edificio, no podrán exigir estudios de tráfico o de impacto ambiental si el Estado tiene esa información.
  • Las instituciones públicas deben intercambiar información para comprobar algún dato mediante tecnologías de información si tienen acceso.
  • Las instituciones potenciarán la creación de unidades para que las solicitudes no lleven incorrecciones y eso evite aprobaciones de trámites.
  • En donde sea necesaria la intervención de varias instituciones para autorizar el desempeño de actividades empresariales o profesionales, se podrán crear ventanillas únicas.
  • Si una institución se declara incompetente para resolver un asunto, remitirá el caso a la institución pública competente.
  • Los servidores públicos no podrán intervenir en un procedimiento cuando sean parientes de los interesados, administradores o entidades o sociedades interesadas, o de los asesores, representantes legales o mandatarios.
  • Derecho a la indemnización: son indemnizables los daños de cualquier tipo, patrimonial, físico o moral, a consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administración Pública.
  • Responsabilidad penal y civil del personal público se exigirá y no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial.
  • El procedimiento administrativo puede terminar por resolución expresa, por silencio administrativo positivo o negativo, desistimiento, renuncia o declaración de caducidad.
  • Los términos y plazos del procedimiento administrativo son obligatorios y perentorios para la administración pública y los particulares.

“Estamos hablando de toda la administración pública. Contempla los diferentes aspectos, de tal manera que el reto en esta ocasión es que los ciudadanos se empoderen a efecto de tener una verdadera justicia administrativa”, afirmó Jaime Valdez, diputado por eel FMLN.

“Dejar claro los procedimientos en la administración pública, quitamos aquellos obstáculos que a veces bajo criterio de los funcionarios se establecían”, reconoció.

La diputada Margarita Escobar, de ARENA, aseguró que aprobaron la “Ley de facilitación de trámites aduanales” y la “Ley de facilitación de trámites administrativos” fueron vetadas por el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

“Definirá la eficacia de las administraciones administrativas, la responsabilidad patrimonial de los funcionarios y principios y garantías del régimen sancionador. Es importante recalcar los principios de esta ley, la legalidad, no más abusos en las interpretaciones de leyes por parte de un funcionario público, la proporcionalidad, la eficacia, la celeridad”, expresó.

Escobar aseguró que no pueden pedirle a un ciudadano 20 copias de un documento que emite la misma institución que le está pidiendo el documento.

La diputada reiteró que el trato al ciudadano debe ser con decoro y transparencia.

El diputado René Portillo Cuadra resumió así la nueva normativa:



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