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Política

Asamblea no cumple orden de subir rentabilidad: magistrado

Yolanda Magaña

viernes 28, julio 2017 - 12:02 am

Sidney Blanco, uno de los cuatro magistrados que firmaron la resolución sobre los CIP. / DEM

El magistrado Sidney Blanco aseguró que la Asamblea Legislativa no ha cumplido con una sentencia emitida hace casi tres años que le exigía aumentar rentabilidad de los fondos de pensiones invertidos en los Certificados de Inversión Previsionales (CIP).

“La Asamblea Legislativa no atendió los fundamentos contenidos en la sentencia, sino que al contrario los infringió, los contradice abiertamente. No solo no ha cumplido con subir la tasa de interés sobre los dineros que presta al Gobierno, sino que además incrementa el porcentaje de dineros que están obligados las AFP a prestarle al Gobierno”, afirmó, en su programa de radio cadena Mi Gente.

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Blanco se refirió a la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 23 de diciembre de 2014 en la cual declaró inconstitucional la aplicación de la tasa Libor en los certificados.

Recordó que la Sala ordenó a la Asamblea que “realizara una serie de negociaciones al interior para que mejorara la tasa de interés de los trabajadores y asegurarle una mejor rentabilidad”. “Ha transcurrido ya casi tres años y la Asamblea ha mejorado no más que 1 o 2 %, distanciándose mucho de la tasa de interés que paga a otros deudores, generando un perjuicio a los ahorros de los trabajadores”, aseguró. Señaló que es “infinititamente inferior” a la pagada en créditos.


La diputada Norma Guevara, del FMLN, criticó en su cuenta de Twitter al magistrado, diciendo que Blanco “confiesa su desinterés por los jubilados y su servicio al negocio de las AFP”.  Según Guevara, el magistrado “miente” al decir que la Asamblea incumple la resolución sobre la tasa de interés porque se paga 4.5 %.

 

Defiende sentencia

El magistrado defendió la resolución de la Sala de lo Constitucional en la cual dejó sin efecto la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP)

Blanco aseguró que la administración de los fondos de pensiones “es un asunto de interés social” y los criterios deben procurar “seguridad, liquidez, diversificación de riesgo y rentabilidad” de dichos fondos. “Aunque permitiría al Gobierno cumplir con las obligaciones previsional con los jubilados en el sistema público, la reforma es contraria a los intereses de los trabajadores”, afirmó.




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