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Nuestro país, como toda sociedad, ha edificado una compleja historia política, económica, social y cultural marcada con particularidades propias, que han limitado y ajustado nuestro espacio vital, destacándose: estrecho suelo densamente poblado y ocupado de manera desequilibrada en su distribución territorial; muy escasos recursos naturales tanto minerales como hídricos, y disponemos de otros recursos insuficientemente aprovechados; extrema sobreexplotación, y falta de manejo de la exigua naturaleza forestal disponible; alta vulnerabilidad producto de la depredación, falta de planificación, control, educación y conciencia; y una alta variabilidad climática que en ocasiones trae intensos ciclos de lluvias tropicales provocando inundaciones, aluviones y grandes pérdidas humanas y materiales o ciclos de sequías extremas con falta de humedad para la producción, perdiéndose cosechas enteras.

Los sociólogos tendrán una opinión más calificada, pero es indudable que las condiciones descritas han tenido un enorme impacto en nuestra formación, imponiéndonos retos que nos han generado -como a cualquier grupo humano- un elevado y competitivo espíritu de sobrevivencia y adaptación tanto individual, grupal y de nación; lo que a su vez, nos ha dado el honorífico reconocimiento de ser un pueblo muy apreciado por su alto espíritu emprendedor y laborioso; o dicho popularmente, “gente que se rebusca”.

A las limitaciones naturales propias debemos sumar las barreras que nosotros mismos, como grupo humano, edificamos y nos impusimos como sociedad. Una de las más importantes fue la falta de democracia, cuya evolución fue muy lenta y marcada por décadas y extensos periodos impositivos y dictatoriales que afectaron nuestro desarrollo institucional; de hecho, el hito más significativo después de la independencia patria han sido los Acuerdos de Paz, logro sin precedentes que involucró a todos los actores nacionales, y a la misma comunidad internacional, y que solo pudo alcanzarse después de largos periodos de conflictividad política y social.

Esta tardía ruta de construcción democrática, generó un lánguido proceso de edificación y fortalecimiento de nuestras instituciones. Baste enumerar como ejemplos de esa afirmación la aún incompleta transformación del sistema electoral; el todavía precario sistema municipal y el conjunto de instituciones vinculadas al desarrollo local; la exagerada distancia entre los resultados de gestión del sistema judicial y el presupuesto nacional que consume; la necesaria reingeniería del sistema penal; el débil sistema legal de recaudación tributaria carente de herramientas para disminuir a niveles aceptables la evasión y elusión fiscal; el insuficiente y disperso marco normativo para el sistema contralor que trascienda  las cuentas y se enfoque en metas y resultados de gestión; y sobre todo, en la actualidad, el incipiente tejido de organización social y de participación ciudadana que aporte un sistema organizativo que logre empoderar a la población y convertirla en constructora de su propio destino, acorde a las demandas del momento que vive el país.

El tardío progreso democrático afectó profundamente y por decenios el avance de nuestro sistema educativo, distanciándolo de la excelencia académica y sobre todo de las necesidades evolutivas del país en sus distintas áreas de desarrollo científico, técnico, político, económico y social; limitando con ello, además, el establecimiento de un enfoque de educación para la vida que provea de las herramientas cívicas, principios, valores, tan necesarios para enfrentar los retos de nuestros tiempos.

Si partimos de un análisis profundo y amplio en el tiempo de las limitaciones expuestas, tienen que preocuparnos los visos de retroceso en sendos temas de debate país. A cualquiera con mediana inteligencia le calzaría la idea de la urgente reforma de nuestro sistema de pensiones en una clara dirección que beneficie a los trabajadores con una pensión digna y vitalicia, la pasión debemos ponerla en la solución y no en la politización; la necesidad de un urgente, público y transparente debate de un aumento al salario mínimo acorde con las necesidades de crecimiento y expansión económica; así como la imprescindible mesura con la que debemos asumir los compromisos del país en el cumplimiento de requerimientos de organismos internacionales, como los de la Organización Internacional de Policía Criminal, dejando a la justicia la solución definitiva de la procedencia o no de una extradición, en la que deberá resolverse inicialmente la contradicción entre los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de 2011 y los de la Sala de lo Constitucional de 2015, relativos a los alcances de la notificación roja de la Secretaría General de Interpol.

Desmontar las barreras que limitan el desarrollo de nuestra sociedad pasa por asumir plenamente la democracia y su necesaria profundización como modo de vida, por asumir el pleno ejercicio del derecho como regla de convivencia, más allá de si nos agradan o no sus resultas, y de desplegar los más amplios mecanismos de diálogo, tolerancia, entendimiento y participación ciudadana, teniendo por meta construir una sociedad productiva, educada y segura.

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