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Editorial & Opinion

Atacando a la Sala de lo Constitucional

Dr. Mauricio E. Colorado / Abogado

lunes 18, diciembre 2017 - 12:00 am

Es público. El FMLN, por medio de algunos de sus funcionarios, entre ellos diputados y el propio presidente de la República, han expresado sus inconformidades contra la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por su fallos conformes al texto constitucional, pero al mismo tiempo alejados de resoluciones caprichosas de funcionarios administrativos de los órganos ejecutivos y legislativos que se apartan de lo que dispone la ley máxima de la República. Esto es: LA CONSTITUCIÓN.

De hace algunos días para acá, y posiblemente tomando en cuenta las encuestas que proliferan al acercarse la época electoral, se refleja un decaimiento en el entusiasmo por el “cambio” ofrecido por el partido actualmente en el poder, que lejos de llenar las expectativas de los votantes han dejado una decepción frustrante ante la población que realmente esperaba una mejoría substancial en su condición de vida y que, por el contrario, sólo han percibido mejoría en la alta dirigencia del partido oficial.

Dicho lo anterior, no nos sorprende las declaraciones de algunos altos funcionarios del Frente ofreciendo que procesarán a los actuales magistrados de la Sala por resolver recursos en forma contraria a lo que los funcionarios administrativos decidieron en el ejercicio de sus funciones, que se salieron de lo que la Carta Magna dispone sobre los respectivos temas, tal como se los manda el cargo que desempeñan. Ignoramos si la amenaza será cumplida o se quedará en una simple amenaza, porque si existe una real violación de ley o si se ha cometido algún delito, no se debería esperar a que terminen su período de magistrados para el que han sido electos.

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Expresiones tales como “Los tenemos en la mira “ son impropias de altos funcionarios, y solo denotan un regreso a un pasado oscuro en donde la sociedad de entonces se regía sin leyes, o mas bien, por la ley del más fuerte, y la ley de las armas, las cuales callaron con base en los acuerdos de Chapultepec, México, en 1992.

Debemos de tener en cuenta que la Sala de lo Constitucional actual no ha sido impuesta por ninguna fuerza extraña a lo que manda nuestra legislación. Por lo tanto, no existe razón alguna para rechazar lo que resuelvan, nos guste o no.


Lo que ahora está ocurriendo a nivel político, a nivel nacional, tiene preocupado al sistema jurídico nacional, al igual que al sistema político, ya que la presente Sala termina funciones a mediados del otro año, y habrá que elegir otra. Y para tal efecto ya se cuestiona el método que se sigue para elegir a los magistrados a escogerse, a lo que se suma las amenazas externadas a la actual Sala, porque a nadie puede estimular o ambicionar un cargo por siempre honroso, ahora supeditado a la aprobación de un partido político y no a una correcta interpretación de una norma jurídica.

Valga como ejemplo lo ocurrido en Nicaragua, Bolivia  y Honduras con el tema de la reelección presidencial donde, a pesar de una disposición constitucional, expresa que prohíbe tal figura. Una Corte Suprema sometida a la autoridad Ejecutiva “interpreta” que tal disposición no debe aplicarse. Resultado de semejante desafuero tenemos a un Daniel Ortega reelecto tres veces (ya superó a Somoza), un caos a punto de convertirse en guerra civil en Honduras, y una dictadura en ciernes en Bolivia.

Ante las amenazas expresas a los abogados magistrados nos preguntamos si a quienes podrían calificar como candidatos independientes para tan elevados cargos, les podrían amedrentar tales amenazas partidarias, o de alguna forma podrían incidir en las voluntades de los magistrados que accedan a llenar las vacantes de quienes han dejado una marca de honorabilidad e independencia en la actual Sala, a la cual saludamos por su profesionalismo.




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