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PABLO

Archivo DEM

El secretario general de la ASIET, Pablo Bello, reconoce la importancia de los planes de banda ancha para darle predictibilidad al sector de las telecomunicaciones, pero afirma que, por sí solos, no son la solución. Es vital que haya liderazgos políticos que cohesionen y sean coherentes.

Un estudio de ASIET publicado en 2013 indica que El Salvador es uno de los países de América Latina que no tienen un plan de banda ancha. ¿Sigue el país sin un plan de este tipo?

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En el estudio de ASIET se señala que Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Cuba no habían generado planes de banda ancha o proyectos de una envergadura similar. La revisión al día de hoy, nos muestra que Honduras publicó en octubre de 2013 su Agenda Digital 2014 – 2018; Nicaragua planteó, en mayo del presente año, la discusión de un proyecto de ley con notables deficiencias que finalmente no fue presentado y en junio pasado Cuba presentó su Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura de Conectividad de Banda Ancha.
En lo que respecta a El Salvador, no existe información pública relativa a la intención de generar un plan de banda ancha específico para el país. No obstante, la SIGET ha participado de manera activa en las actividades del Comité de Normalización de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones (COMTELCA), en el cual se revisan y analizan algunas propuestas relacionadas con los planes de banda ancha a nivel regional. Esto puede ser un buen indicio, pues hemos visto que el diálogo constante en foros formales es primordial para la generación de este tipo de planes y la consideración de propuestas surgidas desde los diversos grupos vinculados con el tema: empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, la academia y la ciudadanía en general.

¿Qué implicaciones tiene para el país no tener un plan de banda ancha? ¿Qué pasaría si no se diseña uno?

La existencia de un plan de banda ancha funciona, en primer lugar, como un mecanismo que permite conocer con claridad cuál es la perspectiva que se tiene a nivel nacional respecto a la importancia de los servicios de internet para el cumplimiento de objetivos particulares vinculados con el desarrollo del país. En segundo lugar, un plan de banda ancha constituye un instrumento de política pública, fundamental para la planeación de las actividades dirigidas a incrementar la conectividad y para la evaluación de los avances e impactos que se van obteniendo con el paso del tiempo en el sector. Adicionalmente, los planes de banda ancha han demostrado ser un elemento central en las relaciones que se generan entre los sectores público, privado y social para el desarrollo de las telecomunicaciones. Con base en ellos se generan compromisos y se delimitan responsabilidades respecto al papel y el desempeño que cada actor debe tener en el marco del ecosistema digital. Tomando en consideración todo lo anterior, identificamos que la inexistencia de un plan nacional tiende a restringir las expectativas de crecimiento en la oferta de servicios de banda ancha. Ante la falta de certidumbre y compromisos claros en el cumplimiento de objetivos; frente a la indefinición en torno a las acciones que se requieren realizar para la reducción de la brecha digital; la ausencia de un plan general limita la participación de los diversos actores en el desarrollo de medidas y prácticas positivas para impulsar la conectividad y la consolidación de la sociedad de la información. Pero es necesario señalar que un plan por sí solo no es suficiente. Los países que han avanzado más rápidamente en el cierre de la brecha digital son aquellos que tienen planes ambiciosos, que tienen liderazgos políticos bien definidos con respaldo presidencial, y que son capaces de convocar a todos los actores relevantes, en particular a las empresas del sector, a trabajar alineados en la misma dirección. Ello requiere la construcción de confianzas fundamentales entre los actores y una coherencia esencial entre lo que se dice y las políticas que se ejecutan. No sirve de nada anunciar un plan, por ejemplo, si al día siguiente se establecen impuestos arbitrarios e inconsultos a los servicios de telecomunicaciones.

A juicio de la ASIET, ¿qué aspectos debe incluir un buen plan de banda ancha?

En todo el proceso del plan de banda ancha, desde el diseño, la elaboración, el financiamiento y el desarrollo de éste, se requiere que tanto el Estado como los operadores participen en cada una de las labores referidas a través del diálogo público–privado en todas las instancias. La política pública de telecomunicaciones debe asumirse como tal por cada país, tomando en cuenta que es tan relevante como la de otros sectores y que se complementa con estos de manera transversal. En el plan deben establecerse acciones de capacitación para la población de todos los estratos económicos, la creación de contenidos nacionales, el desarrollo de planes para pequeñas, medianas y micro empresas, así como la mejora de la administración digital. En este último punto, la implementación de aplicaciones de e-government (gobierno en línea) ha mostrado generar notables resultados en cuanto al desempeño de las autoridades. Los planes de banda ancha deben expresar objetivos claros y precisos, que sean ambiciosos pero realistas, de conformidad con las condiciones socioeconómicas de cada país y sustentados en un diagnóstico preciso. Desde el diseño requieren establecer los criterios que permitan su monitoreo, evaluación y revisión, con metas que no sean inamovibles, pero que se asuman con responsabilidad. Es imprescindible realizar un análisis económico puntual respecto a las necesidades de inversión que se requieren, tomando en consideración el despliegue tecnológico y de infraestructura necesaria en cada país. Cada objetivo estipulado debe estar vinculado a una memoria económica para su cumplimiento, que indique la manera en que participarán los sectores público y privado. ASIET ha expuesto continuamente los beneficios de un modelo de colaboración que combine la inversión pública con la privada y que ha demostrado generar beneficios para todos los que participan en él. En este esquema resulta primordial maximizar el aprovechamiento de los recursos evitando que el Estado desperdicie su presupuesto al desplazar al sector privado en la inversión en proyectos que le resultan rentables (“efecto crowding out”). Debe buscarse generar el despliegue del mercado que sea posible y la participación del Estado que sea necesaria. Los planes de banda ancha deben considerar aspectos fiscales que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos programados. La aplicación de una política fiscal que promueva la reducción o eliminación de tributos directos alternativos, la armonización de los tributos nacionales y de otros específicos del sector ha demostrado ser un mecanismo central en el crecimiento de la inversión, la conectividad y los beneficios económicos y sociales derivados de estos. La disponibilidad de espectro y las facilidades para el despliegue de infraestructura constituyen aspectos centrales en la estructuración del plan y sus metas a futuro. Ambas variables, al no ser atendidas, podrían entorpecer las expectativas de crecimiento del sector, limitar las capacidades para otorgar servicios e inhibir los incentivos de inversión.

En las estadísticas que se presentan, El Salvador se encuentra entre los países con menor porcentaje de hogares con acceso a Internet, y conexiones fijas de Internet, ¿a qué se debe esto? ¿Se puede atribuir netamente a la falta de un plan? Por el contrario, está bien posicionado en conexiones móviles a Internet. ¿Puede perderse esta posición si no hay un plan?

La existencia de un plan de banda ancha contribuye a la correcta planeación e implementación de una política pública en la materia y es un aspecto que impulsa el desarrollo de las telecomunicaciones; sin embargo, la ausencia de este instrumento no podría considerarse como un aspecto único que sea determinante para los límites del desarrollo de la banda ancha fija en el país. En general, a nivel mundial, el despliegue de la banda ancha fija ha tenido un crecimiento notablemente menor en comparación con la banda ancha móvil. En el Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2015, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se observa que para el año 2013, la penetración promedio de banda ancha móvil en los países de la OCDE fue de 79% y de banda ancha fija de 29%; en el caso de América Latina estos indicadores fueron de 30% y 9% respectivamente. De los 18 países de la región analizados por CEPAL, 16 tienen mayor penetración de banda ancha móvil que fija (Perú y Nicaragua son los países que mantienen una configuración diferente) y en el agregado de países se observa que la modalidad fija creció 5% y la móvil 22%, entre 2006 y 2013. Lo anterior nos permite observar que El Salvador mantiene una tendencia similar, pero menos marcada, en la diferenciación entre estos servicios. Según datos de la UIT para el año 2013 en el país existían 4,5 conexiones a banda ancha fija y 6 conexiones a banda ancha móvil por cada 100 habitantes. Considerando ambos tipos de conexión, se encuentra considerablemente por debajo del promedio en la región, superando en el 2013 —con estrecho margen— a Paraguay, Guatemala, Perú y Nicaragua. La difusión más amplia que ha tenido la telefonía móvil en comparación con la fija se explica fundamentalmente por la mayor cobertura de las redes móviles y por la variedad y asequibilidad de dispositivos móviles.
Precisamente, la configuración y complementariedad de ambos mercados para un funcionamiento óptimo que permita el cierre de la brecha digital es un tema fundamental que debe atenderse no sólo en El Salvador, sino en la región. Aunque en conexiones móviles a internet El Salvador ha tenido un gran crecimiento en años recientes, esto no indica que el país esté bien posicionado en cuanto a conexiones móviles, ya que aún se encuentra considerablemente por debajo de los niveles de acceso en la región. Tomando en consideración el número de usuarios de internet (con el agregado de banda ancha fija y móvil), de acuerdo a las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT,) el porcentaje en El Salvador pasó 4,2% a 29,7% del total de la población entre 2005 y 2014, mientras que en Latinoamérica y El Caribe el promedio de usuarios de internet fue de 53,9 % y en Centroamérica de 44,1% para el mismo año. Observamos, por ejemplo, que aunque El Salvador se encuentra en el lugar número 80 de un total de 143 países en el Informe Global sobre Tecnologías de la Información 2015 — realizado por el Foro Económico Mundial—, desde al año 2012 ha subido un total de 23 puestos. Los mayores avances identificados en dicho informe están relacionados con una mayor apropiación de la sociedad de los beneficios de la tecnología de la información —los cuales se encuentran relacionados con la ampliación de la capacidad de la redes móviles y la asequibilidad de dispositivos—, un incremento en el uso de estas por parte del gobierno, el mejoramiento reciente del ambiente regulatorio y político y el desarrollo de infraestructura en los últimos años. Un indicador relevante que genera el Banco Mundial, respecto a la evolución del sector, es el relativo a la inversión en telecomunicaciones con participación privada. En el periodo comprendido entre los años 2003 y 2013 dicho monto sumó un total de $2,036,780,000. El incremento de lo invertido entre el primero y el último de esos años representa un aumento del 235%. Sin duda, la generación de estos montos de inversión en el país se ve reflejada en la ampliación de los servicios; además, el entorno de competencia observado (la UIT identifica la existencia de plena competencia en los servicios de internet en el país) promueve que los operadores dediquen importantes recursos para el mantenimiento y desarrollo de infraestructura, lo cual incide en forma determinante para el crecimiento de la penetración en los últimos años.
En este contexto, la creación de un plan nacional de banda ancha podría reforzar el papel que realizan los diversos actores que participan en el ecosistema digital y dar mayor certidumbre respecto al entorno futuro de las condiciones para el despliegue de infraestructura y el desarrollo de la banda ancha. Un plan otorga certidumbre respecto a las medidas que se tienen contempladas, no sólo en los meses por venir sino en el mediano y largo plazos; de esta manera permite establecer expectativas y objetivos claros para los sectores público y privado.

¿Qué trabas identifican los operadores de telefonía en el mercado salvadoreño y que les impida mostrar un crecimiento más acelerado?

En general, no existe una delimitación precisa de una política pública enfocada al desarrollo de las telecomunicaciones, con objetivos y criterios claros. Esta situación genera una tensión continua ante eventos coyunturales o decisiones políticas que pueden ser ajenas a las perspectivas que se poseen para la evolución de las telecomunicaciones y la conectividad en el país. Existen ejemplos específicos en los que se ha generado confusión respecto a las responsabilidades que le corresponde asumir al sector público y las obligaciones que tiene el sector privado (es el caso de los inhibidores de señal en las cárceles, que como ocurre en otros países, debe ser responsabilidad de la institución a cargo de las cárceles); esta situación afecta los planes de inversión y crecimiento en materia de conectividad al ocasionar incertidumbre en torno a las acciones y determinaciones de las autoridades. Adicionalmente, se observa la existencia de un esquema de fijación tarifaria en El Salvador que resulta incongruente con el despliegue de la banda ancha y la innovación en las telecomunicaciones. Por ley, la SIGET cuenta con la atribución de determinar el valor máximo de las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, lo cual constituye una práctica que obstruye el funcionamiento eficiente de los mercados con condiciones de competencia, al desincentivar la inversión para el desarrollo de una oferta de planes con características diversas, enfocados a garantizar el servicio en sectores específicos de la población. Finalmente, y vinculado a la falta de un programa puntual sobre los objetivos de conectividad, se identifican limitantes considerables en la disponibilidad de espectro radioeléctrico. De acuerdo al informe denominado Análisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en la región de América Latina, publicado por 4G Américas y Signals Telecom Consulting en agosto de 2013, la cantidad de espectro en uso en El Salvador representa tan sólo el 15,7% de la asignación recomendada por la UIT para el 2015.
Después de la suspensión de la licitación de 40 MHz anunciada a finales de 2013 no han existido cambios en la disponibilidad de espectro, bajo el argumento de la espera de la determinación de la Corte que se ha realizado recientemente. Sin duda, las condiciones del sector requieren que exista una oferta adecuada de espectro para avanzar de forma más acelerada en la reducción de la brecha digital.

El Salvador es el único país de Centroamérica sin LTE 4G. ¿Por qué ese rezago?

Con el reciente lanzamiento de una red LTE 4G en Nicaragua, El Salvador se mantiene como el único país de Centroamérica en el que dicho servicio no es ofrecido. Sin duda, el rezago en la disponibilidad de espectro, sobre todo en bandas que han sido fundamentales para el despliegue de dicha tecnología en la región, es el motivo fundamental para que no se haya avanzado en la materia. Como comentamos con anterioridad, los motivos de la restricción han estado sujetos en parte a la indeterminación de criterios claros respecto a la licitación y el uso de este importante insumo en el país.

Ausencia de plan limita perspectivas de crecimiento

El diseño de planes de banda ancha no puede desligarse de la política fiscal, indicó el secretario general de la ASIET, Pablo Bello, pues se debe garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados en documentos de este tipo.

“La aplicación de una política fiscal que promueva la reducción o eliminación de tributos directos alternativos, la armonización de los tributos nacionales y de otros específicos del sector ha demostrado ser un mecanismo central en el crecimiento de la inversión, la conectividad y los beneficios económicos y sociales derivados de estos”, indicó Bello.

En ese sentido, se refirió al impuesto a las telecomunicaciones que, en el momento de la entrevista, aún se discutía en la Asamblea Legislativa; y que finalmente fue aprobado el jueves. Como en otras ocasiones había señalado, Bello advirtió que afectará los avances logrados en el país para reducir su brecha digital, impactará a la población de menores ingresos y desincentivará la inversión en el sector.

Bello dijo que en este tipo de iniciativas es importante una colaboración entre inversión pública y privada, en donde el mercado crezca y haya una participación estatal necesaria.

Señaló que la disponibilidad de espectro radioeléctrico y las facilidades que se ofrezcan para el despliegue de infraestructura son partes medulares en planes de este tipo. “Ambas variables, al no ser atendidas, podrían entorpecer las expectativas de crecimiento del sector”, dijo el secretario general de la gremial.

5 % Tasa

El jueves pasado se aprobó gravar con 5 % a las telecomunicaciones para financiar la seguridad.

Perfil

Es economista de la Universidad de Chile y MBA de ESADE. Fue viceministro de telecomunicaciones de Chile entre 2006 y 2010, y jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones del mismo país.

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