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Editorial & Opinion

Basta ya de corrupción

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 10, enero 2018 - 12:00 am

La corrupción es un delito especial, el cual se comete cuando un funcionario de gobierno, un juez o un empleado estatal o privado, es sobornado mediante dádivas a realizar procedimientos, emitir fallos o alterar documentos para favorecer a una persona o institución determinada para obtener una sentencia absolutoria o ganar fraudulentamente una licitación o concurso. Incluso, apropiarse en provecho propio de cantidades de dinero que pertenecen al erario nacional, o son partidas oficiales para el pago de empleados, o sumas en efectivo que ya están destinadas a obras de naturaleza pública, conceder empleos a gente impreparada para un cargo, en fin. La corruptela abarca una gama escandalosa de acciones ilícitas que sería largo y tedioso consignar en este espacio.

En el Derecho Romano, la corrupción se limitaba a los jueces cuando abusaban, mediante pago que les hacían gentes perversas, en la interpretación y aplicación de las leyes (hecho que no ha variado mucho en los tiempos actuales). Con esta corta explicación, que no agota el concepto de corrupción, podemos advertir que en la comisión de la misma hay dos actores principales: el corrupto y el corruptor, de allí que la ley se encamina a que, en todo caso, que corresponde o se adecua a este tipo penal debe encausar y castigar tanto al que recibe dádivas, como al que las ofrece y proporciona indebidamente. En el área privada, generalmente los actos de corrupción quedan rápidamente al descubierto por el cuidado de las empresas y sociedades en llevar minuciosamente sus libros de contabilidad, pago de mercaderías y otros menesteres donde fácilmente se puede encontrar indicios reveladores de que algún jefe de sección o un empleado, han obtenido más de lo que legalmente le corresponde percibir en salarios, horas extras, viáticos y otros insumos.

Pero la corrupción a nivel del Estado o del Municipio se vuelve una tarea asaz compendiosa, difícil pero no imposible de su hallazgo, así como su debido proceso ante los tribunales correspondientes, tarea que, en nuestro medio jurídico, está encomendado a la Fiscalía General de la República (FGR), laborando en consonancia oportuna con el máximo órgano contralor de la hacienda pública denominada Corte de Cuentas de la República (CCR), cuyo desempeño poco transparente ha sido muy cuestionado por largos años, ya que este tribunal de cuentas debe ser, constitucionalmente hablando,  el primer ente en denunciar los actos de corruptela y llevarlos a las respectivas instancias. La importancia de la CCR en prevenir y castigar la corrupción se enmarca en las nueve atribuciones que le señala el Art.195 de nuestra Carta Magna, entre las cuales deseo mencionar, brevemente, la tercera y séptima de ellas que le mandata vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, y conocer de juicios a que den lugar dichas cuentas así como informar por escrito alpresidente de la República, a la Asamblea Legislativa  y a los respectivos superiores jerárquicos  de las irregularidades relevantes comprobadas “a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización”.

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He entrecomillado la parte final de la séptima atribución porque, a mi juicio, aquí es donde puedo advertir la causa que nos ha hecho mucho daño en el país. Si la CCR hubiera informado al mandatario de turno y a la Asamblea  las irregularidades que pudo evidenciar con el uso y abuso de bienes y fondos públicos, posiblemente pudimos avanzar en la lucha contra la corrupción; quizás no presenciaríamos los casos que ahora son objeto de juicios penales para funcionarios pasados y los graves señalamientos que hacen a otros actuales, blindados con cargos diplomáticos inventados a última hora, ya que la historia patria no registra ningún caso de esos en tiempos pasados, ni tampoco alcanzamos a entender cuál puede ser su utilidad oficial para la administración pública, pues con solo analizarlos un poco, se denota de inmediato que se trata de  “corazas”, en apariencia legales, para que la FGR o la CCR no procedan penalmente en su contra. De esta forma, las promesas de honestidad gubernamental que se pudieron expresar en tiempos electorales ruedan al charco indeseable de la corrupción.




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