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Política

Blanco dice extinción de dominio puede aplicarse a los bienes de terceros

Gerson Chávez

viernes 1, junio 2018 - 12:00 am

La Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita fue aprobada en el 2013 por la Asamblea Legislativa. / DEM

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Sidney Blanco explicó este jueves que Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen y Destinación Ilícita también puede aplicarse a terceros, si la naturaleza de los bienes es ilícita.

La explicación del magistrado surgió ayer en la en­tre­­vista de Radio Cadena Mi Gente, sobre la sentencia de este lunes que declaró inconstitucional las reformas aprobadas por los diputados el año pasado y que debilitaban esta ley.

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“La Constitución no protege, no tutela este derecho (de propiedad) producto de un delito. Esto es un anuncio también a los terceros a tener mucho cuidado de con quién contratan, porque los bienes adquiridos con conocimiento que proceden de un hecho delictivo también estos terceros adquirentes podrían perder el dominio sobre los mismos”, explicó el funcionario.

El magistrado informó que a través de la sentencia, la Sala de lo Constitucional ratificó que el Estado salvadoreño a través de esta ley puede extinguir bienes, tanto de naturaleza lícita como ilícita.


“La Sala dijo que el Estado puede quitarle los bienes lícitos cuando los ilícitos los ha ocultado, destruido, transferido o simulado. El Estado tiene derecho a quitarle los bienes lícitos. La Sala ha dicho que debe continuar vigente la disposición que autoriza al Estado a quitar bienes equivalentes”, planteó.

Aclaró que el Estado salvadoreño puede extinguir los bienes de procedencia lícita siempre y cuando sean proporcionales “a la cantidad, equivalente a los bienes ilícitos que fueron ocultados”.

 

Cuestionamientos

El magistrado cuestionó la reforma que los diputados le hicieron el año pasado a la ley de extinción de dominio.

Argumentó que fueron declaradas inconstitucionales porque, entre otros aspectos, establecía que, si la Fiscalía archivaba el expediente de una investigación, el caso quedaba como juzgado y ya no podía aplicarse la extinción de dominio.




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