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Ocho policías fueron condenados por la Justicia brasileña por participar en la tortura, desaparición forzada y asesinato de un hombre tras un interrogatorio en una comisaría de Río de Janeiro en 2013, informaron hoy fuentes judiciales.

La desaparición del albañil Amarildo de Souza, que no era investigado por ningún delito, causó indignación en Brasil y sacó a la luz las torturas y asesinatos cometidos por la Policía en las comisarías que se acababan de implantar en las favelas de Río de Janeiro, conocidas como Unidades de Policía Pacificadora (UPP).

La jueza Daniela Alvarez Prado del 35 Tribunal Penal del estado de Río de Janeiro condenó a trece años y siete meses de prisión a Edson Raimundo dos Santos, considerado como uno de los cerebros del crimen y que en el momento de los hechos era comandante de la UPP de la Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro.

También fue condenado a diez años y siete meses el teniente Luiz Felipe de Medeiros, subcomandante en la época de la UPP, así como otros seis soldados, a quienes les imputaron penas de entre once y diez años de prisión.

A los agentes se les imputan los cargos de tortura seguida de muerte, ocultación de cadáver y fraude procesal y todos ellos serán expulsados del cuerpo de policía.

De acuerdo con la sentencia, el albañil Amarildo de Souza “no desapareció”, sino que “fue asesinado” tras no conseguir “resistir la tortura a la que lo sometieron”.

Según el documento, de Souza fue “víctima de una cadena de engaños, una operación policial sin resultados expresivos, una información falsa, un grupo sediento de aprehensiones”.

También subraya que de Souza, en su condición de “negro, pobre” y habitante de “una comunidad al margen de la sociedad”, era especialmente “vulnerable a la acción policial”.

De Souza fue interrogado el 14 de julio de 2013 en una comisaría de la favela de Rocinha, al ser confundido con un narcotraficante, y después nunca volvió a ser visto.

En esa época, después de que estallara el escándalo, un supuesto testigo acusó a un narcotraficante de haber cometido el crimen, pero después confesó que los policías le pagaron para mentir.

La magistrada argumentó que “no tiene ninguna lógica” que un narcotraficante se hubiera atrevido a cometer un crimen al lado de la comisaría.

“¿Si hubiese traficantes que perseguían a Amarildo y querían matarlo, lo harían en las proximidades de la UPP? ¿Aprovecharían el exacto momento en que la víctima estaba a pocos metros de decenas de policías militares en el curso de una gran operación policial?”, señala la jueza.

La sentencia da por comprobado que Amarildo fue “torturado hasta la muerte”, tras lo cual el comandante Edson ordenó a los agentes del sector administrativo que se marcharan de las dependencias policiales inmediatamente tras haber sido obligados a permanecer inertes.

Un conjunto de circunstancias que, para la magistrada, deparan “con la cobardía, la ilegalidad, el desvío de la finalidad y abuso de poder”.

El caso de la desaparición de Amarildo de Souza, cuyo cuerpo todavía no se ha localizado, causó una gran conmoción en Brasil, fue motivo de protestas callejeras y desencadenó una crisis para la política de “pacificación” de las favelas de Río de Janeiro.

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