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Política

Burgos: “No fue criterio 
arbitrario investigar a expresidentes”

Redacción DEM

Jueves 2, Junio 2016 - 12:00 am

Roberto-Burgos

Roberto Burgos, en una de las audiencias ante el Instituto de Acceso a la Información. / DEM

El director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Roberto Burgos, expresó ayer que no hay posibilidades jurídicas de anular los procesos civiles iniciados por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que un grupo de abogados presentara una denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime y Sidney Blanco, por supuestos actos arbitrarios.

Los abogados sostienen que ambos magistrados que forman parte de la comisión para dirigir el trabajo de la Sección de Probidad de la CSJ, no tenían criterios claros para abrir expedientes de funcionarios o exfuncionarios por presunto enriquecimiento ilícito.

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Burgos sostiene que la Corte está “habilitada por la ley contra el enriquecimiento ilícito” para “decidir sobre cuáles casos va a cumplir sus atribuciones” y añade que, en los casos de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, “la CSJ tuvo que realizar las auditorías ante la petición de ciudadanos que ejercieron su derecho de petición de acceso a la información pública”.

El abogado junto a Xenia Hernández pidieron, en su calidad de ciudadanos, las auditorías patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores, Antonio Saca y Mauricio Funes. Luego que la CSJ no les entregara la información, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó, el 1 de septiembre de 2015, a la Corte, entregar dichas auditorías. En ese entonces, Burgos formaba parte de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (Alac) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).


“No fue un criterio arbitrario de ningún magistrado de la Corte investigar expresidentes, fue una obligación que nace de la Ley de Acceso a la Información Pública que llevó a ciudadanos de solicitar esas auditorías. No hay ningún acto arbitrario ni tampoco se puede hablar de un criterio inexistente para decidir a quién investigar, por el contrario, se ha aplicado por primera vez un marco jurídico que solo tenía una existencia meramente decorativa”, afirmó.

Sostuvo que ve con preocupación el intento de los abogados, que interpusieron el martes la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

 

Tampoco en otros casos

Para el representante de la DTJ, tampoco existiría argumento para anular casos diferentes a los iniciados contra los expresidentes Saca y Funes, aun cuando no fueron iniciados por orden del IAIP con base a la ley de información pública.

Su argumento es que los magistrados tienen que cumplir el artículo de la Constitución de la República que les obliga a no tener más atribuciones que las otorgadas expresamente por la ley. “Trasladémoslo (el artículo constitucional) al caso, los magistrados ordenaron a la Sección de Probidad que, en base a atribuciones, investigaran el patrimonio de exdiputados y exfuncionarios cuyas fortunas eran desproporcionadas e injustificadas sobre las cuales habían indicios suficientes… Además había que atender al criterio de no permitir que prescribieran, de 10 años”, afirmó.

Luego de las auditorías respectivas, la CSJ ordenó juicios civiles, uno a la primera y tres a la segunda cámara de lo civil, por presunto enriquecimiento ilícito contra los expresidentes Saca, Funes, el exdirector  del ISSS, Leonel Flores, y el diputado Reynaldo López Cardoza.




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