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Editorial & Opinion

Buscando el epicentro de la corrupción

Roberto Burgos / Subdirector de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ)

miércoles 28, diciembre 2016 - 12:00 am

El año que termina estuvo lleno de acontecimientos y revelaciones en torno a casos de corrupción que involucran a funcionarios del más alto nivel, por primera vez, se expuso ante la opinión pública y ante los tribunales, a varios personajes que antes se consideraban exentos de control estatal sobre sus acciones y omisiones, en general por haber manejado estos mismos mecanismos y en particular por tratarse de expresidentes de la república, más acostumbrados a un cómodo retiro producto de sus ganancias en el cargo y a mantener una disimulada influencia en los asuntos de su partido político.

En el caso de dos expresidentes, se hizo partícipe a la población de los procedimientos fiscales que permitieron a todos conocer los rastros y los restos de una riqueza mal habida, totalmente desproporcionada con respecto a la historia salarial de sus dueños, acontecimientos estos inéditos en la historia de impunidad en nuestro país, que provocaron un verdadero “terremoto” entre algunos miembros de la clase política, quienes todavía protestan, se agitan y exigen audiencias personales a los actuales funcionarios e investigadores, al ver cuestionadas públicamente las posesiones y privilegios ilícitamente adquiridos por sus antiguos líderes partidarios, mientras temen que hasta su entorno llegue la acción decidida del Fiscal General, que ahora sí, parece decidido a honrar el mandato constitucional de defender los intereses del Estado y de la sociedad.

¿Existe algún punto de coincidencia entre los expresidentes sometidos a investigación por enriquecimiento ilícito? ¿Dónde está el origen de esta “perturbación” entre la clase política? ¿Dónde ubicamos el epicentro de la corrupción? Al menos en los casos del expresidente Funes y Saca aparece un denominador común en los intentos por justificar su proceder y el de sus funcionarios, particularmente en lo que se refiere al uso de cuantiosos fondos públicos confiados a la Presidencia durante sus respectivas gestiones: el Organismo de Inteligencia del Estado, más conocido por sus siglas “OIE”.

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Cuando varios ciudadanos comenzamos a exigir información de los viajes del expresidente Funes en octubre del dos mil doce, en particular sobre el costo de boletos,  monto de viáticos asignados, composición de comitivas y destino de misiones oficiales, se restringió por parte de la misma Presidencia el acceso a tales datos, bajo la excusa de que estos formaban parte de la inteligencia estatal y, por lo tanto, “constituían materia de seguridad nacional” ajena al conocimiento de la sociedad, cuyos ciudadanos, según la Oficina de Información de la Presidencia, debíamos conformarnos con ser testigos del entusiasta y turístico gasto de nuestros impuestos, por parte de Funes y su entorno, tan dados –como se comprobó posteriormente– a los viajes en aviones privados y al reparto de pasaportes oficiales para quienes no eran funcionarios (o funcionarias). En este caso tuvo que intervenir la Sala de lo Constitucional, cuatro años después de la petición original, para que se entregara dicha información al menos parcialmente, y se revelara la pérdida o destrucción de estos datos relacionados con los gastos de Presidencia.

Aquí, volvió a ponerse en práctica la “reserva genérica” de información, consistente en atribuir la producción y custodia de datos oficiales al OIE o, en algunos casos, al Batallón Presidencial de la Fuerza Armada, todo con la intención de evadir el control ciudadano, la rendición de cuentas y las exigencias de austeridad y racionalidad en el gasto público encabezadas por el mismo ministro de Hacienda desde la época de Funes.


La práctica anterior había sido heredada y bien aprendida desde la gestión del presidente Saca, cuyo exsecretario privado, Élmer Roberto Charlaix, reconoció hace algunas semanas la existencia en aquellos años de un “Reglamento Interno de Funcionamiento para el Manejo, Control y Fiscalización de los Fondos Públicos, Gastos Reservados y Secretos de la Presidencia de la República Destinados a las Actividades de Inteligencia, Clasificación, Manejo y Protección de la Información y Deber de Guardar Secreto de los Colaboradores Designado Para el Manejo de los Gastos Reservados y Secretos”, con base en el cual, se habría desviado una cuantiosa suma de fondos estatales, a diversas cuentas bancarias de la Presidencia en la banca privada, desde las cuales se emitieron cheques que pudieron ser distribuidos ilícitamente entre cientos de personas, con miras a asegurar la “gobernabilidad” y –otra vez– la “seguridad nacional”, así como el pago a informantes y personal del OIE.

Como puede verse, el papel de la inteligencia estatal, lejos de asegurar el cumplimiento de los “objetivos nacionales” y de dar elementos al Presidente de turno para garantizar la seguridad y estabilidad del país, ha sido más bien usada como “tapadera” de la arbitrariedad y la posible comisión de actos de corrupción, lo que contribuye al desprestigio de esta dependencia creada tras los Acuerdos de Paz y que tenía que sustituir a los antiguos organismos de inteligencia militar y policial, tan cuestionados por sus operaciones que condujeron a graves violaciones de derechos humanos.

Esta práctica de disfrazar los beneficios, privilegios y el enriquecimiento ilícito en la forma de “información de inteligencia” o “sensible para los intereses del Estado” y por lo tanto exento de cualquier control externo, ya sea ciudadano o parlamentarios, está haciendo mella en la ya escasa credibilidad de la Presidencia, constituye una fuga importante de fondos públicos y un abuso de poder que debe corregirse. El Art. 8 de la Ley del OIE todavía declara que: “…Todos los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, serán considerados clasificados, cuyo manejo corresponderá al Presidente de la República…”. Dicha disposición, abiertamente inconstitucional debe cambiarse, ya que implica una restricción ilegítima de nuestro “derecho a saber” y permitirá que nuevos funcionarios hagan uso del “secreto de estado”, cada vez más cuestionado en las sociedades democráticas y participativas.

El “epicentro” de futuros terremotos de corrupción que agitarán la opinión pública está allí, por eso mismo, es hora de cambiar esa ley y garantizar el uso inteligente de los gastos de inteligencia.




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