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Nacionales

Cámara no admite revocatoria y avala libertad de Max González

Juan Carlos Vásquez

viernes 10, noviembre 2017 - 11:00 am

González y tres imputados más permanecen bajo arresto desde enero del 2017. Fotografía de Archivo.

La Cámara Segunda de lo Penal no admitió el escrito de revocatoria que la Fiscalía General de la República presentó para evitar que Alejandro Maximiliano González, conocido como el “Gordo Max” y los otro tres imputados por el delito de remuneración por actos sexuales o eróticos en perjuicio de la víctima “Clave Azul”, no obtuvieran su libertad.

Se ha informado que hasta las 10:30 a.m., el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, libró la carta de libertad del empresario procesado en este caso y del acusado Luis Alonso Marroquín; la notificación se hizo al director del penal donde han estado recluidos. Ambos presentaron los comprobantes del pago de las fianzas por $15 mil y $10 mil que hicieron en la Secretaría de División de Fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda.

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En el caso de Salvador Enrique García y Alejandro Maximiliano González, el tribunal no ha notificado y enviado las cartas de libertad porque sus defensores no han presentado el recibo de pago de la fianza por la cantidad de $ 35 mil y $25 mil respectivamente, que les impuso el Juzgado Octavo de Instrucción y que sus abogados no apelaron.

Los cuatro procesados tiene el aval par salir del sector nueve del penal de La Esperanza, conocido como “Mariona”, luego que la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, no admitiera la revocatoria que la Fiscalía presentó en contra de la libertad otorgada por la cámara.


El Ministerio Público se opuso a esa medida que el pasado 1 de noviembre fue notificada a las partes y la que, básicamente, consistió en la anulación del arresto domiciliar que el Juzgado Octavo de Instrucción decretó porque no se documentó esa resolución.

Además, la Cámara modificó la cuantía de la caución económica para dos de los imputados, reduciéndola de $300 mil  a $15 mil y de $35 a $10 mil, porque el juez no explicó la razón por la cual había impuesto esas cantidades.




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