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Nacionales

Cámara valida escuchas telefónicas en caso coroneles

Yessica Espinoza / Iliana Cornejo

miércoles 30, mayo 2018 - 12:03 am

La Cámara  Especializada de lo Penal validó las escuchas telefónicas que el Juzgado Especializado de Instrucción “B”  rechazó a Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso penal contra 11 militares y abogados, acusados de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica, proposición y conspiración en el delito de homicidio y denuncia o acusación calumniosa.

El 23 de febrero del 2018, la jueza especializada de Instrucción “B” de San Salvador, Lorena América Rodríguez, señaló que la Fiscalía había presentado escuchas telefónicas que no tenían valor probatorio porque el plazo para presentarlas había expirado; por ello, absolvió a ocho de los acusados y ordenó que los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo (destacado en el Estado Mayor de la Fuerza Armada) y el teniente coronel, Leonel Ascencio Sermeño, siguieran el proceso en libertad solo por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, los absolvió del resto de delitos.

Sin embargo, la Cámara señala en su resolución que la jueza se equivocó en la suma de los plazos y que la Fiscalía presentó en tiempo la solicitud de imposición de medidas contra los acusados. “Esta situación ha tenido grave incidencia en el proceso penal pues ha generado un evidente agravio a la Fiscalía (…) el resultado de la audiencia puede ser distinto al que la señora jueza tomó”, reza la resolución.

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La Cámara dice, con base al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones, que la Fiscalía contaba con un plazo de seis meses, una vez finalizadas las escuchas, para presentar la solicitud ante el Juzgado, plazo que cumplió conforme a la ley. El 20 de febrero de 2017, la FGR solicitó tres meses para intervenir celulares, el cual comprendía del 21 de febrero al 21 de mayo del 2017. El 13 de mayo  la Fiscalía pidió una prórroga de tres meses más, quedando como fecha de expiración el 20 de agosto. Esta fecha, según la Cámara era incorrecta, porque de acuerdo a la ley la prórroga vencía el 22 de agosto, es decir, “le restó sin justificación alguna dos días de plazo”.

El 21 de agosto el juez dio por finalizadas las intervenciones. A partir de ahí, la Fiscalía contaba con seis meses para presentar la solicitud de imposición de medidas, dice la Cámara. El 21 de febrero, exactamente seis meses después, el Ministerio Público presentó la solicitud pero la jueza excluyó las escuchas como pruebas, porque, según ella, el plazo había vencido.


La instancia superior establece que existe probabilidad que los imputados hayan creado una estructura de crimen organizado, ordena al juzgado especializado realizar una nueva audiencia donde “valore la totalidad de elementos probatorios, entre los cuales se encuentran las escuchas telefónicas y determine, de manera fundada, la procedencia o no de la medida cautelar”.

En 2017, ocho militares de alto rango fueron condenados por privar de libertad y torturar a dos víctimas con régimen de protección que declararon en su contra. Durante ese proceso judicial, los coroneles procesados intentaron frustrar el caso y que los ocho colegas de ellos quedarán en libertad, según la Fiscalía.




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