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Nacionales

Casas de playa y hasta cultivos de caña, entre lo incautado en Caso Funes

Redacción web / DEM

martes 19, junio 2018 - 2:29 pm

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República inició el proceso de extinción de bienes a involucrados en caso, denominado por la FGR, “Saqueo Público”. Hoy se incautaron casas, ranchos de playa y terrenos, incluso, horas más tarde se confirmaba que estarían incautando dos aeronaves, las cuales están en el Aeropuerto de Ilopango.

Un total de 24 propiedades serán incautadas con fines de Extinción de Dominio, todas vinculadas a personas que están siendo procesadas en el caso, donde el principal sospechoso es el expresidente de la República, Mauricio Funes. Entre lo incautado también están cerca de 20 manzanas cultivadas de caña de azúcar, ubicadas en el departamento de La Libertad.


 

Con la materialización de bienes, la Fiscalía tiene 90 días para iniciar el proceso de Extinción de Dominio ante el Tribunal Especializado.

Puede leer > FGR pide que acusados en caso Funes devuelvan $304 millones

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, participó del operativo que se llevó a cabo en diferentes departamentos entre San Salvador, La Paz y La Libertad.

El expresidente Funes, y 31 imputados más han ocasionado al Estado de El Salvador daños  y perjuicios por un monto de $304,224,872.17, producto de la sustracción de más de $351 millones, y deben  devolver ese dinero, de acuerdo con el Ministerio Público, que llevó el caso hasta el Juzgado Quinto de Paz, de San Salvador.

El caso está en reserva, por lo tanto no pueden indican las direcciones de los inmuebles incautados y otros detalles, como dueño y costo, entre otros puntos.

Para confirmar que existe un daño indemnizable, producto de la supuesta sustracción ilícita del dinero del Tesoro Público, la UIF dice que cuenta con un informe presupuestario y financiero sobre gastos reservados de la Presidencia de la República del período 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014, elaborado por analistas de gestión presupuestaria y financiera del Ministerio de Hacienda, el 15 de mayo de 2018.

Ese informe evidenciaría el uso ilícito de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público, ya que de los más de $351 millones sustraídos, $304.2 millones habrían sido apartados de su finalidad pública.

El Ministerio Público afirma que existe la certeza de un claro menoscabo patrimonial de gran trascendencia económica para el desarrollo eficaz de las funciones públicas a cargo del Estado de El Salvador.

 




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