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Centros penales sin registro público de violadores

Yessica Espinoza

lunes 11, diciembre 2017 - 12:03 am

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) no ha creado el Registro Público de Personas condenadas por delitos sexuales, pese a ser una orden establecida en el decreto legislativo que entró en vigencia el 10 de enero del presente año.

El 1 de diciembre del 2016, la Asamblea Legislativa aprobó con 58 votos tres reformas al Código Penal para crear un Registro de personas condenadas por delitos sexuales, obligarlas a su tratamiento psicológico y psiquiátrico y a quitarles autoridad parental cuando sean padres de las víctimas.

El decreto fue publicado en el Diario Oficial Número 238 del 21 de diciembre del mismo año y está vigente desde el 10 de enero de 2017.

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La reforma ordena a la DGCP a llevar “un registro público de toda persona que haya sido condenada” por: violación, agresiones sexuales, estupro, acoso sexual, corrupción de menores, inducción de actos sexuales, remuneración por actos sexuales, determinación a la prostitución, exhibiciones obscenas, pornografía, uso de menores en pornografía y posesión de pornografía.

Dicho Registro tendrá una duración de cuatro años, contados después de haber cumplido la condena y deberá contener una fotografía reciente del imputado, datos generales, su último lugar de residencia y trabajo reportado, delitos de condena, la pena e información de su rehabilitación.


Además, establece que a dicho registro tendrá acceso la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Ministerio de Educación, y cualquier persona o institución que muestre interés.

Sin embargo, a casi un año de haber entrado en vigor, Centros Penales aún no tiene un registro sistematizado con todos esos datos de las personas condenadas por delitos sexuales. El subdirector de Centros Penales, Orlando Molina Ríos, dijo a Diario El Mundo que sí tienen la información pero que estaban adecuando el sistema informático. “En estos momentos estamos haciendo todos los trámites a nivel de nuestras jurisdicciones jurídicas para establecer ya los instrumentos porque hay que generar las condiciones en el sistema para que de una vez estén en el sistema y estamos en ese proceso”, explicó.

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Días después de esa declaración, la diputada por ARENA, Patricia Valdivieso, una de las impulsoras de las reformas al Código Penal, visitó las oficinas administrativas de Centros Penales para conocer el proceso que un ciudadano debe seguir para consultar el registro. La parlamentaria tuvo que movilizarse a dos lugares para hacer la petición y no tuvo resultados positivos.

Este periódico escuchó cada una de las respuestas que le dieron a la diputada. En las oficinas de Control y Registro Penitenciario le dijeron que eso se solicitaba en la DGCP, pero al llegar ahí fue recibida por el personal de comunicaciones de la institución, quienes le dijeron que el director, Marco Tulio Lima la recibiría. La diputada expresó que ella simplemente quería que le mostraran el registro público, no hablar con el director. Le dijeron que sí le mostrarían el registro.

Luego de una espera aproximada de 15 minutos, Valdivieso decidió retirarse porque no tuvo respuesta. Al salir la estaba esperando Juan Carlos Fuentes, subdirector de Asuntos Jurídicos, y Mirna Cerón, jefe de registro de Control Penitenciario, quienes le dijeron que el registro lo tenía que consultar en el primer lugar donde fue: en las oficinas de Control y Registro Penitenciario. “Ya fui y de ahí me mandaron para acá”, les respondió la diputada.

Llegaron una vez más a ese lugar y antes de entrar, Cerón le manifestó que tenía que presentar “un oficio mostrando su interés” pero luego dijo que también podía entrar y pedirlo sin ese trámite. La llevaron al área donde se entregan los antecedentes penales para decirle que ese registro estaba en el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE). Efectivamente ahí estaba un registro de todas las personas condenadas por cualquier tipo de delito, pero no el registro específico de los condenados  por delitos sexuales como lo manda la ley. “Vemos que es muy complicado, nos llevaron donde las solvencias pero no está el registro público, nos llevaron a ver el SIPE pero nos enseñan personas detenidas de 72 horas cuando debe de estar las personas ya condenadas por el delito”, externó la parlamentaria.

Al respecto, el director Marco Tulio Lima dijo que están trabajando en el sistema informático para que sea de fácil acceso para quien lo solicite. “Estamos haciendo los ajustes tecnológicos en nuestra página y sistema informático para poner a disposición un portal donde la gente pueda hacer la consulta de manera electrónica”, dijo.

“Lo que se está haciendo ahorita con la unidad de desarrollo tecnológico es que se les ha solicitado un software o un programa automatizado (para que) inmediatamente el registrador ingrese al sistema ya lo va a poder imprimir pero no es una situación tan fácil, ahorita si se solicita se tienen que ir a ver el sistema de información penitenciaria e ir corroborando con el listado general”, explicó, por su parte, Carlos Fuentes. La diputada se retiró asegurando que pediría al director una explicación del atraso en la creación del registro luego de un año.

 

Artículos reformados por los diputados el año pasado.

 

Tratamiento psiquiátrico

La Asamblea Legislativa derogó el inciso 5 del artículo 46 del Código Penal, y agregó otro inciso que establece que las personas condenadas por delitos sexuales deben someterse, mientras cumplen su condena, a tratamiento psicológico y psiquiátrico para su rehabilitación.

 

Pérdida de paternidad

Los diputados establecieron en el artículo 59 del Código Penal inhabilitaciones a padres condenados por delitos sexuales: un padre que viole o agreda sexualmente perderá autoridad parental y custodia de sus hijos. Un condenado no podrá trabajar con menores de edad.

 

Registro de violadores

En las reformas al Código Penal, también se agregó el artículo 174-A en el que faculta a la Dirección General de Centros Penales elaborar el registro de condenados por delitos sexuales. La persona estará en ese registro por cuatro años tras la pena. Cualquiera podrá solicitar el registro.




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