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Editorial & Opinion

Chucho no come chucho

Carlos Alvarenga Arias / Abogado y MAE

martes 25, julio 2017 - 12:00 am

Que diferencia entre dos países hermanos, mientras en Honduras se está quitando hasta el último céntimo a personas que son sospechosas de haber adquirido bienes con dinero de procedencia ilícita, o incluso, de procedencia lícita pero que no hayan podido demostrar, de forma indubitable, cómo se obtuvo; en nuestro El Salvador, se le está dando a los sospechosos de delitos graves su regalo de vacaciones de agosto por parte de los diputados: devolverles sus bienes.

Por si fuera poco también les están poniendo un plazo insultantemente corto para que prescriba la persecución contra esos bienes: 10 años. ¡Por Dios Santísimo! Si hasta la prescripción adquisitiva extraordinaria, que no es otra cosa que la vía legal para adquirir un bien inmueble sin contar con título alguno, e incluso sin haber siquiera mediado buena fe en su adquisición, requiere 30 años, no se diga un bien inmueble que se sabe ha sido comprado con dinero sucio. Esto es por definición imprescriptible.

Voces sensatas se hicieron escuchar planteando argumentos por demás sesudos y atendibles. También se planteó por parte de la embajadora, Jean Manes, con toda la experiencia que tienen los EE.UU. en la materia, su opinión señalando la gravedad del asunto. Y el fiscal general de la república igualmente no se quedó callado.

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¿Qué hicieron los políticos del Fmln? Reírse, hacer mofa, poner la carpa y sacar los saltimbanquis de sus mentes para continuar con el show.

La diputada Norma Guevara regañó a la representante diplomática diciéndole -palabras más palabras menos-, que no le tiene que dar ninguna opinión al país, ni la Asamblea Legislativa. Es como decir, “gracias por su dinero, pero mantenga la boca callada”. Y la misma parlamentaria le tiró una pedrada al abogado, Douglas Meléndez, el cual ha planteado en todo momento argumentos legales y jurídicos. La diputada, con ese ánimo festivo que caracteriza a la izquierda latinoamericana, en vez de contra argumentar le dijo que el culpable de la corrupción es él por no darle trámite a las denuncias que sobre ese delito hay en la Fiscalía General de la República. Puede ser que esto último tenga algo de verdad, pero no resuelve el problema actual de que ella y sus camaradas revolucionarios están dándole un premio gordo, muy gordo al crimen organizado: pandillas, narcotraficantes, coyotes, traficantes de órganos, contrabandistas, organizaciones de esclavitud sexual de niños y mujeres; y también a políticos corruptos.


Prefieren la frase simpática y ocurrente a discutir con seriedad.

Al coro de la mofa patética se unió el consejero de la presidencia, Roberto Lorenzana, quien dijo que esto beneficia a los (corruptos) de Arena, pues prescribirían a favor de los exfuncionarios de dicho partido las acciones de incautación de todos los bienes adquiridos con dinero sucio.

No le veo la gracia a que se diga de forma tan ligera y por lo tanto irresponsable que Arena debería estar contento porque así todos los actos de corrupción de sus cuatro gobiernos quedarían impunes. Perdónenme, será que la edad y la andropausia carcomieron mi otrora sentido del humor, pero no le veo el chiste.

Las pandillas matan policías, nos saquean el dinero de las pensiones, la selección y otro fracaso más, el exfiscal recibiendo dinero sospechoso, no hombre, para qué sigo. Ser salvadoreño es un acto de amor sin límites, una proeza de fe.

Acá en esta tierra hondureña he podido ver lo que es un valiente y directo combate, sin manos tibias, al crimen organizado. Se van extraditando a la fecha 12 grandes narcos a los EE.UU., y están pendientes ocho extradiciones más. Se tienen presos a buena parte de exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que mediante contratos amañados se apoderaron de millones de dólares de los contribuyentes, se han metido presos a varios alcaldes de todos los colores políticos por vínculos con el narcotráfico, se han procesado a tres miembros de una de las familias más adineradas y poderosas del país, etc., y a todos, absolutamente a todos se les han incautado sus bienes aunque no haya sentencias condenatorias aún. ¿Por qué? Porque toda ley de privación de dominio se basa en el hecho que mientras no se demuestre su inocencia, la mejor medida precautoria que puede llevar a cabo un Estado es privarle de sus bienes. Porque la carga de la prueba en el combate del crimen organizado se ha invertido. Si no es así, en nada estamos.




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