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Política

Cinco decretos han permitido registrar 1,930 armas ilegales

Gerson Chávez

Lunes 23, Enero 2017 - 12:00 am

Cinco decretos legislativos han permitido registrar 1,930 armas de fuego ilegales tras la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador.

El decreto 748 del 28 de octubre de 1999 fue el primero en ser emitido. Permitió legalizar 146 armas ilegales. Así lo detalla un informe del Ministerio de la Defensa Nacional solicitado a través de su Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).

Dos años más tarde, el 22 de febrero de 2001, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 317 que facilitó a la población registrar 397 armas que estaban en la ilegalidad. Éste ha sido el tercero de los cinco decretos que más armas ha permitido legalizar.

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En ese mismo año, el pleno legislativo acordó dar vida al decreto 431 que permitió a la población registrar 441 armas ilegales y evitó que, por la tenencia o circulación de éstas, se incurriera en el delito de tenencia ilegal o irresponsable de armas. Actualmente, este delito es sancionado de tres a cinco años de cárcel.

Esa cantidad de armas ilegales registradas casi fue duplicada con el decreto 175 del 23 de octubre de 2003, que facilitó legalizar 801 armas, según el informe entregado por el  ministerio de la Defensa Nacional. Éste fue el decreto al que más se amparó la población para registrar armas que violaban la ley, al no estar matriculadas, según lo exige la Ley de Control y Regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares.

El último decreto aprobado por la Asamblea Legislativa ha sido el número 25 emitido el 21 de mayo de 2009. Facilitó legalizar 145 armas en los 45 días que tuvo de vigencia.

El decreto 25 es mencionado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exministro y viceministro de la Defensa Nacional,  Atilio Benítez Parada.

La FGR acusa a Benítez de registrar armas ilegales fuera del plazo de los 45 días hábiles otorgados por el decreto 25. Señala que habría utilizado a la institución castrense para comercializar armas y lucrarse económicamente.

La Asamblea Legislativa ya ha desaforado a Benítez luego que la FGR lo acusara de estafa, actos arbitrarios, tenencia y portación ilegal de armas y comercio ilegal de armas.

En la solicitud de acceso a la información pública se pidió el  listado de las personas que se ampararon al decreto 25 para registrar armas ilegales.  Sin embargo, la Defensa se basó en los artículos 19, 20, 21 y 22 de la Ley de Acceso a la Infomación Pública para denegar la información.

También fue solicitado que la Defensa detallara qué tipo de armas fueron registradas con cada decreto. Sin embargo, de forma general, respondió que fueron legalizadas “las que son permitidas tener a la población”, según lo señalado por los artículos 7 y 72 de la Ley de Control y Regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares.

La Defensa aclaró que todas las armas que han sido legalizadas con estos decretos  fueron previamente “enviadas al laboratorio balístico para determinar que éstas no hubieran participado en algún hecho delictivo”.

RESTRICCIÓN A NUEVOS DECRETOS

El presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Legislativa, Antonio Almendáriz, dice que el espíritu de estos decretos fue legalizar las armas que habían quedado en manos de la población civil tras la finalización del conflicto armado.

Explica que, por lo tanto, a 25 años de haberse alcanzado la paz ya no tiene  sentido aprobar nuevos decretos para legalizar armas.

Por su parte, el diputado de la comisión de Defensa y exdirector policial, Rodrigo Ávila,  plantea que al aprobarse un nuevo decreto, se debería especificar el tipo de armas y  el período de fabricación que se avalaría registrar.

Esta medida sería un filtro para evitar ilegalidades al registrar las armas.

801 armas

ilegales permitió registrar el decreto legislativo 175 del 23 de octubre de 2003. Es la mayor cantidad de armas legalizadas por vía de decretos.

441 armas

ilegales fueron registradas por medio del decreto 431 del 31 de mayo de 2003. Es el segundo decreto a través del cual más armas han sido legalizadas.

 



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