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OPINION

Derivada de la propia noción de poder constituyente, existe la tesis que el poder originario de un día no puede condicionar el poder constituyente del mañana, lo cual significa que la Constitución no puede ni debe entenderse como una ley eterna. Así lo dice el art. 28 de la Constitución francesa de 1793, al declarar que “Un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras”.

Uno de los déficits de los Acuerdos de Paz es no haber abordado el régimen de las cláusulas pétreas o intangibles, de tal manera que lo dispuesto en el art. 248 hace de El Salvador uno de los Estados más atrasados en el manejo de ciertas áreas jurídico-políticas, como el territorio y el sistema político, sin que se vislumbre una posibilidad que nos acerque a soluciones previstas en otros Estados, en los que sí se contempla la reforma de este tipo de cláusulas mediante procedimientos más rigurosos que el previsto para otras disposiciones constitucionales, incluso una nueva constituyente. Es más, hay posiciones tan reacias a estos temas, que no admiten ni siquiera procesos de discusión.

De conformidad con el art. 248 Cn., párrafo 4, con los Acuerdos de Paz o sin ellos: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.” En consecuencia, son inamovibles los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88 y 89, que integran el Título III denominado “EL ESTADO, SU FORMA DE GOBIERNO Y EL SISTEMA POLÍTICO”. En el análisis de derecho comparado se advierte nuestra falencia en ese ámbito.

Por otra parte, en el ordenamiento salvadoreño los preceptos sobre derechos fundamentales no gozan de superioridad intrínseca derivada del derecho internacional, en el que rigen los principios del pacta sunt servanda y del ius cogens; éstos tendrían imperatividad propia, y el Estado debería aceptarlos y aplicarlos como normas anteriores y superiores, aun sin ratificación, como ocurría en el derecho natural. Entre nosotros no es así, porque la ley internacional tiene categoría infra constitucional y no constituye parámetro de control constitucional per se.

No obstante, sentencias de la Sala de lo Constitucional sobre candidaturas no partidarias, sobre la Ley de Amnistía y otras, han sobrepasado estos criterios, cuando han reconocido como parámetro de control constitucional a los tratados internacionales. Así, al interpretar con largueza los arts. 85 y 144 inciso 2, se ha superado el condicionamiento del art. 145 al invocar el principio pro-homine.

De acuerdo con la realidad resultante, la Sala ha generado una nueva forma de abordar el tema de las cláusulas pétreas. La Sala, con las sentencias referidas, mutó la Constitución, sin seguir los pasos del art. 248.

En nuestra realidad, los partidos políticos ya no son el único instrumento para la representación del pueblo, pues se permite las candidaturas no partidarias. Además, las normas de ius cogens, según la Sala, son parte del “bloque de constitucionalidad”, lo que se discute.

Dado el curso de las resoluciones de la Sala, las mutaciones se producirían por su autoridad intrínseca, producto de la institucionalidad suprema de ese tribunal. Los textos concernientes al sistema político siguen ahí formalmente como cláusulas pétreas, pero son modificados por la dinámica impulsada por la Sala y el imperativo categórico que se sustenta en el artículo 183 Cn. por el cual puede “declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Pero ello no es absoluto, dado que la soberanía debe ejercerse “en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución” (art. 83 Cn.); cuando estos límites se transgreden, se incurre en “abuso del derecho”, violentándose el art. 246 que estatuye: “Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio. La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado”.

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