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Editorial & Opinion

Claves para comprender Guatemala

Vanessa Núñez Hándal/Abogada, docente y escritora salvadoreña, residente en Guatemala

miércoles 30, agosto 2017 - 12:00 am

Jimmy Morales, era un comediante de mediano éxito en la televisión guatemalteca. En el 2011, se lanzó a la política como candidato a la alcaldía de Mixco, sin mayor éxito.

Junto a su hermano fundaron diversas empresas, jactándose de haber construido una carrera bajo parámetros de honestidad y amor a su país, lo que les valió para ganar simpatías entre las clases medias y bajas que sintonizaban su programa.

En abril del 2015, ocurrió en Guatemala una de las crisis políticas más graves de su historia, luego del destape de una red de corrupción denominada “La Línea”. Tras la misma, Iván Velásquez, ya entonces jefe de la CICIG (Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala) recibió un apoyo casi absoluto por parte de la población que, indignada, se volcó a la plaza de la Constitución y exigió la renuncia del presidente Otto Pérez y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Actualmente ambos funcionarios se encuentran enjuiciados y en prisión. Varias de sus propiedades han sufrido extinción de dominio.

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Esta crisis política y social fue aprovechada por Morales para, con el apoyo del FCN (Frente de Convergencia Nacional), un partido político fundado por varios exmilitares participantes en el conflicto armado guatemalteco, ganar la presidencia en el 2015 sin mayor esfuerzo.

Y aunque era lógico que un excomediante poco podía saber de política, muchos esperaron que fuera una persona honesta que generara el cambio que los guatemaltecos demandaban hacia un administración pública más transparente.


Pero los “destapes” de la CICIG continuaron. Así, la CICIG no se conformó con llevar a juicio a varios funcionarios del gobierno de Pérez Molina, sino que extendió sus investigaciones hasta las empresas y personas que se habían visto beneficiadas por tal red de corrupción, mediante el no pago de impuestos. Y ahí fue cuanto la cosa comenzó a ponerse fea.

Los afectados, como es obvio, luego de que muchos de ellos apoyaran con vehemencia las acciones tomadas en contra del anterior gobierno, comenzaron a alegar que la CICIG no pretendía combatir la corrupción, sino llevar a cabo una cacería de brujas en contra de empresarios honrados y que ésta no era más que una prolongación de la izquierda o del intervencionismo internacional, para afectar sus intereses.

Velásquez, sin embargo, se mantuvo firme y, con la ayuda de la fiscal general, Thelma Aldana, continuó llevando frente a los tribunales a diversos personajes poderosos y a diversos empresarios, entre ellos el mismo hermano e hijo del presidente Morales, acusados de fraude fiscal y lavado de dinero.

Morales, cuyo slogan de campaña había sido “ni corrupto ni ladrón” y durante la contienda política había llegado a retar a la CICIG –como buen actor: mirando firmemente a la cámara– para que abriera una investigación en su contra y su partido, a fin de determinar si el financiamiento que recibían era ilícito o no, vio cumplida su pesadilla. 19 meses después de ganar la presidencia, la CICIG y el Ministerio Público presentaron el viernes 25 de agosto pasado una solicitud de retiro de inmunidad en su contra por financiamiento ilícito durante su campaña del 2015.

Como reacción, Morales viajó el fin de semana a la sede de la ONU, sin aclarar los motivos. Las especulaciones de que pediría la destitución de Velásquez al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no se hicieron esperar. Sin embargo, ante el apoyo mostrado por Guterres a Velásquez, Morales, quizá presionado por quienes lo llevaron al poder, optó por declarar, en un sorpresivo mensaje transmitido por TV nacional a las 6:00 a.m., como non grato a Velásquez, ordenándole el abandono inmediato del territorio guatemalteco. Dicha decisión, sin embargo, fue declarada horas más tarde inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, dejando así al país sumido en una crisis tan profunda como la vivida en el 2015.




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