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Enfrentar el problema que significa la malhadada “tregua” entre las pandillas, desde la Fiscalía, significa un valioso avance en la cultura judicial de El Salvador. Tocar un tema donde todo apunta a confirmar que la llamada tregua no dejó de ser un pacto tenebroso entre quienes se manejan en el bajo mundo del hampa, donde se mezclan individuos de todo nivel social, económico y político, que tienen a los salvadoreños bajo un régimen de temor como nunca se había dado, es casi temerario.

El método de la extorsión, que en términos socio criminales se traduce en “dame dinero o te mato”, se dejó transcurrir hasta niveles que sobrepasaron lo permisible y erradicar esa perniciosa práctica está obligando a las autoridades a actuar con el mayor rigor posible, pero sujetándose al cumplimiento de la ley. La ciudadanía –agotada al extremo por el acoso pandilleril- reclama de la autoridad que se actúe sin reservas contra ese mal tan perverso.

La extorsión realmente es un delito odioso, porque vuelve esclavo al ciudadano honrado, quien sufre humillaciones y extremos increíbles para su persona y su familia, sin derecho a reclamar, bajo pena de sufrir la muerte. ¿Cuántas familias tienen que pedir permiso para salir o entrar a sus viviendas o lugares de trabajo, cuando teóricamente en el territorio nacional existe libertad de circulación?

Recientemente me contaba un esforzado taxista que todo el sistema de ese elemental servicio se encuentra en constante zozobra porque no pueden entrar en zonas si no pagan una renta, bajo pena de no salir nunca más. Las fatídicas pandillas  controlan territorios donde la voluntad de los pandilleros es ley. Es por eso que el señor Fiscal General se merece todo el apoyo de todos los que de alguna forma podrían colaborar en la solución y erradicación completa de este fenómeno que abate a la nación.

Lo dijimos desde hace mucho: Negociar con criminales no es moral ni legalmente sostenible. ¿Cómo puede usted ofrecer que no va a tomar acción por una conducta delictuosa a cambio de nada? ¿O a cambio de que van a reducir los delitos? ¿O porque van a actuar en determinados territorios? Se comprobó que la farsa de reducir los homicidios se transformó en un aumento de desapariciones, lo que significaba que los cadáveres se escondían (enterraban) para dar la imagen de que no habían asesinatos. Sin embargo el compromiso del gobierno de ablandar las medidas en las cárceles se cumplieron a cabalidad tal como se ofrecieron. Era simplemente una sencillez creer en la palabra de un antisocial que ofrece reducir (no erradicar) sus crímenes a cambio de recibir un trato placentero en los centros penales.

Promover placeres en la cárcel no deja de ser una triste realidad, que a la larga, fortaleció a las fatídicas maras. Sin embargo, el Fiscal General, y todos sus auxiliares que colaboran en esta gesta anticorrupción, toman un riesgo enorme, ya que están tocando a un monstruo de mil cabezas, que llega a los mas altos niveles del poder formal de la nación.

Conocemos de las presiones de funcionarios y particulares que se hacen a los fiscales promotores de esta necesaria acción, y les recomendamos que tomen medidas extraordinarias de protección. Deben tomar en cuenta que el crimen tiene tentáculos  invisibles, dentro y fuera de las instituciones, porque el poder del dinero no tiene fronteras.

Basta recordar la iniciativa de los diputados para neutralizar a la sección de probidad de la CSJ, que adormecía durante 50 años, y cuando tomó iniciativa para investigar enriquecimientos ilícitos de altos funcionarios, fueron detenidos por la misma autoridad superior en grado. Tenemos el convencimiento de que la renovación que está operando en el Ministerio Público, con la llegada del nuevo titular, causa una esperanza en la población de que la criminalidad se reducirá, y de que los malandrines (incluso los de cuello blanco) pensarán dos veces continuar con su indebido proceder. Adelante Señor Fiscal y auxiliares, el pueblo les agradece sanear nuestra sociedad, pero a la vez, cuídense y protéjanse.

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