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Una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador es el nuevo reto para el país, nos debatimos entre la necesidad de vencer la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el abuso de poder y la connivencia con el crimen o el seguir ocultando todo eso bajo la alfombra, porque es lo que hemos hecho en los últimos 50 años. Para nadie es un secreto que los funcionarios públicos entran pobres y salen ricos del gobierno, algunos hasta han estado acusados públicamente de falta de pago a entidades bancarias y ahora aparecen con mansiones, negocios, gustos y ostentosas formas de vida, que jamás tuvieron en su vida pública antes de entrar al aparato estatal.

Tampoco es un secreto que funcionarios de estado, empresarios y políticos también se relacionan con el narco, la trata de personas, el lavado y blanqueo de capitales y muchas otras cosas más, pero hasta hoy muy pocos casos se han procesado, diría yo que ni siquiera se han investigado, eso es a lo que EE.UU. se refiere cuando dice que en el triángulo norte centroamericano hay que vencer la impunidad y que nada mejor sería que en Honduras y El Salvador se emulara la CICIG guatemalteca.

La pregunta es si una Comisión encabezada o apoyada por la ONU como sucede en Guatemala será capaz o sería totalmente libre para investigar y sancionar esa impunidad en El Salvador. La experiencia más cercana fue la famosa Comisión de la Verdad, que tras los acuerdos de paz investigó, entrevistó y generó un informe sobre hechos violentos, masacres, asesinatos, secuestros, etc. pero nunca pudo convertirse esa información en proceso judicial incriminatorio, de hecho derivó en la famosa ley de amnistía que protegió a los protagonistas de esos hechos bajo el concepto del “perdón y olvido”.

El Salvador es víctima de su impunidad, no nos gusta la justicia, lo vemos en los pequeños detalles y en las reacciones a situaciones básicas que para otras latitudes son inaceptables, por ejemplo: en lugar de cuestionar se protege a un alcalde que contrata sus familiares; se ataca a la Sala de lo Constitucional por decisiones que protegen la democracia y el orden institucional; se promueve y consiente el uso de maletines con dinero en la Asamblea Legislativa; permitimos que un fiscal viaje en los aviones de quien debería ser su acusado; dejamos que altos funcionarios sean colocados en puestos claves aun bajo sospecha de haber cometido corrupción o abuso de poder; entre otras de las tantas cosas que como ciudadanos no logramos colocar en la categoría de acciones detestables, porque nos hemos acostumbrado a vivir con ellas o incluso a vivir de ellas porque el reparto es grande.

Salir de la impunidad es pensar en un estado de derecho eficiente, donde todos los ciudadanos pueden estar seguros de que sus leyes les protegerán y que sus funcionarios respetarán, es tan difícil que hasta justificamos la embriaguez de un periodista o peor aún aceptamos que la autoridad le dispare a cualquiera aun y cuando no se ha demostrado su culpabilidad; la impunidad de la que hablamos está pegada en el ADN nacional, sacarla de ahí será una verdadera proeza quirúrgica, pero debe hacerse antes que realmente el estado sea tan fallido que ni con una CICIES recobraremos la dignidad.

La corrupción en el triángulo norte no es responsabilidad de los Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita limpiar su patio trasero y nos guste o no tendremos que comenzar a hablar de corrupción y deberemos plantearnos si la CICIES es la solución, pero lo más importante será plantearnos si queremos o no vivir sin impunidad.

 

 

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