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En este momento tan delicado de la realidad nacional es fundamental precisar ¿de qué se está hablando cuando se habla de la creación de comités ciudadanos de apoyo a la seguridad? Es ineludible ser precisos, pues el partido GANA tiene un proyecto de ley apelado “Ley Especial del Cuerpo de Defensas Comunales”, que plantea medidas que son preocupantes. Se deben encender las luces de alarma.

En el proyecto de ley de dicho partido se “propone que los ciudadanos que formen parte de este grupo puedan portar armas de manera permanente en la comunidad para el resguardo de su vida, su integridad, la de los vecinos y sus bienes, previa autorización de la PNC”. “Los ciudadanos podrán defenderse legítimamente cuando grupos terroristas pongan en peligro sus vidas, la comunidad y sus bienes sin ninguna responsabilidad penal alguna”. Esto de llegar a convertirse en ley es grave, es licencia para matar, da el derecho a tomar la justicia por mano propia, al margen de la ley vigente.

Se les olvida a estos señores que en 1992 los Acuerdos de Paz disolvieron las defensas civiles y se reconoció el principio que todo cuerpo o grupo paramilitar debe ser proscrito dentro del Estado de Derecho.

La historia de las defensas civiles es nefasta. No se puede olvidar que desde los años 30 se organizó lo que se llamó el Servicio Territorial. Eran patrullas militares que funcionaban en todo el territorio nacional, tanto en las zonas rurales como en los barrios de las ciudades. Cada cantón del país tenía al menos dos o tres patrullas incluso había cantones que por su población tenían hasta 14 o 15 de esas patrullas. Es decir, estábamos frente a un aparato de más de 200 mil personas, en un país que en los años 60 tenía unos escasos tres y medio millones de habitantes. Esta historia no puede repetirse.

No tiene discusión, que es necesario organizar a la población en los barrios, para enfrentar la delincuencia. Lo que sí es discutible, y fundamental para el futuro del país es definir con absoluta claridad ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Comités Ciudadanos? El Salvador no se puede dar el lujo de volver a cometer los errores del pasado.

Debemos de hablar dentro de un modelo de seguridad democrático, donde es legítima y necesaria la actividad de los ciudadanos para prevenir y contribuir a llevar a la justicia a las personas que cometan delitos que atenten contra la seguridad pública, pero se debe de tener el cuidado de no dar a los miembros de la población civil funciones que los hagan participar de modo directo y activo en la represión del delito, ni en otras funciones que son propias de la Policía Nacional Civil, como: Mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública; prevenir y combatir toda clase de delitos; ejecutar las capturas en los casos previstos por la ley; otorgar protección a personas y bienes en todo el territorio nacional

Con el objetivo de prevenir y reducir la delincuencia es importante impulsar la participación de la población juntando el conocimiento que tiene de los problemas locales de violencia y delincuencia. Los Comités Ciudadanos deben responder al objetivo de incorporar las iniciativas de las organizaciones de vecinos a la política pública de seguridad.

Los Comités podrían elaborar mapas de prevención de la violencia y el delito, consensuar prioridades de trabajo anti delincuencial con la PNC. Participar en el diseño de los planes locales de seguridad. Impulsar acciones de prevención de la violencia y de integración comunitaria en articulación con el gobierno y gestionar con las alcaldías el mejoramiento del alumbrado público y la recuperación de zonas verdes.

La seguridad pública es una construcción colectiva, no es asunto solo de policías. Las medidas anunciadas por el gobierno central no representan todavía una respuesta suficiente a la aguda crisis de conflictivad social del país. La comunidad organizada es uno de los actores clave para disminuir la violencia y el delito, su participación es esencial en la planificación, implementación y evaluación de las medidas que se  puedan llevar adelante en el área preventiva, así como en el contexto de las acciones destinadas al control de la violencia y la delincuencia. Esto se debe hacer pensando bien, en las consecuencias de adoptar una posible solución, no suceda que sea peor el remedio que la enfermedad.

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