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OPINION

Recientemente y por notas periodísticas se ha dado a conocer que el Gobierno de la República paga entre $15 a $20 mil mensuales a funcionarios y “aliados” de la presidencia del profesor Salvador Sánchez Cerén. Se reveló que ese sobresueldo también lo pagó la administración de Mauricio Funes. Esta información fue revelada por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien señaló que un funcionario investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito en la Sección de Probidad de dicha Corte, así lo habría confesado. Lo anterior fue declarado en una entrevista televisiva.

Agregó que el dinero es entregado en efectivo y está exento de impuestos, y que eso lindaba con la evasión de impuestos y el enriquecimiento ilícito. Que lo reciben no solo los funcionarios del Órgano Ejecutivo sino también de otras instituciones, aparentemente diputados de la Asamblea Legislativa.

De ser cierto lo anterior, sería el colmo de la desvergüenza de éste y de cualquier otro gobierno que lo haya practicado; sería el colmo de lo antiético, de la inmoralidad, de lo antidemocrático y de lo decente ¿Cómo es eso de que en CAPRES se pagan “sobresueldos” a funcionarios y diputados? ¿Y qué es eso de “sobresueldos”? ¿Cuál es la naturaleza de esas erogaciones? De ser cierto eso sería un completo asco, y el Fiscal debe investigar a profundidad quiénes, cómo y cuándo recibieron dinero en esos conceptos torcidos del erario público nacional. Y en eso deberíamos de cerrar filas todos, pues no es posible que los fondos públicos se manejen de esa forma total y groseramente arbitraria, discrecional, antitributaria, y con la muy probable manifiesta y festinada intención de comprar voluntades.

Lo anterior debe ser suficiente para que el Fiscal General investigue a profundidad y, de resultar ciertas esas erogaciones “desviadas”, haga público ese listado, porque quienes han recibido fondos en esos conceptos, deberán estar totalmente proscritos de poder participar en cualquier cargo de elección popular, porque eso tiene nombre y se llama CORRUPCIÓN.

Y no es que la figura denunciada sea algo que hubiese inventado enteramente este gobierno, o fuese una práctica de nuevo cuño, ha sido un “secreto a voces” que se ha escuchado de larga data, que tales prácticas torcidas eran ya realizadas durante las administraciones de ARENA –lo cual a mí no me extrañaría para nada-, quienes junto al non gratamente recordado “bloque de derecha legislativa”, inauguraron y aplicaron la primera generación de la partidocracia. Lo que sería realmente escandaloso y totalmente inaceptable –aunque quizá torcidamente entendible-, es que el primer “gobierno del cambio” haya continuado con tal execrable y detestable práctica y que el segundo “gobierno del cambio” lo siguiera realizando. Sería algo todavía más detestable e inaceptable cualquier discurso ético sobre el manejo de los fondos públicos y la lucha contra la corrupción que este gobierno maneje, de ser ciertos los graves señalamientos sobre tales “sobresueldos” pagados.

¿Qué va a decir sobre “cambio” alguno un gobierno que se ha vendido de esa manera y haya continuado con dicha detestable práctica antipolítica y deshonesta?

¿Qué va a decir un gobierno sobre el honesto y decente manejo de los fondos públicos un gobierno que haya continuado con esa forma corrupta de “comprar voluntades” y “aliados”, y que de ello hablaría de la pobreza de su poder ideológico y de sus convicciones democráticas?

¿Qué va a decir un gobierno sobre la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, si hubiese continuado con la práctica de entregar esos despreciables “sobresueldos”, que se encontrarían “libres” de pago del impuesto correspondiente?

¿Qué va a decir un gobierno sobre desempeño por convicción en los cargos públicos, más allá del monto de las remuneraciones elevadas en los mismos, si llegara a ser cierto que ha pagado tales bucólicos “sobresueldos” a funcionarios públicos y diputados?

Por lo anterior, también debe ser revelado lo actuado por las administraciones Cristiani, Calderón Sol y Flores sobre este tema -pues aunque producto de ese inadmisible artículo que los constituyentes del 83 se recetaron sobre la década de prescripción penal de los delitos de corrupción-, es necesario saber la verdad sobre el manejo recto o torcido que tales administraciones hicieron de los fondos públicos, para poder tener claridad sobre lo que pasó y cómo pasó, y para tomar decisiones electorales futuras.

Señor Fiscal General, si sus palabras sobre combate real y frontal a la corrupción sin distingos de signo partidario son reales, le insto a que investigue este caso a profundidad y nos revele quiénes fueron los enemigos de la democracia y la transparencia que se beneficiaron de esta especie de “línea” salvadoreña. Espero su respuesta.

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