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Congreso de Guatemala modifica ley electoral y blinda a Jimmy Morales

EFE

jueves 14, septiembre 2017 - 12:00 am

El Congreso de Guatemala aprobó ayer una iniciativa de ley que libera a los secretarios generales de los partidos políticos de la responsabilidad penal de la financiación electoral, una medida que beneficia al presidente, Jimmy Morales, y a otros diputados denunciados por ese delito.

Con una votación de 107 a favor y 16 en contra, el pleno del Congreso modificó el artículo 407 del Código Penal que contemplaba anteriormente que toda persona individual o jurídica que aporte, reciba o autorice recibir recursos destinados a actividades permanentes, de campañas y eventos electorales, podrían ser sancionados. Pero con la reforma, ahora eso únicamente corresponde a los contadores de los partidos.

Los literales “n”, “o” y “p” del referido artículo, correspondientes la financiación ilícita, no registrada y anónima, respectivamente, sufrieron las modificaciones clave para desvanecer posibles investigaciones en contra de los líderes políticos.

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El Congreso liberó esta semana al presidente Morales de perder su inmunidad para que fuera investigado por el delito de financiación electoral ilícita, del cual fue acusado porque su partido supuestamente ocultó a la autoridad electoral 900.000 dólares cuando él era su secretario general.

Con la reforma aprobada, solo cometerá el delito de financiación electoral ilícita “quien reciba o proporcione recursos (…) a sabiendas que dichos aportes provienen del narcotráfico u otras actividades del crimen organizado”.


En cuanto al delito de financiación no registrada, serán los contadores los responsables y el Tribunal Supremo Electoral solo podrá emitir denuncia penal al tener plena certeza del resultado final de la auditoría electoral, precisa la reforma.

Además, la financiación electoral anónima corresponderá a quien “realice aportaciones dinerarias o no de manera anónima”, desligando a quien la reciba.

Los motivos que basaron los ponentes de esta iniciativa, entre quienes destaca el jefe de bancada del oficialista Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Javier Hernández, y la opositora de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Karina Paz, fueron un “marco de incapacidad penal” y los resultados de una supuesta consulta hecha a distintos sectores. Terminados de leerse y aprobarse cada artículo así como la redacción final de la reforma, la activista Helen Mack y el abogado constitucionalista Alfonso Carrillo presentaron amparos ante el Constitucional basados en el “derecho a que los funcionarios públicos se sujeten en ley”.




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