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Editorial & Opinion

Constitución e incompatibilidad por vinculación partidaria

Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, El Salvador / Autor: Florentín Meléndez. Magistrado de la Sala de lo Constitucional

viernes 29, diciembre 2017 - 12:00 am

Los diputados constituyentes de 1983, al momento de redactar y aprobar la Constitución de la República, consignaron en el Informe Único del Proyecto de Constitución, que los miembros de la Sala de lo Constitucional, a diferencia del resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debían ser nombrados directamente por la Asamblea Legislativa en dichos cargos, “en atención a que ellos ejercitan una función y administran una justicia que reúne caracteres de orden político, no de política partidista, sino de aquellas que se refieren a la interpretación de las normas constitucionales, que son normas políticas.” Y al referirse a la independencia del titular del Órgano Judicial, los Constituyentes dijeron que: “En cuanto al presidente de la Corte Suprema de Justicia, es obvio que su cargo es absolutamente incompatible con toda actividad de orden político partidista.”

Del espíritu y texto de la Constitución se desprende, por lo tanto, que existe una clara “incompatibilidad” entre las funciones judiciales y las actividades político partidarias, las que se manifiestan en la vinculación formal o material con los partidos políticos, es decir, en la militancia, afiliación y dirección partidaria, y en las actividades de proselitismo o campaña electoral.

Lo anterior no implica bajo ningún concepto que se estén violando derechos políticos de los ciudadanos, ni que se esté desconociendo el importante rol de los partidos políticos en la democracia representativa, tal como equivocadamente se ha sostenido como argumento para atacar y descalificar sentencias de la Sala en las que se ha interpretado y aplicado la Constitución para defender el Estado de Derecho y la independencia judicial, que constituyen valores que atañen a los intereses de toda la colectividad frente a los derechos políticos individuales de los ciudadanos. “El interés público tiene primacía sobre el interés privado,” dice la Constitución (artículo 246).

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Igual efecto se produce con los derechos individuales de ciertos funcionarios y personas particulares, cuando la Constitución establece que los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, e incluso los ministros de cualquier culto religioso, “no podrán pertenecer a partidos políticos ni optar a cargos de elección popular”.

También establece que “no podrán realizar propaganda política en ninguna forma” (artículo 82). Lo anterior no implica que se estén violentando derechos políticos individuales desde la misma Constitución, sino que se está salvaguardando la pureza de los procesos electorales al impedirse que sectores de poder participen e incidan indebidamente en ellos.

Asimismo, la Constitución (artículos 47 y 221) establece que los jueces, los funcionarios públicos, los policías y los miembros de la Fuerza Armada, no dispondrán del derecho de pertenecer a  sindicatos ni del derecho de huelga. En este supuesto, tampoco se están violando o desconociendo derechos laborales desde la Constitución, sino que se están estableciendo prohibiciones e incompatibilidades de determinadas funciones públicas, con otras actividades cuyo ejercicio podría afectar sustancialmente el funcionamiento del Estado, tal como la huelga en los servicios públicos esenciales a la comunidad, prevaleciendo en todo caso el interés colectivo frente a los intereses individuales.

Conocer y acatar la Constitución, sus disposiciones y principios fundamentales, así como los derechos, deberes, límites y prohibiciones que contiene, es uno de los más importantes deberes políticos que los ciudadanos salvadoreños tenemos que cumplir para construir una cultura cívica de respeto a la Constitución, a fin de que se garantice en El Salvador el imperio del Derecho, el respeto a los derechos fundamentales, la armonía social y la convivencia pacífica (artículo 73).

Pero este deber ciudadano de conocer, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución, tiene más fuerza e intensidad cuando se trata de los líderes y dirigentes políticos y de los funcionarios públicos, que estamos llamados a dar el ejemplo de acatamiento y respeto a la Constitución.

La independencia judicial es un principio fundamental del Estado de Derecho que está reconocido por la Constitución (artículo 172), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14), la Ley de la Carrera Judicial (artículos 24 y 26), el Código de Ética Judicial de El Salvador (artículo 7), y el Código Iberoamericano de Ética Judicial (artículo 4).



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