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Editorial & Opinion

Continuidad y cambio constitucional

Rodolfo González Bonilla / Magistrado de la Sala de lo Constitucional (2009-2018)

martes 17, julio 2018 - 12:00 am

La Sala de lo Constitucional fue creada por la vigente ley fundamental en 1983 y comenzó sus funciones el 1 de julio del año siguiente. Sus primeras dos integraciones, que duraban cinco años antes de las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de paz, comenzaron a trabajar con la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960, y ya en la primera década la institución tuvo que enfrentarse a situaciones prácticas que la llevaron a emitir jurisprudencia innovadora.

En esos años se demandó en amparo a otra Sala de la CSJ, concretamente a la de lo Contencioso Administrativo; ante la indefinición legal, intervino la Asamblea Legislativa y reformó la ley para prescribir que eso sí era posible y el proceso se tramitó hasta sentencia. También se tramitó, aun sin desarrollo legal –lo cual sucede hasta hoy–, las primeras controversias entre el Presidente de la República y la Asamblea cuando el primero veta la ley por inconstitucionalidad y la segunda supera el veto por mayoría calificada. En lo referente a los derechos fundamentales, se configuró en la jurisprudencia los de audiencia, estabilidad laboral de los servidores públicos así como el carácter no retroactivo de las leyes, salvo casos de orden público determinados así por el Legislativo.

La tercera integración del tribunal, que asumió en julio de 1994 y con la cual colaboré como letrado, produjo innovaciones procesales y constitucionales importantes, como declararse independiente de la CSJ en lo jurisdiccional, tanto así que admitió demandas contra las otras dos Salas –Civil y Penal– e incluso contra Corte Plena, presentadas por abogados o notarios suspendidos o inhabilitados. También inició el control de constitucionalidad por omisión, en lo relativo a los hijos nacidos fuera de matrimonio, y ejerció por primera vez control sobre acuerdos de creación de comisiones especiales y elecciones de segundo grado –en el caso del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, diez años de que asumiera la Sala de 2009.

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En el amparo, se rompió el criterio tradicional de que la demanda debía ser presentada por cada persona natural o jurídica afectada en sus derechos, y se aceptaron las primeras demandas para proteger intereses difusos, como el caso del medio ambiente; también se empezaron a configurar derechos o garantías que no están literalmente reconocidos, como el derecho a recurrir, elemento integrante del debido proceso, o las garantías constitucionales de los contribuyentes. Y en el hábeas corpus, se empezó a dar cumplimiento, sin desarrollo legislativo –como también sucede hasta hoy– a la reforma constitucional que amplió dicha garantía al control de los atentados contra la dignidad y la integridad de los detenidos.

La Sala que asumió en 2009 tomó desde el primer día algunas decisiones en lo jurisdiccional. La primera fue trabajar con la vigente Ley de Procedimientos Constitucionales de 1960 y no promover su reforma. Aunque fui miembro de la comisión redactora del proyecto de Ley Procesal Constitucional, y como tal conocía las importantes innovaciones que ella contiene, tenía claro, a la vista de los conflictos con el Legislativo, el riesgo de que se terminaran aprobando reformas legales que consistieran más bien en quitarle facultades al tribunal que en reconocerle un margen mayor de actuación.


También decidimos respetar los 25 años de jurisprudencia previa, a la cual introdujimos las innovaciones que nos parecieron necesarias. En ellas reconocimos algunos derechos que estaban implícitos en ley fundamental, como los derechos a la verdad, al agua, a la vivienda de los no propietarios, el de acceso a la información o el derecho de los indigentes a ser protegidos por el Estado; constatamos situaciones de inconstitucionalidad por omisión en cuanto al pago de una compensación económica al trabajador que renuncia, y ponerle así en condición de igualdad respecto del trabajador que es despedido, y en cuanto al establecimiento de salas cunas y el derecho de los padres a recibir licencia remunerada por paternidad; emitimos sentencias “estructurales” que determinan inconstitucional un estado de cosas, como el caso del hacinamiento carcelario o la contaminación en Sitio del Niño; y también resoluciones de seguimiento de los fallos, en aplicación de la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado que la Constitución otorga a todo tribunal, como en el caso de la elección de la Corte de Cuentas o de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.

La nueva integración de la Sala tiene a su base 34 años de jurisprudencia constitucional, en la cual se han incorporado aportes de la teoría constitucional y procesal constitucional más relevante, así como la jurisprudencia representativa de los tribunales internacionales y constitucionales más respetados. Por supuesto, siempre tiene la posibilidad de modificar, profundizar o replantear las líneas jurisprudenciales anteriores, con la fundamentación necesaria para que los fallos estén justificados. De los nuevos integrantes depende que la Sala mantenga la relevancia que ha mantenido, con más o menos intensidad, desde sus inicios.




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