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Los tributos en la historia nacional y regional siempre han sido motivo de mucho debate. Con la independencia y en el origen de la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica en 1823, nuestra región se encontraba endeudada, estableciéndose un impuesto directo a los ingresos o ganancias. Los trabajadores comunes pagaban cuatro reales, los tejedores seis por telar, los artesanos seis también y los abogados cinco pesos; durante casi un siglo ésta fue la base impositiva. A esto se agregaba, entre otros, los tributos provenientes del manejo estatal del monopolio de las bebidas alcohólicas.

Con la llegada del nuevo siglo y con las premuras económicas internacionales derivadas del impacto de la Primera Guerra Mundial, la situación financiera del país era muy crítica y cuestionada por la moralidad de los ingresos derivados del expendio de alcohol, con los consiguientes efectos salubres y sociales. Es así como en mayo de 1915 –hace un siglo- se aprueba la primera Ley del Impuesto sobre la Renta, la que enfrentó muchas reformas, incluso producto de la crisis como efecto de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso culmina en la reforma tributaria de 1951 pero resultó afectado por presiones internacionales en la configuración del nuevo orden mundial, específicamente, por la expansión del programa Alianza para el Progreso, cuyos patrocinadores promovían reformas a la medida de los modelos tributarios para esa época (1961-1963), Bogotá y Montevideo.

Después de los Acuerdos de Paz nuestro país enfrenta el mayor desafío con el auge de la inseguridad, violencia y criminalidad producto de las pandillas, del cúmulo de desigualdades propias del modelo económico y social imperante y de las secuelas del mismo en las idas y venidas de flujos migratorios y repatriados. Esta crisis ha sido asumida por este gobierno con incuestionable firmeza y abordada con responsabilidad por encima de intereses partidarios, haciendo de la política de seguridad un tema de interés público nacional, con una instancia de tratamiento del mayor nivel y consenso: el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

El Consejo de Seguridad que agrupa a las más diversas corrientes políticas, sociales, académicas, económicas, religiosas y de la  comunidad internacional, es la instancia generadora de consensos más representativa del país; gestó el Plan El Salvador Seguro, que ha sido validado y respaldado por todos los sectores y que tiene por únicos cuestionamientos conocidos la aceleración de su ejecución y la búsqueda de recursos suficientes para su correcta y oportuna implementación.

En el origen del financiamiento de las 124 políticas de seguridad está centrado el debate. La propuesta gubernamental es la aplicación de una contribución especial por un período determinado, 120 meses, con un tributo que grava con un 10 % únicamente a las telecomunicaciones, comprendiendo adquisición de equipos, llamadas, TV por cable, internet y accesorios. Este instrumento tendrá por ley un destino específico: financiar la seguridad de nuestra familia, garantizando la tranquilidad de nuestra comunidad, mediante el adecuado y suficiente equipamiento de nuestra PNC y ejército para dar mayor contundencia al combate de la criminalidad, y asegurar los programas de prevención suficientes para salvar a nuestros niños y jóvenes de seguir la misma ruta del crimen. Además contará con la rendición trimestral de informes al Consejo de Seguridad y la posibilidad de que éste pueda recomendar las prioridades para la ejecución de los fondos.

Esta propuesta coincide con la reciente aprobación por parte de la Junta Directiva de la SIGET del proceso de reducción de tarifas de telefonía que se realiza el 1 de noviembre de cada año, la que es más significativa en la medida que crece el mercado de las telecomunicaciones y se amplían sus servicios; para este año se proyecta una reducción de hasta un 13.85% lo que haría mínima la contribución de cada usuario para la seguridad.

Tributos a la telefonía existen en distintos países. Por ejemplo, en Bogotá desde hace 12 años se destina a la promoción del deporte nacional, con un gravamen del 20%. En Cali, considerada la capital deportiva de Colombia, financia el deporte y tiene un gravamen diferenciado de 7 %, 15 % y 25 % a mayor consumo de telefonía. Honduras, en su modalidad, lo aplica desde hace dos años; en Argentina está destinado al deporte olímpico; Paraguay lo utiliza para financiar su programa un niño una computadora. En África está regulado en Sudán, Túnez y Marruecos. Se aplica también en Jordania y está en debate en México.

Un tributo como éste es diferenciado, en la medida que quien consume más, pagará más. En definitiva, bien vale la pena por la seguridad de nuestra familia y la tranquilidad de nuestra comunidad asegurar los recursos necesarios y suficientes a nuestros hombres y mujeres de la PNC y del Ejército, héroes en el combate a la criminalidad y para ejecutar medidas concretas que permitan recuperar la tranquilidad a la sociedad, la familia y a cada salvadoreño.

 

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