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Sin elecciones a la vista, la más próxima será dentro de casi tres años, sin contar con el derecho político de revocatoria de mandato que da por terminado el mandato de un funcionario, por el incumplimiento de su programa de gobierno o por la insatisfacción general acerca de su desempeño, lo único que nos queda, ante la arbitrariedad y la discrecionalidad de un empleado público, es el control ciudadano de la gestión pública.

En El Salvador los funcionarios en el ejercicio de sus cargos se atienen cuando están en el gobierno: primero a que la población tiene memoria corta y solo recordará en el momento de una elección los acontecimientos más recientes que le impresionen para decidir por quién votar; y segundo, a que no hay mecanismos para dar terminado el mandato, para gobernar; así actúan, casi sin control, salvo el ejercido por la honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El control ciudadano de la gestión pública, cuestión extraña en la política salvadoreña, es aspecto básico de la cultura política de muchos países de nuestra América: en Colombia, la revocatoria de mandato es un mecanismo de participación ciudadana, previsto en la Ley 134 de 1994, con el que cuentan los colombianos para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del Estado. La revocatoria del mandato es un derecho político, por medio del cual los ciudadanos pueden dar por terminado el mandato que le han conferido a un gobernador o a un alcalde.

En Chile la Política para la Participación Ciudadana en el marco de la corresponsabilidad, constituye la carta de navegación del gobierno, en lo que a participación ciudadana refiere y uno de sus ejes centrales es el control ciudadano como espacio para la fiscalización ciudadana. Los chilenos pueden acompañar y monitorear en forma efectiva los actos de los órganos de la administración del Estado y las políticas públicas que se implementen. De esta manera, las personas se constituyen en actores que, enérgicamente, requieren y demandan servicios de calidad.

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho y la fiscalización de la gestión pública, es una necesidad. El Salvador está en el momento oportuno para crear un Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos que sirva como herramienta de control social de la ciudadanía y lucha anticorrupción. El país necesita tener un mecanismo de vigilancia sobre el gobierno y las empresas privadas que brindan, vía concesión, servicios públicos.

Un Observatorio de Servicios Públicos serviría para asegurar la transparencia de la gestión pública y un mecanismo de prevención de la corrupción permitiría demandar transparencia, rendición de cuentas y la calidad de los servicios públicos.

La Carta Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado firmada en San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008, señala muy claramente que las Administraciones Públicas tienen que ser transparentes en su gestión, abiertas al escrutinio público, tolerantes a la crítica y permeables a las propuestas de mejora y de cambio provenientes de la ciudadanía.

Tenemos derecho a una gestión pública de calidad centrada en las personas, a participar en el ciclo de diseño y mejora de un servicio público, así como a presentar propuestas de transformación e innovación del mismo.

Ganemos el derecho a presentar peticiones, solicitudes o reclamos a los órganos y entes de la Administración Pública, así como recibir oportuna y adecuada respuesta a tales peticiones o solicitudes, independientemente del derecho de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley nacional.

Debemos exigir un trato respetuoso y deferente por las autoridades y funcionarios públicos, quienes están obligados a facilitar a los particulares el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

Pero hay que tener muy claro algo: los derechos no se heredan, se conquistan y luego se defienden, porque de lo contrario se pierden. Luchar por el derecho al Control Ciudadano de la Gestión Pública, hoy más que nunca, es indispensable para sacar adelante a El Salvador.

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