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Editorial & Opinion

Controles para prevenir delitos

Armando Rivera Bolaños / Abogado y Notario

miércoles 1, noviembre 2017 - 12:00 am

En un estudio sobre delincuencia en el país, publicado por la respetable Universidad Tecnológica, leía que “cuando la violencia criminal se dispara a límites intolerables, la respuesta del control social debe tener el carácter de emergencia, tanto en las leyes como en los recursos policiales, en el control territorial y de la población penitenciaria” y añadía “por supuesto, esto es lo deseable pero solo será posible, siempre y cuando toda la población, padres e hijos, empresarios y obreros, campesinos y citadinos, funcionarios y ciudadanos, asuman conscientemente que el primer cumplidor de la ley es todo miembro de la comunidad y que el primer colaborador en la preservación de su vida y de sus bienes es el mismo ciudadano” (“Una perspectiva académica al problema delincuencial”). En el párrafo transcrito, encontramos dos aspectos de control para el problema delictivo: el control social y el control territorial y un tercer aspecto crucial: el rol de los municipios (concejos), en la prevención delincuencial. Todo ello como parte componente de la política criminal, hoy inexistente en los planes de lucha que organiza el gobierno.

Previo a considerar, con mayor amplitud, el rol de los concejos municipales, hablemos brevemente del control social y del territorial en la prevención y combate antidelincuencial. El primero, según la Criminología, es “el conjunto de instituciones, estrategias y sanciones sociales que pretenden promover y garantizar el sometimiento del individuo a los modelos y normas comunitarias”, el cual implica dos acciones convergentes: una, el rol del Estado en cuanto a hacer efectiva la obligación de respetar las leyes, garantizar los derechos constitucionales y preservar el orden público, con participación de policías, jueces y fiscales; y dos, que frente al concepto tradicional y constitucional “del orden público”, que siempre fue encaminado a conservar el orden político partidario (como pasó en nuestra historia, o lo observamos hoy en Venezuela), ha surgido un concepto moderno denominado “Seguridad Ciudadana”, la cual busca -aunque sin pleno respaldo legal-, proteger los derechos humanos de los ciudadanos y reducir el control del poder estatal, contaminado por intereses espurios.

Respecto al “control territorial” en colonias y comunidades, o sectores urbanos y rurales, que en un gran porcentaje mantiene la delincuencia, tiene a su base la disolución de los cuerpos de seguridad en 1992 con la firma de los históricos “Acuerdos de Paz”, cuya vigencia debe ser analizada a la luz de los nuevos acontecimientos y realidades del espectro nacional. Durante la presidencia del capitán general don Gerardo Barrios, se organizó el control territorial de la República, en cuatro grandes comandancias departamentales, a las cuales pertenecían los comandantes locales en cada municipio, mismos que organizaban y mandaban dos patrullas militares: las de barrio y las cantonales, que vigilaban la conducta ciudadana, mantenían el orden público, capturaban delincuentes perseguidos por la justicia penal, controlaban el contrabando de productos y fabricación ilegal de licores, protegiendo diariamente los poblados y caseríos en todo el país. Después, en el siglo recién pasado, surgieron otros cuerpos auxiliares como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía de Aduanas. Todo ese control se disolvió con el acuartelamiento militar y la acelerada extinción de esos cuerpos y las comandancias locales, creándose la nueva Policía Nacional Civil (PNC), que supuestamente sería de carácter comunitario, pero las ideologías extremistas nunca entendieron que un buen ejemplo para la PNC pudo haber sido la Guardia Nacional, que en realidad fue una eficaz policía comunitaria desde 1912. Ahora urge readecuar el rol policial, para ejercer un permanente e íntegro control territorial y no solo “operativos relámpago”, como ahora.

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A pesar de las restricciones impuestas a la Fuerza Armada con los Acuerdos de Paz, continúa su principal misión como es la defensa del Estado, por lo que, ante el accionar de grupos ilegales organizados, cuyo poder desafía las leyes y normas de convivencia pacífica, puede ser llamada, excepcionalmente, para mantener la paz interna, además podrá coadyuvar en obras de beneficio público y auxiliar a la población en casos de desastre nacional. Por eso, dentro de una política de prevención delincuencial, relacionada al control territorial, fuerte, seguro y permanente, el Ejército podría ser considerado en estas apreciaciones, que confiamos se implementen a futuro.




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