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Economía

Corrupción deja sin salud y alimentación escolar a 1.2 millones de niños

Maryelos Cea

miércoles 27, septiembre 2017 - 12:03 am

Una veintena de casos de corrupción ocurridos entre 1989 y 2014 generaron $550.9 millones en pérdidas para El Salvador, cifra que habría permitido financiar, entre otros beneficios sociales, la alimentación y salud escolar de 1.2 millones de niños, indicó ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

El tanque de pensamiento lanzó ayer el libro “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”.

Carlos Melgar, autor principal del documento e investigador del área de Acción Política del Icefi, explicó que a partir de entrevistas realizadas a 13 actores clave, el Instituto construyó una lista con los 22 casos de corrupción más relevantes ocurridos entre 1989 y 2014.

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La lista incluye incidentes como plazas fantasmas en instituciones públicas, desvío de fondos de la partida secreta presidencial y anomalías en obras públicas como el bulevar Diego de Holguín (hoy bulevar Monseñor Romero) y la presa hidroeléctrica El Chaparral, así como irregularidades en compras y contrataciones en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), entre otros.

Los casos están documentados por la Fiscalía General de la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y por los medios de comunicación.


Para cada uno de ellos se estimaron las pérdidas ocasionadas en su momento y se actualizaron a precios de 2015. De esta manera, concluyeron que  estos 22 casos provocaron la pérdida de $550.9 millones en El Salvador y el 83 % de ese monto está relacionado al desvío de fondos de la partida secreta presidencial y a la ejecución de obras públicas, indicó el Icefi.

 

Las implicaciones

Las pérdidas equivalen al 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB) salvadoreño de 2015 y además pudieron haber financiado el 94 % del presupuesto de salud o el 60 % de la asignación para educación de ese año, destacó el Icefi.

Además, equivalen a 6.6 veces el presupuesto de la FGR y 1.25 veces el presupuesto de Justicia y Seguridad Pública.

Melgar destacó que la corrupción guarda una estrecha relación con las finanzas públicas del Triángulo Norte porque, en ocasiones, los acuerdos fiscales que se pactan en estos países no logran su cometido por este flagelo. “Se recaudan más recursos y éstos no logran alcanzar la finalidad por la corrupción, por eso es importante esta relación entre corrupción y política fiscal”, indicó.

El impacto de la corrupción en las arcas del Estado se traduce a una menor producción de bienes y servicios públicos para el bienestar de la población.

En ese sentido, los 22 casos identificados han generado un impacto social considerable en El Salvador: debido a esos $550.9 millones  perdidos, 1.2 millones de estudiantes no tuvieron acceso a alimentación y salud escolar.

Además, un millón de niños se quedó fuera del programa Vaso de Leche y 1.3 millones sin paquete escolar. Además, 40,000 personas no pudieron alfabetizarse y tener acceso a becas de educación media y técnica superior.

Ricardo Castaneda, coordinador de país para El Salvador del Icefi, afirmó que para avanzar en una agenda de desarrollo los países deben reconocer los caminos que conducen a la corrupción.

“Las causas de la corrupción son estructurales y se requiere del compromiso y apoyo de todos los sectores. Con la corrupción perdemos todos”, indicó.

Las pérdidas sociales no se limitan a educación, pues 477,000 mujeres no tuvieron acceso a servicios de salud y atención a violencia de género, mientras 366,000 niños no recibieron atención de emergencia pediátrica, así como 146,000 derechohabientes se quedaron sin acceso a atención médica y más de 500,000 vacunas no se aplicaron.

El Icefi también estimó que 132,000 personas no tuvieron acceso a caminos rurales y 23,000 a asistencia técnica en seguridad alimentaria.




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